La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz (AECCA), tras reunión mantenida con asociados de la capital titulares de chiringuitos en la playa, ha querido mostrar su “indignación” ante la actual posición del Ayuntamiento. Y amenaza con el inicio de “todas las medidas a nuestro alcance” contra el Consistorio “con el objetivo de recuperar la estabilidad de nuestras empresas”.
Estos empresarios se quejan de que la administración local “insiste en no reconocer la transmisión realizada como vía para la adaptación de las instalaciones a los nuevos parámetros de ocupación y permanencia que permite el reglamento de Costas actual”. Hecho este que “se ha dado ya en otras poblaciones costeras de la provincia, con el consiguiente beneficio en la lucha contra la estacionalidad del turismo, la estabilidad laboral en el sector, así como la seguridad jurídica y económica de los empresarios”, se sostiene.
En este sentido, emplazan a la administración local, “de manera urgente”, a que “cumpla con los compromisos adquiridos con el sector”. “Tras la larga tramitación con los consiguientes gastos en proyectos técnicos, informes, certificaciones, las expectativas generadas a empresarios y plantilla, las inversiones hechas tras los desastres del temporal Emma y la preparación de las instalaciones para su permanencia, a los empresarios se nos ha agotado la paciencia”, se subraya en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
De hecho, este mismo miércoles, el alcalde, José María González ‘Kichi’, ha reiterado que lo que firmó en su día fue un decreto de Alcaldía por el que se incoaba el expediente de transmisión de la propiedad de los chiringuitos y se le pedía a la Junta de Andalucía información sobre cómo debía ser el procedimiento a seguir. Una vez evaluado el procedimiento indicado por la administración andaluza y las posibles consecuencias de su aplicación, es decir, “explorada esa vía, vimos que no era de interés público municipal hacer la transmisión efectiva” y, por tanto, “la transmisión no se efectúa”. “Al no efectuarse la transmisión, las cosas se quedan exactamente igual que estaban”, ha remarcado.
Al respecto, el primer edil de Por Cádiz sí se puede ha apuntado, mirando a los concejales de Ciudadanos, que “intentar hacer de eso un tema jurídico, y si me apuran un tema penal, es de querer muy poco a Cádiz y de tener muy poca idea de leyes”. Y ha repetido que “no hay malversación ni ningún otro problema de índole jurídica”. Lo que hay es “un desencuentro de carácter administrativo” entre el Ayuntamiento y la Junta, una cuestión que forma parte de “lo cotidiano entre administraciones”. Y afirma encontrarse “muy tranquilo porque los chiringuitos pagan su canon, lo siguen pagando, y ay de quien no lo pague”. Por tanto, “no hay malversación”.
“ESTÁN TORPEDEANDO UN PROCEDIMIENTO IMPULSADO POR ELLOS MISMOS”
Por su parte, la AECCA entiende que desde el Ayuntamiento “se está torpedeando un procedimiento impulsado por ellos mismos, donde se exigió a los empresarios toda la colaboración posible”. Junto con la administración andaluza se estuvo cumplimentando las numerosas exigencias técnicas y jurídicas, “hasta la resolución final que, ahora, resulta que no es reconocida por el Consistorio”.
Este malestar, se insiste, “está generando un perjuicio y una incertidumbre que obliga a los empresarios a tomar medidas extremas”. Y se defiende que la actitud del equipo de Gobierno “con respecto a un colectivo que genera empleo y riqueza, ha sido desleal y arbitraria durante este tiempo”.
Se llega a esta conclusión “tras no reconocer la transmisión impulsada por ellos mismos; abriendo expedientes sancionadores por la colocación de las terrazas, porque decidieron cambiar el criterio técnico habitual de cada temporada para la legalización de estos espacios”. Y “por utilizar un criterio para los empresarios locales distinto al que esgrimen para autorizar, sin embargo, a otras instalaciones (como Cádiz Arena, que acogió diversas competiciones deportivas en la misma playa durante el verano) que son considerandos como ocupaciones que no contravienen el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)”.
“HARTOS”
“Se ha dejado de tener confianza en el Ayuntamiento de Cádiz, hartos de que nos den el visto bueno para instalar terrazas y luego recibir denuncias por ello. Hartos –se añade- de que se nos diga que podemos consolidar nuestras plantillas porque se va a reconocer la permanencia, para luego argumentar que lo válido es el pliego del Gobierno anterior, que no permitía la presencia de chiringuitos a partir de octubre”. Un pliego con esas condiciones que estos empresarios parecen olvidar que conocían y aceptaron al presentarse al concurso público de concesión.
En definitiva, la Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, siempre apelando al empleo generado por estos chiringuitos, exigen al Ayuntamiento “que defina, de una vez, qué quieren para los usuarios de las playas. Que decidan el modelo que quieren tener, si con servicios y generadora de empleo durante todo el año o solo en época estival. Si lo que quieren son instalaciones adaptadas al nuevo reglamento de Costas (como en Chiclana, El Puerto, Tarifa…), que permiten mayor superficie de terrazas y, por ende, mejor servicio y mayor empleo o si lo que quieren son instalaciones incómodas de las que otras poblaciones está huyendo”.
“Consideramos que se ha jugado con nosotros, así como con los trabajadores y sus familias. Se han limitado nuestros derechos, se ha creado una inseguridad jurídica y han generado una incertidumbre perjudicial para cualquier actividad económica”, Para estos empresarios, “son motivos más que suficientes para, lamentándolo mucho, iniciar todas las medidas administrativas y judiciales con el objeto de aclarar esta insoportable situación y que sus responsables asuman las consecuencias oportunas”.
