El acceso a una vivienda digna se complica cada vez más en casi cualquier rincón del Estado español, y por supuesto también en la provincia de Cádiz, especialmente en los municipios costeros más afectados por la expansión del alquiler turístico.
Así lo alerta el Informe sobre la situación de la vivienda en Andalucía 2025, presentado recientemente por CCOO, que evidencia el “grave deterioro del derecho a la vivienda” conectada con la problemática de la expansión del alquiler turístico. Al tiempo que critica la ausencia de políticas públicas eficaces frente a este fenómeno.
Centrados en la Bahía de Cádiz, los datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2023 (y recogidos en este estudio sindical, que obviamente no tiene en cuenta los arrendamientos no declarados) muestran que el precio medio del alquiler en ciudades como Cádiz, Rota o El Puerto de Santa María ha alcanzado niveles muy difíciles de asumir para muchas familias.
Mientras municipios tradicionalmente más asequibles, como Chiclana o Puerto Real, también muestran signos de tensión. Y la situación en Jerez de la Frontera, aunque no costera, tampoco es mucho mejor, con 5.664 casas enfocadas al alquiler residencial, pero otras 1.118 al negocio del turismo (a estas viviendas alquiladas por días en el caso de esta localidad con más de 200.000 habitantes se les saca una rentabilidad media del 10%, frente al 6,7% del alquiler a largo plazo).
“El informe andaluz lo dice claro: la turistificación está vaciando nuestros barrios y encareciendo la vivienda. No se trata de falta de casas, sino de un uso orientado al negocio privado y no a las necesidades sociales”, remarca la secretaria general de CCOO Cádiz, Inmaculada Ortega, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Este estudio confirma el auge del alquiler turístico en la provincia, con más de 16.600 viviendas registradas (en mayo de 2025) destinadas a este uso (sin contar las cientos de ilegales), de las cuales 1.539 se concentran legalizadas en la capital gaditana (el 2,7% sobre el total de sus viviendas). Pero es que en municipios como Conil y Tarifa este tipo de alojamiento representa ya alrededor del 15% de su parque residencial, “convirtiendo al turismo en uno de los principales motores de expulsión vecinal”.
ALQUILERES IMPOSIBLES PARA SALARIOS NORMALES
También sobresale el informe de CCOO-A (con datos de 2024 tomados del portal Idealista, y de 2023 de la AEAT) que en Cádiz capital el alquiler medio de una vivienda de 60 metros cuadrados asciende a unos 690 euros, lo que obliga a destinar casi el 40% del salario medio. Y para una casa de 90 m2, ese esfuerzo salarial se eleva ya al 60%, suponiendo más de 1.000 euros de renta. Esta situación afecta de forma especialmente dura a jóvenes de 25 años y mayores de 65, mujeres y familias con ingresos medios y bajos.
Indagando en el estudio, también se refleja el coste del alquiler residencial medio en el resto de poblaciones de la Bahía (con datos oficiales de 2023): en Jerez, la renta habitual ronda los 541 euros; en San Fernando, los 501 euros (y apenas hay 217 pisos turísticos, el registro más bajo de toda el área metropolitana); en El Puerto, los 781 euros; en Chiclana, los 521 euros; en Puerto Real, los 529 euros (y existen hasta 285 viviendas turísticas, superando a La Isla pese a la diferencia poblacional); y en Rota, los 935 euros, una cifra superior a la de muchas capitales andaluzas y que se sustenta por la existencia de la Base Naval y al negocio del alquiler de casas a militares estadounidenses.
Así, un vecino tipo en la Bahía con suerte de encontrar un piso en alquiler de larga estancia en su localidad paga de media aproximadamente 642 euros mensuales.
DESAHUCIOS POR IMPAGO, LA OTRA CARA DE LA CRISIS
Pero además, la presión sobre los hogares no se manifiesta solo en los precios de los alquileres, sino también en los lanzamientos: en 2024, hasta 395 familias gaditanas en alquiler fueron desalojadas por impago, frente a 164 por ejecuciones hipotecarias: “los desahucios por no poder pagar el alquiler ya suponen casi el 72% del total en la provincia”.
“Con este informe de CCOO constatamos una realidad que venimos denunciando desde hace años: vivir en Cádiz es cada vez más difícil para quienes trabajan en Cádiz. El turismo no puede seguir arrasando con el derecho a vivir aquí”, concluye la líder provincial del sindicato, quien advierte que “la vivienda se ha convertido en una trampa para quienes viven de su salario”.
El encarecimiento de la vivienda junto al insuficiente aumento salarial tiene como consecuencia un incremento del esfuerzo por parte de las personas asalariadas para pagar la vivienda, se remarca en las conclusiones de este estudio a nivel autonómico.
De esta forma el porcentaje de los ingresos salariales medios destinado a la cuota hipotecaria en Andalucía se sitúa en el 38,1%, mientras que en el caso de los alquileres asciende hasta el 39,6%. Un problema que afecta en mayor medida a la población joven, la cual se ve obligada a recurrir a habitaciones en pisos compartidos, “cuya renta ya asciende de media a los 391 euros al mes”.
CCOO EXIGE MEDIDAS URGENTES
Por el gran perjuicio que supone esta desigualdad para la clase trabajadora, CCOO ha incorporado ya “el derecho a la vivienda” como prioridad en su acción sindical. Y se exige una intervención “inmediata y estructural”.
Entre las medidas que reclama están: la suspensión de nuevas licencias de viviendas turísticas en zonas tensionadas; la regulación efectiva de los precios del alquiler, basada en criterios sociales; la movilización del parque de viviendas vacías hacia el alquiler asequible; el refuerzo de la vivienda protegida, tanto en alquiler como en propiedad; un plan provincial de emergencia habitacional, con participación sindical y ciudadana; y un refuerzo de los servicios sociales para prevenir desahucios silenciosos y situaciones de sinhogarismo “paralizándolos en el caso de las familias más vulnerables y estableciendo la obligación de ofrecer alquiler social en el caso de bancos y grandes propietarios, y realojo por la administración en casos de pequeño propietario”.
En definitiva, este sindicato reclama a las administraciones una actuación “coordinada y decidida” para recuperar la función social de la vivienda, “y poner fin a una crisis habitacional que ya es estructural”.
