Trabajadores de la ayuda a domicilio en Cádiz, servicio público explotado desde el pasado agosto por otra empresa privada, Óbolo, han iniciado este lunes un calendario de movilizaciones ante los prematuros incumplimientos, e irregularidades en las nóminas, por parte de la recién llegada y cuyo historial problemático era archiconocido antes de la adjudicación del contrato.
Y para seguir exigiendo la municipalización más pronto que tarde como única solución para la dignificación del servicio y de las condiciones de unas trabajadoras precarizadas y hartas.
De momento, estas concentraciones a mediodía a las puertas del Ayuntamiento se repetirán los lunes y jueves de cada semana durante dos horas, sin descartarse la convocatoria de huelga.
El comité, que le reprocha al Gobierno local de Bruno García su “pasividad”, pretende seguir presionando para que escuche a la propia plantilla, y a los partidos de la oposición (PSOE y Adelante Izquierda Gaditana), y comience a trabajar para que este servicio público pase a estar gestionado directamente por el Ayuntamiento.
Aunque se asume que el PP no está por la labor, y por ello con estas protestas lo primero que se reclama a la concesionaria es el cumplimiento íntegro del contrato y acuerdos previos.
“ÓBOLO SE QUIERE MARCHAR, POR LO QUE VA A INCUMPLIR TODO”
El pasado septiembre se supo que, apenas un mes después de llegar, la adjudicataria (por más de 9 millones de euros anuales frente a los menos de 4 millones que suponía el anterior), había mostrado ya sus intenciones de abandonar el contrato. Más allá de problemas con las nóminas, se negaba a asumir el complemento “definitivo”, no transitorio, de 200 euros que el Consistorio acordó en el Sercla en 2024 con la anterior empresa y con la plantilla.
A partir de ahí, en el pleno mensual donde la oposición y las trabajadoras presentes reivindicaron una vez más la internalización del servicio, el PP aprobó una moción rechazando la solicitud de la empresa de resolver el contrato, argumentando que había logrado que Óbolo se comprometiera a abonar todos los conceptos incluidos en los acuerdos que asumió al firmar el contrato.
Pese a ello, desde el comité se tiene claro que esta contrata “no puede seguir en un servicio tan especial y esencial, y es que presentó un escrito donde manifiesta que se quiere marchar, por lo que va a incumplir todo”.
Por lo que se insta al alcalde a activar “el procedimiento sancionador y posibilitar el siguiente paso: la gestión directa provisional desde Asuntos Sociales y paralelamente proceder a la municipalización del servicio”. Pero la derecha no lo ve: “prefiere obedecer a la patronal, aun siendo consciente de que es incluso deficitario siendo externalizado”, lamentan desde Autonomía Obrera, según recoge DIARIO Bahía de Cádiz.
“Garantice el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el Sercla y haga lo que tuvo que hacer desde un primer momento: gestione de manera directa el servicio”, se le vuelve a exigir con estas movilizaciones al que dice ser “el alcalde más social” que ha tenido Cádiz.
