Era lo esperable: tras confirmar el Gobierno de España (presionado por Podemos) que prorroga seis meses más los descuentos adicionales en el transporte público terrestre para viajeros habituales que se vienen aplicando en trenes y autobuses desde finales de 2022, con la excusa de la guerra en Ucrania, ahora es la Junta de Andalucía la que anuncia (con peros) que también mantendrá hasta mitad de 2025 su subvención extra para quienes usan la tarjeta verde de los Consorcio de Transportes andaluces.
Así, a dos días de que acabe 2024, la consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda informa de que mantiene todo como está hasta al menos el 30 de junio. O sea, en el caso de la Bahía de Cádiz, quienes se suben a autobuses interurbanos, urbanos y al Trambahía y cancelan su viaje con la tarjeta verde, pagan un 50% adicional menos del precio del billete ya rebajado (aunque no demasiado) con el uso de dicha tarjeta monedero.
En esa rebaja del 50% del precio del billete para usuarios recurrentes, el Estado aporta el 30% y la Junta asume el 20% restante (que es lo mínimo a lo que le obliga el Gobierno central para optar a esta ayuda). Lo mismo ocurre con cada ayuntamiento que quiera mantener estos descuentos para los usuarios de sus bonobuses correspondientes (debe aportar al menos el 20% del coste).
De este modo, y una vez que la Junta ha subido (sin hacer ruido) el precio del billete ordinario en los autobuses interurbanos desde el 1 de diciembre un 3,5%, viajar por ejemplo entre Cádiz y San Fernando (o viceversa), uno de los trayectos más demandados en la comarca, cuesta ya 2,10 euros. Un coste abusivo que con el uso de la tarjeta del Consorcio (tanto en el bus, como en el Trambahía e incluso el Cercanías) se queda en 0,56 euros gracias al descuento adicional; pero a partir del verano, cuando caduque la ayuda extra (si no hay novedades), rondará los 1,5 euros por trayecto, un precio que tampoco parece del todo atractivo.
“NO ES ENTENDIBLE QUE SE APURE HASTA EL ÚLTIMO DÍA”
“En Andalucía estamos convencidos de que la mejor manera de incentivar el uso del transporte público es con medidas permanentes y sin tanta incertidumbre”, apunta al respecto la consejera de Fomento, Rocío Díaz, que por supuesto culpa de todo al Gobierno de Pedro Sánchez.
En este sentido, esta política de derechas lamenta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz que el Gobierno de PSOE y Sumar “haya dilatado, una vez más, hasta última hora la decisión de aportar una parte del descuento pese a que, desde las comunidades autónomas, le pedimos de manera insistente mayor planificación”.
“No es entendible que se apure hasta el último día cuando es una medida compartida, en la que Gobierno de España y comunidades autónomas debemos ir de la mano y con la máxima transparencia”, se queja Rocío Díaz, quien interpreta asimismo que estas bonificaciones “sólo son posibles si lo costean ambas administraciones”.
Y no desvela si su administración en solitario actuará con nuevas medidas para que quienes se han subido al transporte público en los últimos años atraídos por los precios asumibles no vuelvan a coger el coche a partir del 1 de julio de 2025. Algo que sí ha hecho el Ejecutivo estatal (anunciando un bono de Cercanías mensual de 20 euros y otras iniciativas).
