La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) exige al Ayuntamiento de Cádiz que solicite subvenciones autonómicas y estatales que permitan financiar la proyectada remodelación de la barriada Manuel de Falla (más conocida como Tacita de Plata) sin necesidad de vender su suelo en la parcela de Casitas Bajas.
Esta entidad asegura haber tenido conocimiento, a través de declaraciones de responsables del Gobierno municipal del PP, de que la operación de venta del solar de Casitas Bajas “sigue adelante”, con el objetivo de que el dinero que se saque sufragar la operación urbanística en la vieja barriada Tacita de Plata.
Al respecto, se lamenta que “no son más que una excusa para poner patrimonio público en manos privadas y renunciar a la posibilidad de construir más de 50 viviendas públicas en los terrenos municipales de Casitas Bajas”.
“LA POLÍTICA DEL PP FAVORECE LOS INTERESES PRIVADOS”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, a la Apdha le resulta “incomprensible” que, habiendo solicitado el Consistorio más de 50 millones de euros en los últimos tiempos a entidades bancarias para varios proyectos, “no se haya contemplado una partida para estas obras (en Manuel de Falla), recurriendo en su lugar a la venta de suelo destinado a vivienda”.
Además, se le reprocha al Ejecutivo liderado por Bruno García no haber concurrido a las convocatorias abiertas por la Junta de Andalucía en 2024 y 2025 para el fomento del parque público de alquiler. Y tampoco se tiene constancia de que se haya solicitado a la administración autonómica la declaración de Manuel de Falla como zona degradada, “lo que permitiría acceder a una importante inyección económica para dicha actuación”.
La conclusión a la que llega la Apdha es que la política del actual equipo de Gobierno del PP “no favorece los intereses públicos, sino los privados”. Y es que la pretendida enajenación de los aprovechamientos municipales en Casitas Bajas “permitiría al resto de copropietarios acceder al solar completo, garantizándoles un negocio lucrativo, a pesar de que las viviendas resultantes serían privadas y, presumiblemente, con un coste inalcanzable para buena parte de la población gaditana”.
Por todo ello, esta asociación reitera la necesidad de conservar y promover las 50 viviendas públicas en alquiler que podrían construirse en este terreno en extramuros que pertenece al Ayuntamiento, y reclama que se exploren otras vías de financiación para la remodelación de la barriada Tacita de Plata, ya que “existen opciones que no están siendo solicitadas”.
“BRUNO GARCÍA SE PONE ‘EN MODO AVIÓN’ CUANDO SE TRATA DE GESTIONAR VIVIENDA SOCIAL”
En paralelo, Izquierda Unida (parte integrante de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana) ha lamentado que en dos años y tres meses de mandato al conservador Bruno García “no se le conoce ningún proyecto nuevo en materia de vivienda pública”, mientras la “dejadez” en la gestión de los proyectos iniciados en la empresa municipal Procasa durante el mandato anterior (con ejecutivo izquierdista) “es parte del día a día en una política de vivienda a la que sólo se interesa favorecer a promotoras privadas”.
A colación, IU repasa que son 126 las viviendas públicas sociales en régimen de alquiler las que el actual Gobierno del PP tiene sobre la mesa en distintos proyectos en ejecución y con financiación heredada del anterior mandato: 28 viviendas en alquiler asequible para jóvenes en Marqués de Coprani 2; 19 en alquiler social y cuatro para realojo en el número 20 de la calle García de Sola; 53 viviendas en alquiler social en Marconi (en los antiguos depósitos de tabaco); nueve viviendas en alquiler social en Pericón de Cádiz 3-5; ocho de alquiler social en Sagasta 77-79; y nueve en Calderón de la Barca 19.
“Sin embargo, cuando no hay foto y se trata de impulsar proyectos, el alcalde vuelve a desaparecer”, lamenta esta formación, que concreta que hay tres promociones también de Procasa que aún no se han iniciado como es el caso de Pericón 3-5, Sagasta 77-79 y Calderón de la Barca 19. Una demora que, se advierte, “puede conllevar la pérdida de casi 1,5 millones de euros de subvenciones”.
Y tampoco se sabe nada, “tras la primera piedra anunciada a bombo y platillo”, del “inicio real” de la promoción de avenida Marconi, proyecto que garantizó el anterior equipo de Gobierno con 53 viviendas públicas en régimen de alquiler, “y cuya financiación obtenida en gran parte mediante subvención, puede verse en riesgo”, se apostilla desde IU.
