CARTA AL DIRECTOR enviada por: Ángel, de El Puerto
La sociedad española actual no es la de 1978. En aquel entonces se resolvió el problema político y social con el actual modelo de estado autonómico para contentar a todas las tendencias políticas y sociales de la época. Sin embargo en la sociedad actual cada vez es más intenso el clamor existente en muchos sectores de la población para su revisión y adaptación a las exigencias de los nuevos tiempos, porque las tensiones subyacentes entre los partidarios de una mayor autonomía e independencia y sus contrarios se han ido poniendo de manifiesto cada vez con mayor frecuencia e intensidad a lo largo de todo este tiempo. Estamos planteando que es necesario hacer una revisión del apartado referente a la organización política y administrativa del Estado de las Autonomías, porque ha sido y seguirá siendo el origen de graves problemas de estabilidad y de convivencia entre los españoles.
Desde su instauración en 1978 ha habido propuestas de reforma de la Constitución, tanto por parte de los representantes de los principales partidos políticos como por los medios de comunicación, llegando a ser mínimamente reformada en dos ocasiones, en 1992 y en el 2011, siguiendo el procedimiento ordinario. Con motivo del proceso soberanista catalán, volvió a coger fuerza la idea de llevar a cabo una reforma constitucional en profundidad, que tratase temas como la autodeterminación, la plurinacionalidad o la constitución de un Estado plenamente federal, creándose una Comisión Parlamentaria para el estudio del modelo territorial y posterior reforma de la Constitución, siempre en la línea de una mayor autonomía del País Vasco y Cataluña. Y siempre en la línea de satisfacer el afán insaciable de los independentistas a cambio de apoyos parlamentarios, como si la única reforma posible tuviera que ir irrevocablemente en la línea de la separación e independencia de las regiones.
Pero, ¿por qué hoy la clase política, en un tema de transcendental importancia como es la reforma del Estado de las Autonomías, prefiere permanecer distraída con otras cuestiones? Su fracaso se ha convertido en un tabú político que se mantiene más allá de lo necesario y conveniente por parte de los partidos mayoritarios, beneficiarios del sistema y los únicos que pueden plantear su modificación, según el artículo 166 de la Constitución. Existe desde hace tiempo esta Comisión Constitucional, pero ya se sabe que cuando se quiere que nada cambie se crea una Comisión o una Subcomisión dentro de la Comisión, como la creada en marzo de 2017 para estudiar la reforma de la actual Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg), que castiga singularmente a partidos como Podemos y Ciudadanos. No es la primera legislatura que se abre esta Comisión Constitucional y, de momento, ha tenido el mismo éxito que en años anteriores: ninguno. Sin convocatorias previstas de momento para este 2018, a lo largo de 2017 apenas se han tramitado cinco comparecencias de diversos cargos e invitados.
Actualmente, casi nadie pone en duda el fracaso del Estado de las Autonomías. Es evidente que a lo largo de todo el tiempo de su existencia ha generado más problemas que beneficios, más críticas que alabanzas, convirtiéndose en uno de los principales problemas de España, si no el principal y una de las mayores preocupaciones de los españoles junto con la clase política, según datos recogidos año tras año por el barómetro del CIS.
Todos los problemas se han multiplicado por 17. Se ha potenciado la desigualdad entre personas y territorios. Se ha incrementado el número de diputados y senadores, consejerías, funcionarios y asesores con enfrentamientos permanentes de las regiones entre sí y con el estado central. Se han creado redes clientelares que han sido caldo de cultivo de los mayores escándalos políticos de nuestra historia (Ere, Pujol, Púnica, Gurtel…).
España no puede permitirse mantener a 77.000 cargos públicos con asesores diversos, los cuales tienen emolumentos que superan en muchos casos los 6.000 euros mensuales. El coste de las televisiones autonómicas es otro agujero por el que se escapan 2.000 millones de euros, sin contar las delegaciones o verdaderas embajadas en el extranjero con que cuentan algunas comunidades. Y lo más grave es que desde esta estructura autonómica las exigencias de autonomía no tienen límite porque el objetivo en algunos casos ha sido y sigue siendo la independencia y la destrucción de España y el enfrentamiento entre los españoles.
Llegados a este punto y, ejercitando el llamado pensamiento divergente y creativo, contrario al pensamiento único y convergente, que es el que suele prevalecer en la persona adulta cuando busca soluciones a un problema, bueno sería hacer sobre esta cuestión un ejercicio de “torbellino de ideas” para aportar el mayor número de propuestas posibles, dejando libre la imaginación y sin crítica interna o externa de las mismas. Lo siguiente sería analizar con espíritu crítico las más apropiadas y seleccionar una. Es el ejercicio mental que proponemos, conscientes de la dificultad que tenemos los adultos para proponer ideas originales y creativas, condicionados por el pensamiento único de lo políticamente correcto y la actitud crítica que suele prevalecer sobre la actitud creativa.
