Una vez que saltaba a la luz la insostenible situación que soportan los residentes de la finca de Javier de Burgos 19, en pleno centro histórico de Cádiz, amplificada por partidos como Adelante Izquierda Gaditana e Izquierda Unidad, y respaldada por el Sindicato de Inquilinas de Cádiz, la propietaria de la misma, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, o más conocido como banco malo, con importante participación del Estado), reaccionaba al fin tras meses ignorando los requerimientos del Ayuntamiento.
En ese punto, el Sindicato de Inquilinas celebraba que “tras semanas de lucha vecinal y de presión sostenida”, la Sareb accediera a abrir una vía de negociación con las familias que pagan su alquiler en esta infravivienda.
Sin embargo, ahora reconoce que la propuesta recibida por estos inquilinos “no solo resulta insuficiente, sino que es directamente inasumible para familias trabajadoras que llevan años en el edificio”. Y es que se plantea “el abandono inmediato de sus hogares sin garantías reales de realojo temporal en Cádiz”.
En este sentido, para la tarde de este miércoles se ha convocado una acción colectiva en el propio edificio para respaldar la lucha de estos vecinos (“frente al abandono institucional, ofertas inasumibles y riesgo de desalojo”) y para reivindicar “el derecho a vivir en Cádiz”.
“UNA OFERTA TRAMPA”
La propuesta de la Sareb (con participación estatal) consiste en un realojo fuera de la ciudad, “con soluciones temporales y sin ningún compromiso firme de fecha de retorno”. Una salida que “desarraiga a las vecinas y rompe los vínculos vitales que las unen a sus barrios, escuelas, centros de salud y redes de apoyo”. Para el Sindicato de Inquilinas, “no es una solución: es una expulsión encubierta”.
“La prisa con la que quiere realojar a las inquilinas choca con el interés mostrado en los años anteriores por la situación. Para la propiedad esto es nada más que un cierre de expediente, una mancha que hay que borrar. La vida y los intereses de las cinco familias que viven en la finca no es lo prioritario”, se denuncia en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
El primer “movimiento” de la Sareb ha sido blindar con puertas antiokupa la finca, “agravando la situación de peligro para las residentes y sus hijas, con riesgo real de caídas, incendios o aislamiento”. Y ahora que hay presión pública, “aparecen con una oferta que ignora por completo la realidad y las necesidades de las inquilinas”.
Mientras el Gobierno de España (de PSOE y Sumar) promete 50.000 viviendas asequibles de la Sareb, “en Cádiz lo que encontramos son ruinas, abandono e intentos de desahucio”, se insiste.
“SE DEBE GARANTIZAR UN REALOJO TRANSITORIO DIGNO Y CERCANO”
La posición del Sindicato de Inquilinas de Cádiz y de estas familias es firme: “si la finca necesita rehabilitación, la Sareb tiene la responsabilidad de garantizar un realojo transitorio digno y cercano”. Y el Ayuntamiento, se agrega, “debe implicarse directamente si dicha entidad no lo proporciona”. “Nadie debería verse obligado a marcharse de su ciudad por no poder pagar un alquiler o por la dejadez de una entidad pública con control directo del Gobierno central”, se apostilla.
La Apdha denunciaba semanas atrás, a partir de informes de la concejalía de Urbanismo, el riesgo de derrumbe e insalubridad de la finca. El último, de mediados de mayo, señalaba graves daños en la estructura, pudrición en las vigas, fisuras en los muros y falta de capacidad portante; más allá de la presencia de ratas y cucarachas.
Ante ello, el Ayuntamiento sostiene que ha actuado procediendo a desinsectar y desratizar la finca, sobre todo la planta baja que estaba deshabitada, “con el objetivo de encontrar una mínima salubridad”; asegura que ha realizado actuaciones de emergencia “para consolidar la finca y que sus residentes puedan vivir con seguridad”. Y ha iniciado un expediente de sanción contra la propiedad.
LA CUESTIÓN, POR PARTIDA DOBLE AL PLENO
En paralelo, en el orden del día del pleno ordinario de junio del Ayuntamiento tanto PP como Adelante Izquierda Gaditana presentan mociones instando a la Sareb actuar en este inmueble.
En el caso de la coalición de izquierdas se exige a la propiedad “que actúe de urgencia ejecutando la reforma integral” de la finca. Y antes de acometer las obras, “que realojen en el propio término municipal de Cádiz a las familias que viven en su interior y formalicen con ellas un nuevo contrato de alquiler social para Javier de Burgos, con objeto de que retornen a dicha finca una vez concluyan los trabajos”.
En su propuesta, AIG, que lamenta la “indiferencia” demostrada por el alcalde Bruno García y sus concejales de Asuntos Sociales y de Vivienda en este asunto, también exigirá al Consistorio que, “ante la inacción demostrada hasta el momento por la Sareb y el peligro existente para las familias, las reubique de manera inmediata y transitoria” en la propia ciudad.
Mientras, el PP en su moción más genérica insta a la Sareb a una “pronta solución” para las familias residentes en dicha finca de su propiedad en la calle Javier de Burgos.
Y de paso, la derecha en su propuesta le pide que lleve a cabo con carácter urgente las actuaciones de mantenimiento, seguridad e inspección técnica necesarias en el resto de los inmuebles de su propiedad en Cádiz para que puedan ser transferidos a la empresa municipal de vivienda (Procasa) “y puestos a disposición de las familias gaditanas con mayores necesidades”. En la capital, la entidad posee 67 activos: 49 viviendas, cuatro anejos, 12 unidades de obra en curso, una parcela y un inmueble de uso terciario.
