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Decreto municipal de demolición de viviendas de Pago Machete

· Firmado por ·
30 de abril de 2015
/tiempo de lectura: 3 minutos/
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CARTA AL DIRECTOR enviada por: AVV Pago Machete, de El Puerto

 

Somos un grupo de ciudadanos que compramos parcelas en Pago Machete, casi todos antes del 2003. Por aquel entonces había puesta en el mercado de abastos una exposición sobre el nuevo plan de ordenamiento urbano de El Puerto. En ese documento, estos terrenos estaban considerados como rústicos, así que sobre ellos no había ninguna protección especial y, como tantos en aquellas fechas, empezamos a hacer nuestras vallas y  pequeñas casas (todos somos gente trabajadora que compramos e hicimos nuestras edificaciones con mucho trabajo y esfuerzo, no somos potentados ni personas que compramos aquellos terrenos para comerciar, sino que muchos de nosotros lo hicimos para poder hacernos allí un sitio para vivir, viendo el alto coste de las viviendas por entonces).

Nadie paró ninguna de nuestras obras, la policía nacional y la guardia civil pasan por allí a diario y nunca nos dijeron nada. Cuando empezó la revisión del PGOU en el 2009, nos enteramos que nuestras parcelas estaban dentro del llamado Corredor Verde según el plan de ordenación urbana de la Bahía de Cádiz, hecho por la Junta de Andalucía a finales del 2004 y del cual no tuvimos noticia hasta entonces, ya que ninguno de nosotros somos abogados ni estamos enterados de las últimas leyes urbanísticas. A partir de entonces empezó nuestra lucha.

En diversos plenos municipales se comprometió el Ayuntamiento, que ya entonces estaba en manos del PP, a regularizar de la mejor manera posible, nuestra situación y a instar a la Junta  de Andalucía a que nos sacara de ese Corredor que, artificialmente, alguien había trazado con una regla sentado en un despacho y no viendo sobre el terreno cuáles eran las verdaderas zonas verdes del Puerto  de Santa María. En varias publicaciones se hicieron todo tipo de adhesiones a nuestra causa por parte del Consistorio (cosa fácilmente demostrable tirando de hemeroteca).

 

Ahora la Junta está revisando este plan, y, según la última modificación, se nos saca de ese Corredor. Probablemente esta modificación se podría aprobar a finales de este año. Cuando nos parece estar saliendo de todo este lío de políticos, es cuando nos llama la policía judicial para informarnos que en el 2008, Ecologistas en Acción presentó una denuncia contra los representantes del Ayuntamiento por no actuar ante las construcciones que estábamos haciendo en nuestros terrenos y que teníamos que presentarnos en su sede para declarar. A los pocos días cada uno de nosotros recibimos en nuestra carta una notificación de decreto del Ayuntamiento en la que se nos obligaba a restituir la situación anterior a 2004 en nuestras parcelas y diciéndonos que, si esto no se hacía, había un plazo para la demolición de 15 días. En el decreto se decía que el Ayuntamiento nos había abierto expediente en 2011 y hasta ahora no se nos ha comunicado nada (parece que en cuatro años no han tenido tiempo de informarnos, y ahora nos dan un plazo para la demolición. Ahora que el juez ha puesto en marcha la denuncia y se quieren cubrir las espaldas, y todo ello muy calladito, porque estamos en periodo electoral municipal).

Todos sabemos que los políticos apenas cumplen sus promesas, eso nos queda muy claro después de ver las adhesiones que hemos tenido por su parte y el actual decreto. Queríamos pensar que ellos actúan guiados por el deseo de ayudar a sus ciudadanos y no de machacarlos, como quieren hacer con este grupo de familias trabajadoras, algunas viven allí incluso sin luz ni agua corriente porque no tienen otro sitio a donde ir. Somos un grupo de personas que con mucho esfuerzo construimos unas pequeñas casitas, allí no hay grandes chalets de lujo como en otros sitios que nosotros conocemos en El Puerto y que han construido junto a pinares y sobre los que no pesa ninguna orden de demolición.

Por todo ello pedimos que esta situación sea conocida por todos los ciudadanos del Puerto, que sepan cómo actúan nuestros políticos y que éstos se posicionen ante esta situación. Queremos que se tome conciencia de esta situación, que se vea que nuestras vallas y pequeñas edificaciones se hicieron, casi todas, antes del 2004 y por tanto han prescrito todas las actuaciones judiciales. Nosotros acataremos lo que diga la justicia, pero no lo que digan los políticos que mandan en nuestro Ayuntamiento y que son los que han firmado este decreto para protegerse judicialmente.

Que acabe ya ese juego que tienen con los propietarios de parcelas y que se nos permita seguir con lo nuestro, sin tener que arruinar a nuestras familias y acabar con las esperanzas que allí tenemos puestas. DIARIO Bahía de Cádiz

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