La Asociación de Profesionales y Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA Pro) ha manifestado públicamente su preocupación ante el reciente anuncio del alcalde de Cádiz, Bruno García, de limitar al 4% el total de Viviendas de Uso Turístico (VUT) en la capital.
“Es el índice de equilibrio de presión turística”, para el primer edil del PP, al tiempo que reconoce que ese tope en la actualidad, y atendiendo al registro oficial de la Junta de Andalucía, ya se está superando en la ciudad, rondando el 4,23%. Y eso que, evidentemente, no tiene en cuenta los pisos turísticos ilegales.
Sin embargo, como es previsible, para quienes están detrás del negocio de las viviendas turísticas, “esta medida carece de una base técnica sólida y podría tener un impacto negativo tanto en el sector turístico como en la economía local”. Y repiten, como lo hacen de forma recurrente las inmobiliarias, que “el verdadero problema del acceso a la vivienda no recae en las viviendas turísticas”. De hecho, señalan que hay aproximadamente 5.500 viviendas vacías en Cádiz, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), frente a 2.396 viviendas turísticas legales (según el dato más actualizado).
Algo que contrasta con lo que se encuentra el gaditano de a pie que intenta vivir en su ciudad en el día a día: cada vez una oferta más limitada de pisos para alquiler residencial, y un auge de precios (tanto de la escasa oferta para alquilar como para comprar). Por ello mismo han surgido movimientos como la plataforma Cádiz Resiste, frente “al modelo turístico y especulativo que está expulsando a muchos vecinos de sus hogares”, que pone el foco principalmente en esa proliferación de viviendas turísticas.
“EXIGIMOS SEGURIDAD JURÍDICA Y DIÁLOGO”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el presidente de AVVA Pro, Juan Cubo, se queja de que su asociación no ha sido consultada por el Consistorio gaditano para la adopción de estas limitaciones, y lamenta que “no haya fomentado un diálogo previo con los principales actores del sector”. Además, opina que las decisiones “que afectan de manera tan significativa a un sector esencial como el turismo” debe estar respaldadas “por informes objetivos y actualizados, que garanticen la seguridad jurídica de los propietarios y profesionales del sector”.
“Solicitamos al Ayuntamiento de Cádiz que reconsidere esta decisión y promueva un diálogo constructivo con las asociaciones del sector. Estamos dispuestos a colaborar para buscar soluciones que garanticen tanto la sostenibilidad del turismo como el bienestar de los residentes”, apostilla Cubo; “consideramos que solo mediante el trabajo conjunto se pueden implementar medidas equilibradas que beneficien tanto a los residentes como a los turistas”, añade.
Finalmente, esta organización (integrada por empresas, profesionales y propietarios dedicados a la gestión de viviendas y apartamentos turísticos en Andalucía) hace un llamado al Consistorio para que “proporcione seguridad jurídica y respete los procedimientos establecidos, que incluyen la adecuada publicidad y plazos para alegaciones”. Asimismo, insta “a priorizar la correcta utilización de los datos y estadísticas en la toma de decisiones que afectan al sector turístico”. Al tiempo, se recuerda que el decreto que regula las viviendas turísticas en la comunidad autónoma “exige que cualquier limitación sea por razones de imperiosa necesidad y esté respaldada por criterios objetivos y transparentes”.
IU PROPONE “AVANZAR DE VERDAD” EN EL FRENO A LA TURISTIFICACIÓN
Y frente al desasosiego de AVVA Pro, Izquierda Unida (parte integrante de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana) plantea “avanzar” en la estrategia para favorecer el “derecho a vivir aquí”, y ante el anuncio de Bruno García de “estudiar distintas propuestas”, se ofrece para “ayudarle en ese estudio que dice que está llevando a cabo”, para que no se eternice.
Con ese mismo ánimo, IU le adelanta que esa idea que ha expresado de limitar al 4% el total de las VUT en la ciudad debe realizarse de ser así, “pero distribuyendo ese límite por cada barrio”. Y es que si se toma la referencia actual, esa limitación sólo “ilegalizaría” a un 0,29% de las viviendas turísticas actuales; y se “perpetuaría” la excesiva presión turística que sufren distintas zonas del casco histórico.
De ahí que se propone que se aplique ese tope del 4% en cada barrio, y además, se avance en la estrategia modificando las normas urbanísticas para prohibir los pisos turísticos en fincas de grado 1 y revocar licencias que no cumplen actualmente con el PGOU (tras la modificación puntual llevada a cabo en el pasado mandato, con el rechazo del PP, por cierto).
“Con esta propuesta, zonas del centro que están sobresaturadas podrían ver reducida drásticamente la presión turística y recuperar la vida de barrio que siempre se ha mantenido”, se sostiene.
A estas medidas urbanísticas, repiten desde IU Cádiz, se deben implementar otras fiscales como la subida de las tasas de agua y basura a las VUT, lo que generaría un doble efecto, “por un lado disuasorio, y por otro recaudatorio para que contribuyan como deben hacer al mantenimiento de los servicios que se ven incrementados por la afluencia de turistas”.
