Se ha logrado en Cádiz frenar temporalmente el desahucio de Juan Antonio y Marisol, fijado para este 26 de noviembre, tras más de dos semanas de presión social y vecinal. El BBVA y su fondo buitre Divarian pretenden echarles de su piso de la calle Matrona Modesta Calvo, heredado de la familia, en el que llevan residiendo desde hace dos décadas.
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Cádiz, que está asesorando a este matrimonio, celebra esta “victoria” que “alivia y tranquiliza, pero no acaba con la lucha”, al tiempo que lamenta que ni la empresa municipal de vivienda, Procasa, ni los Servicios Sociales del Ayuntamiento “han hecho nada por evitar el desahucio, solo la organización colectiva lo ha conseguido”.
A principios de este mes de noviembre, este colectivo hacía público esta amenaza de desahucio en la capital gaditana y lanzaba un llamamiento a la ciudadanía a colaborar para evitarlo.
Tres semanas después, “la movilización para presionar al BBVA en varias de sus sedes, el asesoramiento jurídico y sindical y la presión social, junto con el apoyo y la concienciación de cientos de personas, tuercen el brazo del poder inmobiliario”, afirman desde el Sindicato de Inquilinas en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Un poder económico, político y judicial que, se añade, “es capaz de pasar por encima de una familia trabajadora que lleva 22 años en un hogar, que antes pertenecía a sus antepasados, con tal de rentabilizar al máximo posible cada centímetro de vivienda y suelo de nuestra ciudad”.
“LA MOVILIZACIÓN NO ACABA AQUÍ”
“Cuando las vecinas y las inquilinas se organizan, se gana. Pero las victorias a veces no son definitivas”, se admite. Y es que en este caso la presión ha logrado que el desahucio se paralice en los juzgados, pero temporalmente; en principio se pospone hasta después de navidades.
Por ello, la movilización “no se acabará hasta que Juan Antonio y Marisol logren quedarse en su casa”.
Al respecto, el Sindicato de Inquilinas avanza que no cesará en la lucha, en la organización y en realizar las convocatorias que sean necesarias hasta que el banco y su fondo buitre, “los máximos culpables de la situación”, acepten que estos vecinos, “después de haber pagado 50.000 euros de hipoteca”, deben de quedarse en su casa pagando un alquiler digno: “es lo justo y lo que se merecen frente a todo un sistema inmobiliario que está destrozando nuestra ciudad, sus barrios y la vecindad”.
“La solución es clara -se sentencia-, y no debe ser una alternativa habitacional, ni una pensión, ni un albergue, ni una vivienda municipal, sino simple y llanamente que podamos vivir en nuestras casas y que estas no caigan presas de la especulación inmobiliaria y del rentismo”.
O COMER O PAGAR LA HIPOTECA COMPLETA
En 2002, este matrimonio contrajo una hipoteca con el BBVA que, por culpa de un accidente laboral en el sector de la construcción en 2013 y una pensión muy baja, “se vio obligada a empezar a abonar en parte. Tenía dos opciones: o comer o pagar la hipoteca completa”. Desde esa fecha “y a pesar de los intentos de negociación”, el banco decidió no recoger la parte que se iba pagando, canceló la letra, y les demandó en 2016.
Pero la historia da una vuelta de tuerca más. Como esta entidad bancaria no podía expulsar a la familia de su hogar, en 2018 traspasó la vivienda a su gestora de activos tóxicos, Divarian, un fondo de inversión propiedad de Cerberus (estadounidense) y del propio BBVA. “La razón era clara: poder agudizar las prácticas de acoso para que Juan Antonio y Marisol cediesen en su lucha por quedarse en su hogar”, se denunciaba días atrás.
Pese a todo, Marisol y Juan Antonio se ha organizado con el Sindicato de Inquilinas y han tomado la determinación de “quedarse en su barrio, en su casa, en Cádiz, y luchar hasta conseguir un alquiler digno en su hogar”.
