Ante el anuncio de movilizaciones por parte de los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio en Cádiz, CCOO y UGT han coincidido en exigir al Gobierno local de Bruno García que, como reclama la plantilla (y los partidos de la oposición PSOE y Adelante Izquierda Gaditana), ponga fin a la gestión privada de “un recurso tan esencial para la ciudadanía”.
Este servicio público está explotado desde el pasado agosto por Óbolo (por más de 9 millones de euros anuales frente a los menos de 4 millones que suponía el anterior), y desde el primer mes se están denunciando incumplimientos de acuerdos laborales por parte de esta empresa, cuyo historial problemático era archiconocido antes de la adjudicación del contrato. Es más, incluso ya ha amenazado con abandonar la concesión.
“Basta ya de convertir la atención a nuestros mayores y personas dependientes en un negocio para unas pocas empresas. Lo que está en juego es la dignidad de quienes reciben el servicio y de quienes lo prestan”, remarcan UGT y CCOO; que evidencian que las empresas que asumen este tipo de servicio “priorizan el beneficio económico sobre la atención, generando precariedad laboral y una merma en la calidad asistencial”.
En el mismo sentido, en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz se recuerda que la ayuda a domicilio (cuya gestión es competencia propia de las entidades locales, principalmente sostenida con financiación de la Junta de Andalucía) “constituye un pilar esencial en el sistema de atención a la dependencia” y que “debe gestionarse con criterios de responsabilidad social, transparencia y vocación de servicio público”.
“No podemos permitir que un servicio tan sensible y necesario esté condicionado por intereses empresariales”, se defiende, frente a negocios privados que “solo buscan beneficio económico, recortando costes a costa de la calidad asistencial y de los derechos de las trabajadoras. Precarizan las condiciones laborales, aumentan la carga de trabajo y ponen el beneficio por delante del cuidado. No lo vamos a permitir”.
“LA DEPENDENCIA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO”
Ante esta situación, ambas organizaciones sindicales reclaman la “municipalización inmediata” del servicio de ayuda a domicilio en Cádiz (como han llevado a cabo en los últimos años ayuntamientos vecinos como San Fernando y Puerto Real), que permitiría: ofrecer un servicio público “de calidad, cercano y adaptado a las personas usuarias”; poner fin “a la precariedad y garantizar estabilidad y derechos laborales a la plantilla”; y asegurar “que cada euro invertido revierta en el servicio y no en beneficios privados”.
De este modo, CCOO y UGT instan al equipo de Gobierno del PP a abrir un proceso de diálogo “que siente las bases de la gestión pública del servicio”, al tiempo que se comprometen a movilizarse junto a la plantilla y a la ciudadanía “si no se atiende esta reivindicación”.
“Si el Ayuntamiento quiere estar del lado de la gente, debe gestionar directamente el servicio de ayuda a domicilio. No hay excusas. La dependencia es un derecho, no un negocio”, sentencian ambos sindicatos. Y avanzan que intensificarán la presión sindical y social “si no se abre de inmediato” ese proceso para la municipalización del servicio.
