El apoyo popular, y la falta de efectivos policiales por los operativos montados frente a las movilizaciones de los trabajadores del metal, han motivado que en la mañana de este lunes no se haya podido ejecutar en Cádiz un nuevo desahucio de una vivienda del Ayuntamiento en un bloque de Guillén Moreno, en la calle Marinero en Tierra.
La comisión judicial se ha personado, pero sin Policía Nacional para respaldar el trámite, se ha optado por suspender el desahucio hasta el día 7 julio, según ha avanzado Izquierda Unida, que espera que el alcalde Bruno García aproveche para dar marcha atrás a su “intento de criminalizar a los más vulnerables mediante la vía penal”.
Se trata de un caso similar al desahucio de Tamara con dos hijas a su cargo promovido igualmente por la empresa municipal Procasa a principios del mes de abril, en la misma barriada. Casa desalojada que, hoy día, se mantiene vacía.
“ES EL PROPIO AYUNTAMIENTO EL QUE SE ESTÁ SALTANDO LA LEY”
David y Rosa, jóvenes con dos menores de 5 y 3 años de edad, viven desde hace unos meses en este piso municipal vacío que ocuparon de forma irregular ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en la ciudad, una vez que no le renovaron el alquiler hace dos años.
Y como a Tamara, el Consistorio gaditano los ha denunciado por la vía penal “con la intención de criminalizar la pobreza, lo que puede acrecentar los problemas de esta pareja que, a sus dificultades para tener un hogar en el que criar a sus hijos, se le suma que pueden tener a partir de ahora antecedentes penales”, han lamentado desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha).
Sobre este proceder, el primer alcalde del PP ha defendido que seguirá emprendiendo actuaciones judiciales en los casos en que se produzca una ocupación ilegal de viviendas de Procasa, que tienen que ser adjudicadas a los demandantes que corresponda.
Sin embargo, la Apdha ha repetido que “es el propio Ayuntamiento el que se está saltando la ley por cuanto que incumple el decreto en vigor de suspensión de lanzamientos en familias vulnerables, una medida que aprobó el Estado justamente para evitar los desahucios en un momento en el que no existen alternativas”.
IU BARAJA TRASLADAR EL CASO AL DEFENSOR DEL MENOR
Por su lado, IU (dentro de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana) celebra el aplazamiento de este desahucio, pero no descarta tomar medidas encaminadas a advertir a otras instancias, caso del Defensor del Menor, para evitar que las familias más vulnerables de la ciudad “sigan sufriendo las políticas clasistas de Bruno García y sus concejales”.
Esta formación insiste en que “el supuesto alcalde más social y su concejala de Vivienda, Ana San Juan, deben de abandonar la estrategia de hacer de Procasa un mero instrumento para la especulación, y devolver a la empresa su contenido social, empezando por cumplir la ley y los acuerdos municipales que impiden el desahucio sin alternativa habitacional a familias con menores de pisos municipales”, como este caso de la familia de David y Rosa.
Además, señala que a la “falta de escrúpulos” del alcalde derechista se suma “el desprecio del PP a los acuerdos municipales y a la propia ley”. En cuanto a lo primero, IU también recuerda el acuerdo de septiembre de 2022 formalizado entre Ayuntamiento y Procasa durante el anterior mandato, que tenía como finalidad proteger a los menores. Dicho protocolo recoge que antes de iniciar ninguna acción judicial es preciso que la empresa municipal comunicase a Asuntos Sociales para la valoración de la familia, “para que desde ese mismo momento se le ofrezcan alternativas habitacionales, e incluso se le pueda reconocer la situación de excepcionalidad en el registro por exclusión social”.
Y en cuanto a lo segundo, se suma a la denuncia que ha realizado la propia Apdha por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de lo previsto en el en el Real Decreto 1/2025, que obliga a las administraciones a la suspensión de desahucios de familias vulnerables y especialmente a las que incluyen a menores de edad.
