La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana ha explicado la situación en la que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana, así como los pasos a seguir, de cara a su aprobación definitiva antes de un año, plazo de la prórroga de las Normas Sustantivas. “Tras habernos reunido con colectivos y técnicos, existe una serie de tema claves que entendemos tenemos que modificar para la viabilidad del PGOU”, defiende. Entre ellos se resalta la revisión de los expedientes de reclamación patrimonial, que ascienden a unos 112 millones de euros.
La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Ana González, ha explicado la situación en la que se encuentra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), así como los pasos a seguir en los próximos meses, de cara a su aprobación definitiva antes de un año, plazo de la prórroga de suspensión de las Normas Subsidiarias de 1987 y vigencia de las Normas Sustantivas.
González ha señalado que “tras habernos reunido con colectivos y técnicos en numerosas ocasiones, existe una serie de tema claves que entendemos tenemos que modificar para la viabilidad del PGOU”. En este sentido, resalta la revisión de los expedientes de reclamación patrimonial, que ascienden a un valor de 112 millones de euros aproximadamente. “Este asunto nos parece primordial y decisorio, dada la envergadura del montante que representa y que, por sí solo, justificaría una revisión del documento”. Entre otras, hay reclamaciones patrimoniales como consecuencia de la no incursión en el Plan General actualmente en trámite de aspectos que sí aparecían en el anterior anulado por la Justicia.
“Como no podía ser de otra manera, se va a producir un diálogo con los distintos propietarios para buscar soluciones a estos asuntos”, ha manifestado la ahora responsable del área, quien ha aclarado que, “sin embargo, hay ocho modificaciones más que entendemos necesarias en el documento del Plan aprobado provisionalmente”.
De esta forma, destacan la no viabilidad de los planes parciales; la reducción del suelo urbanizable no consolidado y del suelo urbanizable no sectorizado; la reconversión de los suelos inundables; la reducción de los suelos dotacionales; la ampliación de los suelos industriales para grandes superficies, que estarían amparados por las Inversiones Territoriales Integradas (ITI, la llegada de fondos europeos); la protección de las vías pecuarias; y la potenciación del núcleo urbano “que debe consolidarse en torno a la ciudad consolidada”.
Estas modificaciones, se remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, necesitarían de una nueva aprobación provisional del documento del PGOU y el correspondiente proceso de exposición pública.
“El procedimiento a seguir incluye una serie de hitos, entre ellos, el estudio de las alegaciones que han dado lugar a los expedientes de reclamación patrimonial y que se llevará a cabo hasta finales de septiembre”, ha explicado González, quien ha añadido que “las modificaciones anteriormente mencionadas serán incluidas por el equipo redactor en torno a diciembre del presente año”. Simultáneamente, se llevará a cabo la exposición pública y se solicitará los informes sectoriales preceptivos para la aprobación del documento, luego habrá una fase de alegaciones y, por último, se formará un expediente completo que se enviará a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al consejo Andaluz para su aprobación definitiva, una vez publicado en los boletines oficiales.
EN MENOS DE UN AÑO…
Así, tras las correspondientes consultas con el equipo redactor, el PSOE ahora en el Ejecutivo calcula que el plazo previsto para la aprobación definitiva del documento sería de menos de un año, es decir, antes de la finalización de la prórroga de las Normas Sustantivas.
“En la tramitación del nuevo documento se va a favorecer la participación ciudadana, antes, durante y después, de tal forma que ya hemos mantenido reuniones con numerosos colectivos para conocer los déficits que ellos entendían. Durante la elaboración del documento, se mantendrán reuniones con técnicos de la Junta, el Ayuntamiento y el equipo redactor, así como con particulares. Y posteriormente, según el artículo 6 de la LOUA, se abrirá el plazo para reclamaciones, observaciones y propuestas en el periodo de información pública”, ha explicado.
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