La resistencia de Marisol y Juan Antonio, y la presión promovida por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz han logrado frenar, por segunda vez, el desahucio de este matrimonio en la capital gaditana. El BBVA y su fondo buitre Divarian buscan desde hace meses echarle de su piso de la calle Matrona Modesta Calvo, heredado de la familia, en el que llevan residiendo desde más hace dos décadas.
A finales del pasado noviembre se pudo parar, temporalmente, el desalojo. Sin embargo, tras la negativa del banco a cualquier intento de negociación (se le reclama un alquiler social) y junto a la falta de respuesta institucional, se reactivó el procedimiento judicial por el juzgado, y hace apenas unos días se les comunicó a Juan Antonio y Marisol una nueva orden de desahucio para la mañana de este lunes 19 de enero, y “a menos de una semana, impidiendo incluso una mudanza efectiva con sus enseres de más de 22 años”.
Al respecto, el Sindicato de Inquilinas volvía a llamar “a toda la ciudad” a concentrarse a las puertas de la vivienda para tratar de parar el desahucio, “y evitar otra vulneración más al derecho a una vivienda digna”. Pero horas antes la familia conocía que el BBVA y Divarian habían solicitado la suspensión del desahucio por 30 días, quizá mirando por el daño reputacional a su imagen.
Pese a esta nueva suspensión temporal, el Sindicato de Inquilinas insiste en que la lucha no parará “hasta que Marisol y Juan Antonio se queden en su casa”. “Sólo cuando nos organizamos y nos ponemos delante, los desahucios se paran”, remarca el colectivo a través de sus redes sociales, lamentando que “ni la moratoria ni el decreto antidesahucios del Gobierno central evitan que siga habiendo familias que se queden en la calle”.
“LA JUSTICIA, DEL LADO DE LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA”
Tras la paralización del primer intento de desahucio el pasado 26 de noviembre, la Justicia solicitó nueva documentación a la familia para valorar su vulnerabilidad y estudiar la suspensión indefinida del desalojo ante la falta de una alternativa.
Pero tras un mes de espera y la acreditación de la vulnerabilidad económica, de la pensión de Juan Antonio, de sus enfermedades cardiorrespiratorias, su discapacidad y la ausencia de red de apoyo en Cádiz, “no han sido suficientes para una Justicia que prefiere ponerse del lado de la especulación inmobiliaria”, se denunciaba días atrás en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
¿Y SERVICIOS SOCIALES?
A todo ello se suma el papel de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en este caso. Según el Sindicato de Inquilinas, “sólo se pusieron en contacto con la familia una vez paralizado el primer desahucio gracias a la presión colectiva y la movilización popular”.
Y se ha ofrecido, exclusivamente, adelantarles en la lista de espera de Procasa: “no ha habido ninguna oferta real de realojo inmediato, mediación con la entidad financiera o con los juzgados para lograr que la familia no tenga que abandonar su vivienda”. “La inacción institucional convierte al Ayuntamiento en cómplice necesario del desahucio”, apostillaba el colectivo que está apoyando a la familia afectada.
O COMER O PAGAR LA HIPOTECA COMPLETA
En 2002, este matrimonio contrajo una hipoteca con el BBVA que, por culpa de un accidente laboral en el sector de la construcción en 2013 y una pensión muy baja, “se vio obligada a empezar a abonar en parte. Tenía dos opciones: o comer o pagar la hipoteca completa”, se explicaba meses atrás. Desde esa fecha “y a pesar de los intentos de negociación”, el banco decidió no recoger la parte que se iba pagando, canceló la letra, y les demandó en 2016.
Pero la historia da una vuelta de tuerca más. Como esta entidad bancaria no podía expulsar a la familia de su hogar, en 2018 traspasó la vivienda a su gestora de activos tóxicos, Divarian, un fondo de inversión propiedad de Cerberus (estadounidense) y del propio BBVA.
Pese a todo, Marisol y Juan Antonio se han organizado con el Sindicato de Inquilinas y han tomado la determinación de tratar de “quedarse en su barrio, en su casa, en Cádiz, y luchar hasta conseguir un alquiler digno en su hogar”.
