La reforma sobre el modificado modelo de convenios con las guarderías por parte de la Junta ha sacado a la calle en Cádiz a sindicatos y patronal de escuelas de Infantil. Por su lado, el Gobierno andaluz defiende que “permitirá contar con más plazas y preservará la misma calidad”, al tiempo que se adapta a la normativa vigente. De esta manera, en la provincia se pasará de 112 escuelas infantiles “conveniadas” a unas 200 “autorizadas”. Partidos como IU y sindicatos como CCOO alertan de la “mercantilización” de este sector.
La reforma sobre el modificado modelo de convenios con las guarderías por parte de la Junta de Andalucía ha sacado a la calle este martes en Cádiz a sindicatos y patronal de escuelas de Infantil. Denuncian que el nuevo decreto que regula cómo se conveniarán las plazas entre los centros de 0 a 3 años –enseñanza que no es obligatoria- y la administración regional se ha aprobado en esta misma jornada en Junta de Gobierno sin ningún tipo de consenso.
Por su lado, el Gobierno andaluz del PSOE defiende que este nuevo modelo “permitirá contar con más plazas y preservará la misma calidad”, al tiempo que se adapta a la normativa vigente. De esta manera, en la provincia de Cádiz se pasará de 112 escuelas infantiles “conveniadas” a unas 200 “autorizadas” que podrán acogerse a este programa educativo. En general, se asegura en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz “habrá más centros, más plazas y más familias beneficiadas con ayudas para la escolarización”.
Así pues, todos los centros de primer ciclo autorizados podrán adherirse al programa de ayudas, y recibirán una “compensación económica” por la gestión que realizan como “entidades colaboradoras” en la tramitación de las ayudas a las familias. Con esta fórmula, por tanto, “se llega a zonas donde antes no se contaba con el apoyo de la Junta y se espera alcanzar las 110.000 plazas en toda Andalucía a través de este modelo que será mas garantista, transparente y solidario”, se insiste. Aunque el PP alertaba días atrás que este aumento de plazas se quiere hacer “con el mismo dinero”, por lo que “se potenciará que se oferte a la baja”.
Los criterios para las ayudas son los mismos: renta familiar per cápita. Por tanto, todas las familias que reciben este servicio de forma gratuita podrán seguir haciéndolo. Se sumarán, además, se afirma, nuevas familias a la gratuidad, favoreciendo la igualdad de oportunidades.
El modelo, añaden desde la Junta, “se está explicando a los representantes de todos los agentes afectados por el cambio (patronales, sindicatos, familias,…): en general, lo han recibido de forma positiva”, algo que choca con las protestas que se están repitiendo en todas las provincias y la oposición de partidos como PP, Podemos e IU. También se les ha explicado que el proceso de admisión se ajustará en este año para garantizar que el curso comience con normalidad en septiembre.
Por otro lado, la administración autonómica subraya que a partir de ahora “no hay guerra de precios”. El objetivo de este programa “es ayudar a las familias, favoreciendo precios adecuados a la realidad económica social y que permitan ofrecer un servicio de calidad”. La Junta mantendrá un precio máximo de 278 euros para no perjudicar a las familias “y un mínimo, en una pequeña horquilla, para ganar en competitividad sin menoscabar la calidad”.
En cuanto a los niños que no hubieran alcanzado las 16 semanas a 1 de septiembre, las familias podrán solicitar la ayuda. La Junta está articulando la fórmula más adecuada para que la familia que esté en esa circunstancia pueda optar a obtener bonificación en función de las vacantes y renta familiar.
El modelo se modifica, sentencian desde el Gobierno regional, porque en julio de 2017 finaliza la vigencia de los convenios “y hay que adaptarse a la normativa vigente”.
Mientras, la parlamentaria andaluza de IU por Cádiz, Inmaculada Nieto, ha acusado a la Junta de pretender “desmantelar y mercantilizar” escuelas infantiles, que en su mayor parte en Andalucía son propiedad de cooperativas y pequeñas empresas. Considera a partir de ahora se va a “facilitar” la entrada de grandes empresas que “impondrán unos precios y condiciones” con las que las cooperativas y microempresas “no van a poder competir”.
Igualmente, desde CCOO Cádiz se advierte de que la introducción de la concurrencia competitiva en la norma, supondrá que los convenios suscritos con ayuntamientos dejarán de estar vigentes “y, por tanto, vendrá a significar el despido de los trabajadores contratados para sus escuelas infantiles”. Este sindicato continúa reclamando la convocatoria urgente de la Mesa de Infantil, donde la consejería de Educación presente un documento cero para empezar a negociar.
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