Después de semanas de presión social y vecinal, a finales del pasado noviembre se logró frenar en Cádiz, temporalmente, el desahucio de Juan Antonio y Marisol. Pero el BBVA y su fondo buitre Divarian siguen insistiendo con echarles de su piso de la calle Matrona Modesta Calvo, heredado de la familia, en el que llevan residiendo desde más hace dos décadas.
Tras la negativa del banco y de Divarian a cualquier intento de negociación, la reactivación del procedimiento judicial por el juzgado y la falta de respuesta institucional, esta familia vuelve a temer con verse en la calle.
Al respecto, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz ha vuelto a llamar “a toda la ciudad” a concentrarse a las puertas de la vivienda parar el desahucio convocado para este lunes 19 a las ocho de la mañana, “y evitar otra vulneración más al derecho a una vivienda digna”.
“LA JUSTICIA, DEL LADO DE LA ESPECULACIÓN INMOBILIARIA”
Tras la paralización del primer intento de desahucio el pasado 26 de noviembre, la Justicia solicitó nueva documentación a la familia para valorar su vulnerabilidad y estudiar la suspensión indefinida del desalojo ante la falta de una alternativa.
Pero tras un mes de espera y la acreditación de la vulnerabilidad económica, de la pensión de Juan Antonio, de sus enfermedades cardiorrespiratorias, su discapacidad y la ausencia de red de apoyo en Cádiz, “no han sido suficientes para una Justicia que prefiere ponerse del lado de la especulación inmobiliaria”, denuncian desde el Sindicato de Inquilinas en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Por si no fuera suficiente, la negativa a dicha suspensión ha sido recibida por los afectados a menos de una semana de la fecha del desahucio, impidiendo incluso una mudanza efectiva con sus enseres de más de 22 años.
El colectivo de inquilinos que está apoyando a la familia lamenta además el proceder de unos juzgados “que han alargado el procedimiento judicial generando una falsa tranquilidad”; al tiempo que reprocha la actitud de un banco como el BBVA o un fondo buitre como Divarian, y unas administraciones públicas inmóviles “que no están dispuestas a frenar el lanzamiento”.
¿Y SERVICIOS SOCIALES?
A todo ello se suma el papel de los Servicios Sociales del Ayuntamiento en este caso. Según el Sindicato de Inquilinas, “sólo se pusieron en contacto con la familia una vez paralizado el primer desahucio gracias a la presión colectiva y la movilización popular”.
Y se ha ofrecido, exclusivamente, adelantarles en la lista de espera de Procasa: “no ha habido ninguna oferta real de realojo inmediato, mediación con la entidad financiera o con los juzgados para lograr que la familia no tenga que abandonar su vivienda”.
Más allá de convocar a los vecinos a concentrarse en la mañana del pretendido desahucio, se exige al alcalde Bruno García y a su Gobierno local del PP que actúen con determinación y rapidez para evitar una desgracia humana de tal calibre: “la inacción institucional les convierte en cómplices necesarios del desahucio”.
O COMER O PAGAR LA HIPOTECA COMPLETA
En 2002, este matrimonio contrajo una hipoteca con el BBVA que, por culpa de un accidente laboral en el sector de la construcción en 2013 y una pensión muy baja, “se vio obligada a empezar a abonar en parte. Tenía dos opciones: o comer o pagar la hipoteca completa”, se explicaba meses atrás. Desde esa fecha “y a pesar de los intentos de negociación”, el banco decidió no recoger la parte que se iba pagando, canceló la letra, y les demandó en 2016.
Pero la historia da una vuelta de tuerca más. Como esta entidad bancaria no podía expulsar a la familia de su hogar, en 2018 traspasó la vivienda a su gestora de activos tóxicos, Divarian, un fondo de inversión propiedad de Cerberus (estadounidense) y del propio BBVA.
Pese a todo, Marisol y Juan Antonio se han organizado con el Sindicato de Inquilinas y han tomado la determinación de tratar de “quedarse en su barrio, en su casa, en Cádiz, y luchar hasta conseguir un alquiler digno en su hogar”.
