El Ayuntamiento de Chiclana se ha hecho eco de dos nuevas actuaciones contra la construcción ilegal en el extrarradio (donde durante años se han ido levantando más de 15.000 casas ilegales). En concreto, se han advertido parcelaciones sin la correspondiente licencia urbanística en el Pago Melilla, una en la Colada de Fuente Amarga (frente al Bar Patita) y otra en el Camino del Chaparral.
En cuanto a la parcela ubicada en la Colada de Fuente Amarga, cuenta con una superficie de 41.000 metros cuadrados, que jurídicamente se ha dividido en 63 parcelas pro indivisos de unos 400 m2, de las cuales 21 ya cuentan con escrituras públicas.
“Estamos hablando de la parcelación jurídica, puesto que no hay actualmente nada construido en el terreno, ni siquiera la división de las parcelas”, ha apuntado el concejal de Urbanismo, Rodolfo Pérez.
Por otro lado, en relación a la parcela del Camino del Chaparral, suma una superficie total de 14.898 m2, que se ha dividido en 28 parcelas de unos 500 m2 con escrituras públicas, de las que siete ya están inscritas en el Registro de la Propiedad.
A diferencia de la parcela anterior, aquí ya se han producido obras divisorias de las parcelas, “por lo que hemos procedido a iniciar el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística”, se precisa en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“EN SUELO RÚSTICO NO SE PUEDE PARCELAR”
Este edil del PSOE, como en actuaciones anteriores, subraya que “estamos informando de qué es lo que ocurre e incidiendo en que en suelo rústico no se puede parcelar. Para ello, se necesita una licencia municipal, cuestión que no sucede en ninguno de estos dos casos”.
“En este tipo de suelos se pueden plantar viñas o árboles, pero no se puede parcelar, ni vallar ni edificar. Solo se puede hacer en suelo urbano, donde lo dice Urbanismo, no donde dice el Catastro ni el Registro de la Propiedad”, remarca Pérez.
En este sentido, desde el Consistorio se recomienda a la ciudadanía “que no se deje engañar”. Al tiempo que se llama la atención a todos los intervinientes en el proceso, es decir, propietarios iniciales, compradores, inmobiliarias, profesionales liberales, entidades financieras y funcionarios públicos: “desde el punto de vista urbanístico se está incumpliendo la legalidad”.
“La Justicia es lenta, pero inexorable. Que nadie venga dentro de diez años diciendo ‘pobrecito de mí, qué es lo que me ha ocurrido’. Por eso, pedimos a todos los participantes en el proceso que se informen de lo qué puede ocurrir”, ha sentenciado el edil de Urbanismo.
