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Tres de las familias de Javier de Burgos habrían aceptado una alternativa, aunque el Sindicato de Inquilinas niega que exista un acuerdo cerrado

Con la mediación de Sumar, la Sareb se habría comprometido a que estos vecinos regresarán al inmueble una vez rehabilitado con un contrato de alquiler social. Sin embargo, el Sindicato de Inquilinas desmiente que el conflicto se haya resuelto, y repite que no lo estará hasta que se firme “un compromiso real de realojo”.

Redacción Firmado por Redacción
21 de julio de 2025
/tiempo de lectura: 4 minutos/
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Pancartas denunciando la situación en la finca ruinosa / FOTO: Eulogio García

Pancartas denunciando la situación en la finca ruinosa / FOTO: Eulogio García

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De momento, tres de las cinco familias inquilinas en la problemática finca de la calle Javier de Burgos, en el centro histórico de Cádiz, han aceptado la última propuesta de la propiedad de este edificio semi en ruinas con ratas y cucarachas, “tras la intervención de la diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño”, aseguran desde esta formación izquierdista.

Dicha propietaria del inmueble (la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o más conocido como banco malo, con importante participación del Estado), que hasta que el caso no ha trascendido a la luz pública ha ignorado incluso los requerimientos de Urbanismo, en esta última oferta ha garantizado a los actuales residentes que, una vez rehabilitada la finca, “podrán regresar a sus viviendas con contratos de alquiler social”.

El Sindicato de Inquilinas de Cádiz, que está asesorando a estos residentes, defiende que “necesitan un realojo en la propia ciudad para poder trabajar, estar con sus familias, poder acudir a su centro médico”. Y hasta el momento, la Sareb aseguraba no poder ofrecer casa en la capital por el estado del resto de viviendas de su propiedad.

Sin embargo, ahora desde Sumar se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que de las tres familias que han aceptado la propuesta de la propiedad, dos serán realojadas en la misma Cádiz, donde “se adaptarán los espacios mientras están ya habitando”. La tercera se trasladará a San Fernando.

 

En cuanto a las otras dos familias de Javier de Burgos han rechazado las alternativas habitacionales ofrecidas por la Sareb. Pero “la sociedad seguirá buscando soluciones que se adecuen a estos inquilinos”, precisa Gil de Reboleño, que ha coordinado personalmente las negociaciones entre las familias afectadas, la propiedad y el Gobierno central (de PSOE y Sumar).

“LA PRESIÓN SOCIAL HA JUGADO UN PAPEL FUNDAMENTAL”

“Esto no se resuelve solo con voluntad, sino con gestión y con presión desde lo institucional”, afirma al respecto esta diputada nacional, que no duda en agradecer además el apoyo de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y la ciudadanía movilizada por “su papel en la visibilización del conflicto y el acompañamiento a las familias”.

A decir de Esther Gil de Reboleño, “este avance ha sido posible gracias al impulso conjunto de muchos actores. Los colectivos han jugado un papel fundamental manteniendo viva la presión social, y al mismo tiempo, ha sido clave la voluntad política de la Sareb y de Sumar. Afortunadamente, hoy podemos ofrecer una respuesta concreta y digna a estas familias”.

En paralelo, también afea la “falta de implicación” del Ayuntamiento que “no ha ofrecido alternativas habitacionales o de acompañamiento”. Días atrás, Adelante Izquierda Gaditana denunciaba que lo único que habían planteado desde el Gobierno local del PP era “un bonobús” para la ida y vuelta desde San Fernando.

Desde Sumar, y pese a que todavía quedarían dos familias por reubicar, se celebra que su “mediación institucional” haya logrado un acuerdo “que evita el desalojo forzoso y garantiza el futuro regreso al inmueble en condiciones dignas”.

“NO HAY NADA FIRMADO, SUMAR ENTORPECE LAS NEGOCIACIONES”

Por su lado, el Sindicato de Inquilinas admite “avances importantes” en la negociación, pero niega que exista a día de hoy ningún acuerdo firmado con la Sareb ni garantías concretas de realojo.

“No hay nada firmado, ni ningún acuerdo que ahora mismo garantice el derecho a la vivienda de estas familias. El anuncio hecho público por Sumar entorpece las negociaciones y responde a un intento de proteger a la Sareb, la cual actúa como un fondo buitre más”, aseveran María Sánchez y Clara Lamas, portavoces de este colectivo.

A su vez, Khaoula Ben Kassem, una de las afiliadas de este sindicato y portavoz de la finca en lucha, admite que “no hemos visto nada por escrito. Ni siquiera hemos podido ver las dos viviendas que ahora ofrecen en Cádiz”.

Por todo ello, se deja claro que pese a lo anunciado por la diputada de Sumar, “el conflicto no está cerrado ni lo estará hasta que todas las familias tengan garantizada una vivienda digna, con un compromiso real de realojo en Javier de Burgos 19 y con contratos de alquileres sociales sin cláusulas abusivas, una práctica sistemática de Sareb”.

“La solución real para las familias vendrá de la organización popular y la movilización ciudadana, no de quienes, por acción u omisión, permiten que la crisis de vivienda siga siendo uno de los principales problemas para la población trabajadora”, apostilla el Sindicato de Inquilinas de Cádiz.

IU PROPONE REACTIVAR LA MESA TRIPARTITA

Horas antes del anuncio hecho desde Sumar, uno de sus partidos integrantes, Izquierda Unida, se lanzaba además a reclamar la reunión de la Mesa Tripartita de Vivienda (órgano de coordinación entre el sector público y la sociedad civil) que se creó por parte del anterior equipo de Gobierno gaditano para dirimir los asuntos en materia de vivienda de la ciudad.

En ese sentido, se plantea que la Sareb sea invitada a dicho encuentro (junto al Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y colectivos) para dar cuenta de las actuaciones y los acuerdos que pretende alcanzar con las familias que malviven en Javier de Burgos, así como los plazos con los que tiene previsto actuar.

De la misma manera, “es el espacio idóneo para que la gestora pública informe de las viviendas que tiene en el conjunto de la ciudad y el estado de las mismas, algo que es lamentable que a día de hoy no se conozca”, añaden desde IU.

“No es el momento de echar balones fuera sino se coordinarse entre las administraciones con competencia en la materia, algo que para IU es fundamental dada la responsabilidad de los poderes públicos en la defensa de sus vecinos”, se remarca.

Y se sentencia que del mismo modo que la Sareb debe cumplir con sus deberes urbanísticos y ofrecer una alternativa digna, “Ayuntamiento y Junta deben de cooperar en la búsqueda de alternativas habitacionales que garanticen la seguridad y la dignidad de estas familias, que no deben de seguir viviendo en esas condiciones”.

Tags: CádizIUSindicato de InquilinasSumarvivienda
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