El Ayuntamiento de Cádiz está detrás de un nuevo desahucio de una de sus viviendas municipales, también en un bloque de Guillén Moreno. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) lamenta que se deje en la calle a una familia con dos menores.
Se trata de un caso muy similar al desahucio de Tamara con dos hijas a su cargo promovido igualmente por la empresa municipal Procasa a principios del mes de abril, en la misma barriada.
Ahora, David y Rosa, jóvenes con dos menores de 5 y 3 años de edad, tendrán que dejar el piso municipal vacío que ocuparon de forma irregular ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en la ciudad, una vez que no le renovaron el alquiler hace dos años. Su desahucio está previsto para el lunes 23 de junio a las 9 horas.
En un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, la Apdha expone que el Consistorio gaditano, como a Tamara, los ha denunciado por la vía penal “con la intención de criminalizar la pobreza, lo que puede acrecentar los problemas de esta pareja que, a sus dificultades para tener un hogar en el que criar a sus hijos, se le suma que pueden tener a partir de ahora antecedentes penales”.
“Al igual que Tamara, a la que, tras el desahucio y una breve estancia en una pensión, el Ayuntamiento abandonó a su suerte y malvive hacinada y separada de sus hijas, la familia de David y Rosa está abocada a tener que repartirse en domicilios familiares pues las posibilidades de encontrar en Cádiz un alquiler permanente y a un precio asequible son prácticamente nulas”, se añade.
“EL PROPIO AYUNTAMIENTO VUELVE A SALTARSE LA LEY”
En este punto, la Apdha recrimina al alcalde Bruno García, autodenominado como el “más social”, que durante estos dos años de mandato “todavía no ha promovido ni una sola vivienda nueva municipal, mientras lleva ya en su haber al menos dos desahucios”. Todas las promociones de Procasa en construcción o proyectadas ya estaban planteadas desde el anterior mandato con gobierno izquierdista.
Pero, además, añaden esta entidad, “es el propio Ayuntamiento el que se está saltando la ley por cuanto que incumple el decreto en vigor de suspensión de lanzamientos en familias vulnerables, una medida que aprobó el Estado justamente para evitar los desahucios en un momento en el que no existen alternativas”.
Finalmente, y en este contexto de crisis habitacional en Cádiz, la asociación denunciante cuestiona que existen multitud de viviendas tanto municipales como autonómicas “que se mantienen vacías, incluso años, lo que viene a demostrar el escaso interés por dar respuestas a los más de 6.000 demandantes de viviendas que constan en el registro del Ayuntamiento”.
Por todo ello, hacen un llamamiento al Gobierno local del PP para que solicite ante el Juzgado la paralización del desahucio de David y de Rosa previsto para el 23 de junio.
“El acceso a la vivienda atraviesa una grave crisis de acceso debido a la falta de oferta de alquiler residencial; el alquiler turístico y de temporada, que generan mayores beneficios a la propiedad, está expulsando a multitud de personas a otras localidades o directamente a la calle”, se reitera desde la Apdha, como lo vienen haciendo desde hace meses otros colectivos como Cádiz Resiste.