UGT en el Ayuntamiento de Cádiz se ha hecho eco estos días de la situación de impago que sufre la plantilla encargada de la vigilancia y control de museos y teatros municipales, servicio adjudicado a la firma Global Servicios, aunque el contrato finalizó en julio de 2023, y desde entonces se mantiene en situación precaria, a la espera de que se adjudique el nuevo pliego.
La plantilla (que da servicio a espacios como el Castillo de Santa Catalina, el Museo del Títere, la Casa del Carnaval, el ECCO, el Baluarte de la Candelaria o el espacio Entre Catedrales) ha comenzado a movilizarse colgando carteles en las instalaciones municipales que cubre, con el fin de visibilizar su situación que consideran de “abandono institucional”.
El conflicto, relata esta sección sindical en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz, tiene su origen en la deuda acumulada del Ayuntamiento gaditano, que rondaría ya el millón de euros, con la empresa Global Servicios, adjudicataria del servicio hasta verano de 2023.
Desde esa fecha, el Consistorio no ha formalizado un nuevo contrato, pese a que el proceso de licitación se encuentra en su fase final (de hecho, ya está seleccionada la firma Cecodisa como con la oferta mejor clasificada). Mientras tanto, Global Servicios ha continuado prestando voluntariamente el servicio para evitar que diferentes espacios culturales municipales quedaran desatendidos, “una decisión que habla de su compromiso”.
EL “COMPROMISO” DE GLOBAL SERVICIOS CON LA CIUDAD LE HA ABOCADO A LA INSOLVENCIA
Sin embargo, dicha continuidad del contrato pese a estar caducado ha derivado en una “grave crisis económica” para la empresa. Y es que Global Servicios ha seguido emitiendo facturas “ajustadas a precios actualizados de 2023 y posteriores”, pero el Ayuntamiento insiste en abonarlas conforme al marco económico del pliego adjudicado en 2019, “lo que genera una diferencia sustancial”.
Esta situación afecta directamente a la plantilla de auxiliares, compuesta por entre 13 y 16 trabajadores según turnos y temporadas, todos ellos integrantes de un centro especial de empleo (son personas con algún tipo de discapacidad). UGT alerta del carácter especialmente vulnerable de este colectivo, que ha dejado de percibir su salario de forma regular. La nómina de febrero llegó con tres semanas de retraso, mientras que la correspondiente a marzo aún no se ha abonado.
EXISTE UNA SOLUCIÓN EXCEPCIONAL
Finalmente, UGT considera que el Gobierno local del PP liderado por Bruno García podría resolver el problema mediante la vía excepcional de levantar el reparo técnico que bloquea los pagos y autorizar los abonos adeudados, tal y como ya hizo el gobierno izquierdista de José María González ‘Kichi’ en el anterior mandato en situaciones similares con otras plantillas, “amparado en la normativa vigente”.
“Sin embargo, ahora este mismo recurso legal se convierte en un obstáculo político: el PP criticó duramente esa práctica cuando estaba en la oposición, y parece reticente a aplicarla, aunque la realidad laboral exija lo contrario”, lamenta este sindicato.
