La Diputación de Cádiz ha celebrado su pleno mensual de diciembre (que no será el último del año, ya que se prevé otro extraordinario para abordar el presupuesto para 2025), protagonizado por la moción presentada por Izquierda Unida en contra de “resucitar” a Carranza como nombre del estadio de fútbol municipal de la capital gaditana, rebautizado hace unos años como Nuevo Mirandilla para desprenderse de cualquier reminiscencia franquista (en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática).
La moción, respaldada por la plataforma Carranza Incumple y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, plantea que la institución provincial (actualmente con gobierno de derechas) rechace “que cualquier espacio o edificio público de Cádiz, y en particular del estadio municipal, lleve el nombre y/o apellido de personas que participaron activamente en la política de represión y depuración llevada a cabo en la ciudad tras el golpe de Estado de 1936”.
Asimismo, la iniciativa aprobada (con el sí de IU, PSOE y un diputado de La Línea 100×100, Javier Vidal, y la abstención del otro representante linense y de los diputados del PP presentes) insta al Ayuntamiento de la capital a que “revoque el procedimiento administrativo iniciado para denominar al estadio municipal Estadio Carranza”; a la vez que da traslado del acuerdo a la Dirección General de Memoria Democrática del Gobierno de España, así como al propio Consistorio para que lo incorpore en el expediente que se supone que abrió meses atrás al respecto el alcalde Bruno García, argumentando que atendía a una petición del Cádiz CF.
“EL INICIO DEL CARPETAZO AL EXPEDIENTE”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, IU muestra su satisfacción por el respaldo mayoritario obtenido a su proposición defendida en el pleno por el diputado provincial y alcalde de Trebujena, Ramón Galán, quien interpreta la abstención de los populares (entre ellos concejales del propio Ayuntamiento como Juan José Ortiz y José Manuel Cossi) como “el inicio del carpetazo al expediente para el cambio de nombre, algo que beneficiaría a toda la sociedad gaditana, además de cumplir la Ley de Memoria Histórica”.
Galán recalca la importancia de este paso, porque supone “dar cumplimiento a la Ley, pero también, consolidar los derechos humanos y ensanchar los valores democráticos de la ciudad de Cádiz y de la sociedad en general”. “No podemos concebir el nombre de una persona como Ramón de Carranza y Fernández-Reguera, que claramente está demostrado según fuentes orales, historiadores, las asociaciones memorialistas y la propia plataforma Carranza Incumple, participó activamente, tanto en el golpe de Estado fascista de 1936 como en la cruenta represión que hubo en la ciudad; un Ramón de Carranza que llegó a alcalde nombrado directamente por Queipo de Llano, auténtico genocida terrorista, por lo que ya con esto sobran los motivos”, expone.
Izquierda Unida confía en que el expediente abierto por el Gobierno local de derechas “concluya de manera desfavorable al cambio de nombre, en honor a las víctimas y familiares de las víctimas de la dura represión franquista que vivió la ciudad”.
Por parte del PSOE ha intervenido el diputado provincial Óscar Torres, igualmente concejal en el Consistorio gaditano, quien ha puesto el acento en que “con el paso de los años hay un profundo conocimiento sobre la figura de Carranza, que mandó depurar al entonces democrático alcalde Manuel de la Pinta, a 22 concejales de la Corporación municipal, a incontables funcionarios municipales y a centenares de gaditanos”; una depuración que ha precisado, también extendió el gobernador de Cádiz a la Diputación donde solo dejaría a “los funcionarios buenos”.
“A este personaje se le quiere rendir homenaje”, ha subrayado Torres para resaltar que Bruno García “se esconde tras una petición del Cádiz CF sobre una infraestructura que es de titularidad municipal”. “Esta Corporación provincial no puede ser cómplice”, ha apostillado.
Curiosamente, este mismo miércoles ha trascendido que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática también está dando los primeros pasos para proceder al cambio del nombre del Puente José León de Carranza, hijo del señalado Ramón de Carranza.
OTRAS MOCIONES
Más allá de la moción sobre el nombre del Nuevo Mirandilla, este pleno de diciembre ha aprobado también una propuesta del PSOE instando a la Junta de Andalucía a “garantizar el mantenimiento de la universidad pública mediante la financiación adecuada y suficiente” y garantizar así el “acceso en igualdad de oportunidades” a las universidades reconocido en el Estatuto de Autonomía.
Una propuesta, “en plena expansión de las universidades privadas favorecidas por el PP de Moreno Bonilla en ese afán de hacer que lo privado siga ganando espacio a lo público a costa de éste”, que decía trasladar “la voz de auxilio de las universidades públicas y, en concreto, de la Universidad de Cádiz”, según ha argumentado la portavoz socialista Ana Carrera. La moción ha sido aprobada por mayoría.
Y el PP ha presentado una propuesta (aprobada por unanimidad) que insta al Gobierno de España a reformar la vigente Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local para incluir un nuevo título “que regule el Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población”, en el que se establezca un régimen jurídico propio y singular que les permita “actuar de forma más eficaz y eficiente”.
La diputada derechista Vanesa Beltrán se ha referido a la especial incidencia de esta medida para los pueblos de menos de 5.000 habitantes y ha defendido la “necesidad de ese compromiso” que debe hacerse realidad “cuanto antes”.
Aunque el PSOE ha votado a favor, le ha pedido a los populares en el Gobierno provincial “que se apliquen el cuento si quieren ayudar a los municipios pequeños” porque la realidad es que hasta ahora la mayoría de los fondos de la Diputación se los están repartiendo cuatro municipios de mayor población como son La Línea, Jerez, El Puerto y Algeciras (el primero con alcalde de La Línea 100×100, y los otros tres del PP).
DECLARACIONES INSTITUCIONALES
Asimismo, en esta sesión plenaria se ha dado luz verde a dos declaraciones institucionales promovidas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP, actualmente con la alcaldesa del PP de Jerez, María José García-Pelayo, de presidenta).
En una de ellas, en el marco del 46 aniversario de la sacrosanta Constitución de 1978, se hace hincapié “en el compromiso del municipalismo” con el sistema democrático configurado en la Carta Magna posfranquista, a la que se reconoce como “norma fundamental del Estado” y “base de la convivencia entre españoles”, que “garantiza la autonomía política de los municipios”.
La otra declaración de la FEMP reconoce al transporte público como “un pilar fundamental para la movilidad urbana sostenible”, y recomienda a las entidades locales “crear un entorno urbano saludable, en el que el transporte público y la movilidad activa no sólo sea una alternativa viable al automóvil privado, sino que sea la opción preferida” para la ciudadanía.
Y entre otros puntos, ya en el turno de preguntas, el principal partido de la oposición le ha requerido información a la presidenta Almudena Martínez sobre el polémico viaje a Argentina (nadie sabe para qué todavía) del vicepresidente y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, “para que quede claro que no ha hecho uso en ningún momento de fondos de la institución y certifiquen que ha sido un viaje exclusivamente privado”. Beardo ha rehuido de dar la cara y a esas horas estaba plantando árboles con escolares en su localidad.
