La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha hecho un llamamiento a las administraciones públicas en Cádiz para que pongan fin de una vez por todas al problema de la infravivienda en el casco antiguo de la capital, “que, a la luz de lo acontecido recientemente, todo parece indicar que podría estar afectando todavía a un buen número de familias”.
En los últimos días se han conocido derrumbes en dos fincas habitadas, más allá del caso de la finca medio en ruinas de Javier de Burgos, donde los inquilinos están peleando con la propiedad (la Sareb) una solución.
Con este contexto, la Apdha plantea que Ayuntamiento y Junta de Andalucía retomen la política dirigida a acabar con la infravivienda en la ciudad, abandonada hace años.
Para empezar, “es necesario actualizar el mapa de infravivienda que data de 2016” y que cifraba en 50 las infraviviendas habitadas en intramuros, otros 146 edificios ruinosos deshabitados y 25 los solares sin uso.
“Hay que conocer cuál es el estado actual de dichas fincas, cuáles se rehabilitaron o construyeron, cuántas se mantienen igual y cuántas se han podido sumar en estos años a esta categoría de infravivienda. Así podremos determinar el número de familias gaditanas que continúan viviendo en situaciones de infravivienda”, se señala en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“LAS POLÍTICAS EN MATERIA DE INFRAVIVIENDA HAN DESAPARECIDO”
Por otro lado, se denuncia que las políticas públicas en materia de infravivienda “han desaparecido prácticamente de los planes de vivienda, tanto estatales como autonómicos”. En Cádiz la última convocatoria de la Junta para rehabilitación residencial fue en 2020, e iba destinada exclusivamente para la barriada de La Paz, en extramuros. Mientras la ordenanza municipal de infravivienda de 2007 que contemplaba ayudas para la rehabilitación de inmuebles “nunca se llevó a la práctica”.
En cuanto a los incumplimientos en los deberes de conservación por parte de los propietarios de fincas, la Apdha cuestiona que el Consistorio “apenas acomete actuación alguna más allá de los requerimientos; no se alcanza casi nunca la fase de imposición de multas ni la declaración de incumplimiento”.
De esta forma, la administración local “actúa en muy pocas ocasiones como ejecutor subsidiario de las obras ya que, entre otras cuestiones, no contempla en sus presupuestos la cantidad necesaria para llevarlas a cabo ni cuenta tampoco con alojamientos alternativos para el realojo de las personas inquilinas”, se evidencia.
“SI LOS PROPIETARIOS NO CUMPLEN, HAY QUE EXPROPIAR”
A juicio de esta asociación, el Ayuntamiento de Cádiz debe actuar “con determinación” frente a particulares o empresas, como la Sareb, que están incumpliendo de manera flagrante sus deberes de mantenimiento y conservación: “es preciso avanzar en la incoación de expedientes sancionadores y llegar hasta el final, incluso si fuera necesario con la expropiación”.
También se precisa que el presupuesto municipal contemple partidas suficientes para la ejecución de obras subsidiarias cuando la situación lo requiera, así como que habilite vivienda pública o alojamientos transitorios para dar realojo a las familias que están viviendo en condiciones de inseguridad e insalubridad por el incumplimiento impune de la propiedad.
Y en paralelo, la Apdha insiste en pedir que se pongan en uso solares propiedad de las administraciones “para que se transformen en viviendas dignas y habitables”.
