El patio del colegio privado concertado María Auxiliadora (Salesianas), en la avenida principal de Cádiz, se ha transformado en aparcamiento cercano a la playa aprovechando estos meses de vacaciones escolares. Lo acaba de denunciar Ustea, que entiende que se trata de “una práctica ilegal y contraria a los fines del concierto educativo” que este negocio religioso tiene con la Junta de Andalucía.
Este sindicato ya ha instado a la consejería de Desarrollo Educativo y FP a que actúe de forma inmediata para abrir una investigación sobre estos hechos al Ayuntamiento, “responsable de la concesión de este proyecto mercantilista”. Al tiempo que exige suspender de inmediato la actividad comercial detectada y revisar el concierto para verificar el cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales.
De igual manera, Ustea ha pedido públicamente al Consistorio gaditano explicaciones y aclarar el contrato suscrito con Salesianas para este parking estival, y el tipo de licencia otorgada, “si es que existiera”.
Al respecto, el alcalde Bruno García reflexionaba en su última rueda de prensa tras la Junta de Gobierno Local que “la ciudad tiene necesidad de aparcamiento; que haya actuaciones eventuales de este tipo nos parece incluso oportuno”. Y añadía que el uso de ese espacio educativo como parking ocasional no es lo mismo que cambiar el objeto del suelo.
“ES EVIDENTE EL NEGOCIO DE LA EDUCACIÓN PRIVADA CONCERTADA”
En la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Ustea sostiene que el patio de este colegio concertado de Cádiz, “sostenido con fondos públicos”, está siendo empleado fuera del horario y del uso lectivo como estacionamiento de vehículos a cambio de una tarifa, “lo que constituye una actividad lucrativa totalmente incompatible con el régimen de financiación pública que rige los centros concertados”.
Además, este sindicato aprecia un riesgo potencial para la seguridad del alumnado inscrito en campamentos de verano que estos días recorre la ciudad con visitas a la cercana playa, “ya que al habilitar esta zona habitualmente escolar como válida para una circulación elevada de vehículos y las múltiples maniobras de aparcamiento se pone en riesgo la seguridad de los jóvenes”.
Y afecta todavía más a los menores inscritos en el campamento de verano de ese mismo cole, “que ve mermados y limitados sus espacios de recreo por los que la Junta concede el concierto y que constituye el uso y derecho prioritario de los escolares”.
“Se refleja así el negocio de la educación privada concertada ya que se hace un uso indebido de recursos públicos, al transformar un centro financiado con fondos públicos en un negocio privado”, se denuncia.
De este modo, Ustea reclama el refuerzo del control público sobre los centros privados-concertados (tan presentes en la capital gaditana), y lamenta que este tipo de prácticas “debilitan la confianza ciudadana en el sistema educativo y fomentan un modelo privatizador contrario a los principios de equidad y gratuidad que deben regir la educación en Andalucía”.
