Entre finales de 2022 y principios de 2023 se iniciaba en pleno casco histórico de Cádiz una actuación largamente esperada: los trabajos para la construcción de viviendas en el número 11 de la calle Santiago, un proyecto pendiente desde la expropiación de la finca en 2007. Demasiados años después, este miércoles de principios de septiembre de 2025, se ha escenificado la siempre feliz entrega de las llaves a los inquilinos que estrenarán estas 16 viviendas públicas.
Esta parcela de Santiago llevaba abandonada prácticamente desde principios del año 2000. Cuatro años después, se inició la obra de una promoción privada que produjo hundimientos en fincas vecinas, por lo que la promotora la paralizó y se desentendió. A partir de ahí, el Consistorio se vio obligado a expropiar el solar en 2007, reforzó la estructura de la fachada y apuntaló todo el interior, además de tapar el boquete abierto para un aparcamiento subterráneo.
Y pocas noticias más hubo sobre este punto negro del casco antiguo, hasta que en el pasado mandato el gobierno izquierdista liderado por José María González ‘Kichi’, no sin problemas, logró reunir fondos y proyectar aquí a través de la empresa municipal Procasa un bloque con 16 viviendas de alquiler social. Al tercer intento (tras dos licitaciones desiertas), adjudicó los trabajos a Construcciones Yatécnicas por más de 1,6 millones de euros.
Hoy esta promoción municipal la ha ‘bendecido’ otro alcalde, Bruno García, del PP, junto a la subdelegada del Gobierno de España en Cádiz, Blanca Flores; y la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz.
Y es que la obra ha sido costeada con fondos de las diferentes administraciones, sobresaliendo una subvención de fondos europeos Next Generation de más de más de 707.000 euros. Además, el Estado ha aportado unos 355.000 euros, la Junta apenas 240.000 euros, y el Consistorio gaditano ha asumido casi 360.000 euros del presupuesto global.
La promoción consta de 16 viviendas en régimen especial en alquiler (y un local en el bajo) de las cuales nueve son de dos dormitorios y siete de tres dormitorios. El edificio, que conserva su fachada original y cuenta con un nivel B de eficiencia energética, se compone de dos bloques conectados por un cuerpo central abierto con pasarelas de conexión horizontal de las distintas plantas. Las viviendas cuentan con cupos de reserva: hay dos destinadas a personas con discapacidad, tres para mayores de 65 años con movilidad reducida y 11 para cupo general.
“SOLO UNIDOS PODREMOS LOGRAR MÁS RETOS EN MATERIA DE VIVIENDA”
“El mes de septiembre no podía comenzar de mejor manera y es entregando las llaves a 16 familias gaditanas de sus nuevos hogares en pleno casco histórico”, ha comentado el alcalde en este acto, incidiendo en que “hoy es un día muy importante no solo para Cádiz sino para estas familias que cumplen su sueño de acceder a una nueva vivienda protegida”.
Bruno García ha agradecido el trabajo y el esfuerzo del personal de la empresa municipal Procasa, y a las administraciones implicadas ya que “solo unidos podremos lograr muchos más retos en materia de vivienda en Cádiz, una de nuestras principales prioridades”.
Por su lado, la subdelegada del Gobierno, la socialista Blanca Flores, ha manifestado que “uno de los grandes desafíos actuales para los gobiernos es el acceso a la vivienda, que es la principal fuente de desigualdad que ahora mismo sufre la clase media y la clase trabajadora en nuestro país. Por ello, es imprescindible que las administraciones públicas realicemos un trabajo coordinado, con lealtad institucional, para conseguir el objetivo”.
Mientras, la consejera de Fomento, la popular Rocío Díaz, ha vuelto a poner en valor la “suma de todas las administraciones” para hacer realidad esta promoción, a la par que ha reivindicado el “compromiso” del Gobierno de Moreno Bonilla con la capital en materia de vivienda. “Queremos poner más viviendas protegidas en el mercado, con soluciones realistas y efectivas que nos ayuden a atajar una situación que se ha visto agravada con los dos años de vigencia de la Ley Estatal de Vivienda”, ha llegado a afirmar además esta política derechista, pese a que esa ley apenas se está aplicando en la comunidad autónoma por el boicot del PP.
AIG: “NOSOTROS APOSTAMOS POR LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS EN ALQUILER”
Horas antes de esta entrega de llaves, desde la oposición municipal Adelante Izquierda Gaditana mostraba su satisfacción por la culminación de estas 16 viviendas, un proyecto que impulsó e inició, en 2022, el anterior ejecutivo izquierdista, “apostando por las viviendas protegidas en régimen de alquiler para así garantizar su permanencia en el parque público de vivienda”.
A colación, la concejala Helena Fernández subraya que el modelo de viviendas protegidas en alquiler es el que “siempre defendió el anterior equipo de gobierno” con Kichi al frente, y como ejemplo de ello son las promociones que levantó en Botica, 29; Cruz, 11; Santa María, 10; o Doctor Marañón, 2. “Todas ellas estaban previstas por el gobierno de Teófila Martínez como VPO en venta, y nosotros revertimos esa decisión con el fin de integrarlas en el parque público de vivienda en beneficio de los gaditanos”, resalta.
Justo eso mismo ocurrió con estas 16 viviendas de Santiago 11 que, tras ser expropiado el solar en tiempos de la popular Teófila Martínez, “su previsión era construir en él viviendas protegidas en régimen de venta, aunque nunca llegó a iniciar el proyecto, sino que lo dejó ahí pendiente sin darle uso ni solución a ese suelo”. “Fuimos nosotros quienes, en 2015, dimos un giro radical a las políticas de vivienda en la ciudad, apostando por proyectos como éste de viviendas protegidas en régimen de alquiler”, reitera la portavoz adjunta de AIG y consejera de Procasa en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
En este punto, Fernández espera que el actual Gobierno del PP “se ponga las pilas” y “no pierda las subvenciones de fondos Next Generation para las fincas de Calderón de la Barca, 19; Sagasta 77 y 79; y Pericón de Cádiz 3 y 5”. Tres proyectos que también impulsó el anterior gobierno de Adelante Cádiz y cuyas construcciones peligran puesto que “los tiempos son muy ajustados ya que las obras deben finalizar en 2026, y las de Sagasta aún ni han empezado”.
