CSIF y ambos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz han coincidido en exigir explicaciones y la intervención del Gobierno local del PP una vez que se ha conocido que la empresa concesionaria del servicio de limpieza y basuras, Valoriza, podría haber estado realizando con medios costeados por los gaditanos trabajos en otras ciudades.
En concreto, según publica un medio de comunicación, un operario de la contrata en la capital “ha sido presuntamente, forzado, durante al menos diez meses, a realizar trabajos y funciones en diferentes municipios”, algo que “está totalmente prohibido” explícitamente en el pliego de condiciones del contrato, firmado por 10 años por 164 millones de euros.
Para la sección sindical de CSIF en esta concesionaria, este caso “podría ser sancionado con la finalización del contrato con el Ayuntamiento”. Algo que, asegura, “ya ha sucedido en otras localidades donde Valoriza tenía la concesión de estos servicios”.
Además, en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, se señala que “según reconocieron desde el propio Ayuntamiento y el área de Medio Ambiente al comité de empresa”, en los dos años que lleva de contrato Valoriza “ha dejado de prestar una cantidad de jornadas considerables (alrededor de 3.000) que sí se han facturado al Ayuntamiento”.
Este sindicato vuelve a criticar, también, el evidente retraso en la obligada renovación de la flota de vehículos, “usando todavía camiones de la anterior concesionaria con una antigüedad superior a los 25 años”.
De la misma manera se subraya que en noviembre de 2023 ya se constató que la contrata pagada con el dinero de los gaditanos estaba destinando recursos para la reparación de la flota de otros municipios, al confirmarse la presencia de vehículos ajenos en la nave de la concesionaria en el recinto exterior de la Zona Franca.
Por otro lado, CSIF aprovecha para reiterar su rechazo a “la política del miedo impuesta por Valoriza a base de la indiscriminada apertura expedientes sancionadores al personal” (más de cien en poco más de dos años de concesión).
En definitiva, esta sección sindical pide al Ayuntamiento que tome nota de la situación, “arreglando un servicio que está costando dinero y no poco a la ciudad, que sufraga con sus impuestos a una empresa que no sólo no presta sus servicios adecuadamente, sino que además destina recursos ya pagados para llenar sus arcas en detrimento del estado de la limpieza en Cádiz”.
AIG PIDE “EXPLICACIONES INMEDIATAS Y CONSECUENCIAS”
Por su lado, desde Adelante Izquierda Gaditana se resalta “la gravedad” de los últimos hechos conocidos “en el caso de ser ciertos”, y exige “explicaciones inmediatas y consecuencias” tanto al alcalde Bruno García, como al concejal de Medio Ambiente, José Carlos Teruel; además de unas disculpas a todos los vecinos “por permitir, por acción u omisión, que se desmantele de esta forma un servicio público esencial”.
“Si no conocían estos hechos tan graves y escandalosos, dejan en evidencia su dejadez de funciones en este asunto y su falta de fiscalización de las labores del día a día, como es la limpieza. Y si tenían conocimiento de esos desvíos sistemáticos tanto de personal como de medios técnicos del contrato para prestar servicios en otras localidades, está claro que deben dimitir porque no pueden anteponer los intereses de una empresa a los de los propios vecinos de la ciudad que están gobernando. Eso sería inadmisible”, afirma el portavoz municipal izquierdista, David de la Cruz.
A colación, recuerda que hace unas tres semanas su grupo solicitó un informe a Medio Ambiente ante “el permanente y preocupante estado de suciedad que presenta la ciudad”, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna.
“Los impuestos que pagamos los gaditanos para la limpieza de nuestra ciudad no están repercutiendo en el adecentamiento de sus calles y espacios públicos, sino que se están utilizando para realizar otras labores en otros municipios mientras la ciudad está abandonada”, insiste en denunciar De la Cruz.
EL PSOE ASEGURA QUE “YA ADVIRTIÓ” SOBRE LA VULNERACIÓN DEL CONTRATO
Mientras, el PSOE se detalla que ya en otoño de 2023 presentó al pleno una batería de preguntas en referencia al cumplimiento de este pliego, entre las que se encontraba una en la que se planteaba directamente si el Ayuntamiento le constaba que vehículos de su propiedad estaban prestando servicio en otras localidades.
A las preguntas contestaba por escrito el Gobierno gaditano en el mes de abril del 2024, remarcando que “no consta que los vehículos del Ayuntamiento estén prestando servicios en otras localidades”.
“Ahora, un año más tarde, salen informaciones en la dirección que veníamos advirtiendo”, lamenta el concejal socialista José Ramón Ortega.
