Los residentes de una finca en la plaza del Falla de Cádiz, en el entorno del Gran Teatro Falla, se han declarado “en lucha” frente a los intereses especulativos de una promotora sevillana y la inmobiliaria gaditana Ovando Homes, que pretenden expulsarles de sus casas, tras expirar sus últimos contratos.
Estos vecinos en alquiler aseguran que lleva más de un año “sufriendo presiones, obras sin licencia y situaciones de riesgo”. Pero han dicho basta: se han organizado junto al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz para defender su derecho a seguir viviendo en sus casas. De hecho, a pesar de los intentos de bloqueo, siguen pagando la renta por vía judicial y exigen la renovación de sus contratos.
La historia de esta finca del casco antiguo y de sus habitantes, “es la de tantos edificios de Cádiz que acaban siendo saqueados por la especulación y vaciados para personas muy pudientes o directamente, para turistas”. La antigua familia propietaria lo vendió a una constructora que a través de una promotora sevillana y la inmobiliaria Ovando Homes, pretenden construir viviendas de lujo “a costa de quienes llevan años residiendo en el edificio”.
“No hay que perder de vista que las inquilinas llevan más de 10 años pagando de forma continua el alquiler. De hecho, no han dejado de pagar a pesar de los intentos de expulsarlas y de bloquearles los pagos. Están depositando el alquiler en una cuenta del juzgado ante la negativa de los propietarios de facilitarles una vía de pago, a pesar de que han insistido en ello”, relatan desde el Sindicato de Inquilinas en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“ANUNCIAN UNA FUTURA PROMOCIÓN CON VECINOS TODAVÍA DENTRO”
La portavoz de dicho sindicato, María Sánchez, añade que incluso se está anunciado la futura promoción de viviendas de lujo “con inquilinos e inquilinas dentro, como si estuviese actualmente el edificio vacío y en ruinas; es la primera vez que hay gaditanos invisibles dentro de un edificio”.
Igualmente, Sánchez denuncia que el Ayuntamiento está permitiendo esta situación, “ya que las obras que se han desarrollado y se están desarrollando no cuentan con la licencia necesaria y Urbanismo está haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los vecinos”.
Además, este edificio en la plaza del Falla número 3 está considerado de nivel de protección 1 en términos de patrimonio, algo que también está pasando por algo la administración municipal, según el Sindicato de Inquilinas de Cádiz.
Estos trabajos han causado ya un accidente a los residentes puesto que no gozan de los elementos de protección necesarios en una obra: uno de los puntales mal colocados en el rellano se cayó y golpeó a una menor en el hombro, “aunque por suerte el golpe fue amortiguado por su mochila y no hubo que lamentar lesiones graves”.
“RESISTIMOS POR CÁDIZ”
Con todo, esta finca “puede convertirse en un símbolo de resistencia frente a los rentistas y la gentrificación que están acabando con los barrios de Cádiz”, se apostilla.
“La presión es insostenible, por eso no nos vamos, nos quedamos. Lo hacemos por Cádiz” sostiene Inma, la portavoz del edificio, y una de las residentes de los tres pisos que “se han organizado y aún resisten”.
Llegados a este punto de “lucha”, han tratado de negociar colectivamente con la inmobiliaria y la constructora propietaria, “pero la única respuesta obtenida ha sido un avance en las obras sin licencia y puntales en los pasillos que impiden el paso ordinario de las personas residentes”.
“La única solución posible pasa por el compromiso de no desahuciar a las inquilinas e inquilinos y una renovación de los contratos de alquiler”, sentencian desde el Sindicato de Inquilinas. Mientras la inmobiliaria señalada ya ha replicado a través de Diario de Cádiz que no se está echando a estos vecinos: “se les ha acabado el contrato de alquiler”.
Está claro y reconocido por los propios inquilinos que esos pisos fueron alquilados con total respeto a la LAU, es decir, con indicación expresa de en qué día podían irse a vivir a esos pisos y en qué día se pactaba por ambas partes que tenían que abandonarlos y ponerlos -ya vacíos- a disposición de la propiedad. Es un contrato libremente pactado por propietario e inquilinos. ¿¿Porqué ahora esos inquilinos n respetan esos acuerdos libremente pactados por ellos mismos?. ¿Qué diríamos sin fuera la propiedad la que exigiera la terminación de dicho contrato meses antes de que cumpliera su plazo?.