Las concejalas de Urbanismo y de Diseminado del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González y Cándida Verdier, respectivamente, han valorado el anuncio de modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que se está tramitando en el Parlamento andaluz y que posibilitará que las viviendas situadas en suelo urbano no consolidado puedan obtener los servicios mínimos de luz, agua y alcantarillado de forma provisional durante un periodo de dos años, mientras se lleva a cabo el proceso de regularización de estas casas ilegales.
“Esta modificación posibilitará ampliar los suelos que pueden acceder, de forma provisional, a los servicios básicos. Hasta ahora la disposición transitoria cuarta de la LOUA hacía referencia a los suelos no urbanizables, pero ahora se le añade un punto que abarca los suelos que cuentan con una ordenación pormenorizada detallada y que han sido aprobados definitivamente”, aclara González.
En el caso de Chiclana, se señala que esta modificación de la LOUA se refiere a los suelos urbanos no consolidados que se han incorporado al planeamiento: “eso sí, deben ser viviendas habituales, para lo cual aún tenemos que estudiar cómo se llevará a cabo la justificación de vivienda habitual”, ha comentado la responsable del área.
Por su parte, la edil de Diseminado ha destacado que “debemos de dar la bienvenida a esta modificación de la LOUA porque se trata de una herramienta más de acompañamiento a la ordenanza que estamos a punto de concluir”.
“Así, por primera vez hay un acuerdo unánime de todos los grupos políticos del Parlamento para las viviendas sin licencia, puesto que hasta ahora el PSOE no iba acompañado por el resto. Afortunadamente, todos los grupos políticos se están dando cuenta de la realidad urbanística de Andalucía”, ha señalado Verdier en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo, “se establece un mecanismo transitorio en el que se plantean soluciones coordinadas para minimizar el impacto ambiental y ejecutar las infraestructuras indispensables para el acceso provisional a los servicios básicos para este tipo de viviendas”, ha apuntado esta edil socialista.
“Se trata de un procedimiento que va a tener una lectura rápida, puesto que existe la voluntad de todos los grupos políticos del Parlamento de que salga adelante. De esta forma, esperemos que pueda ser aprobado a lo largo del mes de abril, con el objetivo de que en el menor tiempo posible se pueda solucionar el problema existente en el diseminado de Andalucía”, ha insistido.
Y en paralelo, grupos ecologistas y Podemos han vuelto a alertar estos días de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente, aprobado a finales de 2016 y del que depende la futura ordenanza de regularización, podría acabar una vez más tumbado por los tribunales. Y se basan ahora en que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de anular el Plan General de Jaén, fallando sobre dos cuestiones que se repiten en el plan urbanístico chiclanero: la ausencia del documento de la Evaluación Ambiental Estratégica, y el crecimiento poblacional desproporcionado.
