La Guardia Civil ha investigado a cuatro empresarios de Chiclana como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores y se ha elevado informe por infracción a la normativa en materia de riesgos laborales y licencia de obras. Tras sufrir un accidente laboral, supuestamente los investigados despojaron al trabajador de la ropa de la empresa y le pusieron ropa de calle antes de llevarlo a ser atendido.
La investigación se inició a finales del mes de enero, cuando en el equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Chiclana recibió requerimiento del el Juzgado Mixto número 4 de los de la ciudad, al objeto de que se iniciara una investigación en colaboración con Inspección de Trabajo con motivo de un posible accidente laboral ocurrido el día 17 de julio de 2018 en las instalaciones de una empresa dedicada al montaje e instalación de elementos de decoración, en distintas ferias y eventos del territorio nacional; hechos cuyo desenlace se cobró la vida de una persona de 42 años de edad.
Los guardias civiles se pusieron a la tarea para comprobar unos hechos denunciados a finales del mes de octubre de 2018 ante la Inspección de Trabajo por parte de los familiares.
Según se relata a DIARIO Bahía de Cádiz en un comunicado, las investigaciones incluyeron la toma de testifícales, visitas e inspecciones en la empresa implicada, así como una detallada inspección técnico ocular, “viéndose dificultada la investigación por el tiempo que había pasado desde que sucediera el accidente”.
Las primeras actuaciones derivaron en nuevas propuestas de sanción ante la Gerencia de Urbanismo y ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, “habida cuenta del desprecio que los responsables de la empresa demostraban en cuanto a la normativa vigente en materia de urbanismo y riesgos laborales”, se apunta.
¿QUÉ PASÓ?
La Guardia Civil ha determinado que el día en que se produjo el accidente, un trabajador quedó atrapado en el mecanismo elevador de la carga de un vehículo ‘fenwich’, siendo trasladado en un vehículo particular, aún con vida, al Centro de Especialidades de la Longuera. Pero antes de dicho traslado del herido, el administrador de la empresa junto con otro trabajador, le despojaron de la ropa de trabajo, la cual llevaba inscrito el anagrama de la misma, “al objeto de no despertar sospechas y así evitar responsabilidades”.
Cuando llegaron al centro de salud, la información que se dio a los facultativos que lo atendieron de urgencia, era que había sufrido una caída fortuita, manteniéndose esta versión en su traslado al Hospital de Puerto Real, “donde falleció instantes después, certificándose una muerte accidental”.
La investigación policial ha permitido conocer que el fallecimiento del trabajador se debió a una nula formación en el manejo de la maquinaria que se estaba utilizando, así como una carencia absoluta de prendas de protección personal, planes de seguridad o planes de evacuación y mostrando un desprecio manifiesto en materia de prevención en riesgos laborales, así como ausencia de afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores, incluido el fallecido; todas estas circunstancias se habían mantenido en el tiempo, llegando a ser constatadas por los propios guardias civiles, cuando se personaron en diversas ocasiones en la sede de la empresa para realizar la reconstrucción de los hechos.
Por todos estos motivos, se ha procedido a la puesta a disposición judicial de los cuatro responsables de la empresa chiclanera, como presuntos autores de los delitos de homicidio imprudente y contra los derechos de los trabajadores, elevando los informes correspondientes ante los organismos competentes sancionadores por las irregularidades administrativas detectadas.
Además, tras la conclusión de la investigación, los familiares del trabajador fallecido han podido regularizar las pensiones que legalmente les correspondían como consecuencia de muerte por accidente laboral. Y es que la situación económica en la que quedaron la compañera así como sus dos hijos resultó en un primer momento bastante precaria, pues al decretarse una muerte por contingencias comunes, las pensiones de orfandad y viudedad resultantes “les dejaban prácticamente en la indigencia”.
