El PP en el Ayuntamiento de Cádiz, en solitario, aprobó en el pasado pleno de mayo, y celebró, la nueva adjudicación del servicio de ayuda a domicilio a la cooperativa andaluza de interés social Óbolo por más de 9 millones de euros anuales (frente a los menos de 4 millones que suponía el anterior contrato de 2022).
“Redundará en un mejor servicio para las personas usuarias y para el personal que lo presta, que tenía con el anterior pliego unas condiciones muy precarias”, sostenía el alcalde, Bruno García.
Mientras en la oposición, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana se abstenían, reivindicaban la municipalización del servicio (como pide la propia plantilla), y recelaban de entrada de la empresa ganadora del concurso: firma pirata sobre la que recaen numerosas quejas por incumplimientos en otros ayuntamientos. Sin ir más lejos, en El Puerto de Santa María, donde lleva algo más de un año al frente del servicio, y las denuncias son recurrentes.
Y apenas lleva explotando la ayuda a domicilio desde agosto, y el comité de empresa ya acusa a Óbolo de impagos, precarización y manipulación de los acuerdos alcanzados en el Sercla “con el fin de incrementar sus beneficios a costa de los salarios del personal”.
Para los representantes sindicales, esta sospechosa empresa onubense “llega a Cádiz precarizando al colectivo, intentando extorsionar al comité y estafando al Ayuntamiento”, que entiende que está siendo “engañado” pese a dotar el contrato con partidas específicas para la mejora de las condiciones de las trabajadoras.
Por ello mismo, se exige al Ejecutivo del PP que actúe “de manera rápida y contundente”; y se avisa de que no permitirán “que se perpetúe el maltrato laboral” ni que se incumplan los derechos adquiridos en la negociación colectiva.
PSOE: “EL TIEMPO HA TARDADO MUY POCO EN DARNOS LA RAZÓN”
El PSOE ya ha lamentado esta situación de “indefensión” de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio: “advertimos en numerosas ocasiones en el pleno que esto iba a pasar. Desgraciadamente, el tiempo ha tardado muy poco en darnos la razón”.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, denuncia que en este conflicto “solo gana una empresa de dudosa credibilidad”, que, según el contrato firmado con el Ayuntamiento, “va a percibir 8 millones de euros de beneficios en los próximos cuatro años”. Mientras, “salen perdiendo las trabajadoras, que están hartas de estar hartas y que a las primeras de cambio ya están sufriendo problemas graves en sus nóminas”.
“El Gobierno municipal debe tomar cartas en el asunto, no solo como principal responsable del servicio, sino como firmante del acuerdo en el Sercla que ahora se incumple”, añaden desde el principal partido de la oposición, que vuelve a reivindicar la municipalización como solución definitiva a este problema. Internalización de un servicio público privatizado que en los últimos años han acometido ayuntamientos vecinos como los de San Fernando y Puerto Real.
IU: “EL ALCALDE ES RESPONSABLE DEL DESASTRE EN LA AYUDA A DOMICILIO”
De la misma manera, Izquierda Unida (integrante de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana), cree “imprescindible” que el alcalde Bruno García se implique para solucionar un conflicto “del que él es responsable directo, ya no sólo porque se trate de un servicio municipal, sino por ser valedor de unos acuerdos en el Sercla con la plantilla que a la primera de cambio están incumpliéndose”.
A juicio de esta formación izquierdista, se demuestra que la municipalización descartada por el propio PP “era y es la única forma de que la plantilla pueda disponer de condiciones dignas y ofrecer un servicio de calidad sin el temor de que la ‘multinacional de turno’ les recorte en sus derechos”.
IU insiste en exigir al primer edil derechista que se implique directamente en esta problemática con Óbolo “y no actúe de igual manera que durante el conflicto del autobús urbano durante el verano en el que estuvo ausente durante dos semanas”, e inicie los expedientes sancionadores oportunos desde el primer instante “para que la empresa deje de precarizar a la plantilla y cumpla con sus derechos”.
En definitiva, la puesta en marcha del esperado nuevo contrato del servicio deja a Bruno García en el centro de la polémica: tras defender en solitario las bondades del pliego, el incremento del gasto y la adjudicación, se enfrenta ya al primer conflicto laboral con la empresa entrante. Un desenlace que, según sindicatos y oposición, no sorprende a nadie conociendo los antecedentes de la adjudicataria.