Con esta actitud y considerando los antecedentes históricos sobre la problemática del constitucionalismo español anterior a 1978, habría que recordar que nuestra historia del constitucionalismo se remonta a 1808 con el Estatuto de Bayona. Desde entonces, entre Constituciones, Estatutos Reales, Proyectos y Leyes fundamentales, hemos tenido 13 proyectos de normas magnas que surgieron para resolver las tensiones sociales y políticas de cada época. Nos llama la atención a este respecto la existencia de dos modelos de organización territorial, el de 1812 y el de 1978. En el de 1812 se integraba el Estado en comarcas y provincias con cierta descentralización de carácter administrativo y político a través de Diputaciones y Ayuntamientos. Y el de 1978 que, recogiendo las incipientes exigencias de comunidades autonómicas de la Constitución de 1931, establece una organización territorial basada en la autonomía de municipios provincias y comunidades autónomas, tal y como tenemos en la actualidad.
Detrás de un modelo existe una ideología o unos principios subyacentes que, en el caso de nuestra propuesta, siguen siendo los mismos que aparecen en el artículo 1.1 del título preliminar de nuestra Carta Magna que dice: “España se constituye en un estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. A estos impecables valores nos atreveríamos a añadir los valores de unidad, autonomía y simplicidad. Unidad basada en la igualdad frente al insaciable germen separatista. Autonomía centrada en las transferencias a Diputaciones y Ayuntamientos, mucho más cercanos al ciudadano. Y simplicidad, eliminando estructuras duplicadas o innecesarias como el Senado y los Parlamentos Autonómicos. Esta simplificación se propone, aplicando el principio de la parsimonia, según el cual lo que pueda organizarse o explicarse de manera sencilla y directa no debe complicarse con estructuras intermedias complejas, caras, lentas y poco operativas, que más parecen estar en función de los políticos de turno que en función de España y de los españoles.
Sobre estos principios proponemos la sustitución de la autonomía de las regiones por la autonomía de los municipios y provincias a través de sus Diputaciones y Ayuntamientos, concediendo a éstas no sólo la naturaleza administrativa, que ya poseen, sino también la autonomía política, quedando España constituida como un Estado Autonómico de las Provincias, regidas por sus Diputaciones.
Este modelo no es nuevo, como señalábamos anteriormente. Es el modelo de organización territorial de la Constitución de 1812, presente desde entonces y vigente en la Constitución española actual, que recoge la división provincial del Estado, y por tanto el documento que las crea, al establecer que éste «se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan”. Este modelo de autonomía provincial permitiría una relación más directa y próxima entre el ciudadano y sus representantes políticos en el Parlamento Nacional, entre los problemas concretos de la vida diaria y los representantes políticos elegidos para solucionarlos, cuidando las señales diferenciales y de identidad geográfica y cultural de cada Provincia y sus pueblos. Estas señales culturales y de identidad están mucho más enraizadas en la Provincia que en la Región porque, por ejemplo, ¿no es cierto que el andaluz nacido en Conil se siente principalmente de Conil y también de Cádiz, pero bastante alejado del andaluz de Úbeda en la provincia de Jaén? La singularidad de bilbaínos, gerundenses o murcianos lo es mucho más por la localidad provincial donde viven que por la región a la que se les ha asignado.
Sólo desde las ideologías políticas que asuman los valores y principios de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, unidad, autonomía y operatividad se puede aceptar y estudiar la propuesta que presentamos, comenzando a crear un estado de opinión a través de los medios de comunicación y los partidos políticos para emprender las reformas necesarias.
En este contexto las reformas fundamentales que proponemos son:
Sustituir el actual Estado Autonómico de las Regiones por el Estado Autonómico de las Provincias, quedando éste constituido por 50 provincias, más las ciudades de Ceuta y Melilla.
Eliminar el Senado y concentrar toda la actividad parlamentaria en el Congreso, constituido por representantes provinciales en proporción al número de habitantes y extensión geográfica de cada provincia Las Diputaciones Provinciales, lejos de desaparecer, desempeñarían un papel fundamental, llevando a cabo no sólo la gestión administrativa provincial, sino también la gestión política.
En pro de la igualdad entre todas las provincias tendrían que desaparecer los fueros, privilegios y estatutos especiales existentes en la actualidad.
Los servicios fundamentales permanecerían centralizados en el gobierno de la nación, gestionados a través de los ministerios correspondientes a nivel nacional y por sus representantes o delegados provinciales a nivel local. Es decir, las competencias sobre Exteriores, Interior y Defensa, Hacienda, Justicia, Sanidad y Educación, quedarían en manos del gobierno central, mientras que el resto de las competencias pasarían a las Diputaciones Provinciales, bajo el principio de unidad en lo esencial y libertad en la pluralidad geográfica y cultural.
Y puestos a reformar, incluiríamos también la reforma de la actual ley electoral, proponiendo que el voto tenga el mismo valor en cualquier punto de España bajo el principio general de “una persona un voto”. DIARIO Bahía de Cádiz
