La tasa turística volverá a tener su protagonismo en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz.
En la sesión ordinaria de este mes de marzo los dos partidos de la oposición han presentado mociones al respecto que insisten en presionar a la Junta de Andalucía, y más en concreto a su reticente gobierno derechista, para que posibilite a las administraciones locales esta herramienta que permita aliviar en ciudades turistificadas el sobrecoste que soportan diferentes servicios públicos (limpieza, transporte, mantenimiento urbano…), asumido en solitario por los vecinos a través de sus impuestos.
Además, tanto PSOE como Adelante Izquierda Gaditana reparan en que el alcalde Bruno García se ha mostrado favorable a la implantación de esta tasa durante un reciente encuentro celebrado en Antequera junto al resto de alcaldes de las capitales andaluzas, todos del PP.
“Es positivo que haya reconocido por fin la necesidad de abordar este debate”, señalan los izquierdistas, mientras los socialistas aprecian todavía “ambigüedad” en el primer edil gaditano, mientras sus compañeros de Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada “ya lideran este discurso ante la Junta”.
PSOE: “NO ES UN DEBATE IDEOLÓGICO”
La moción del PSOE busca instar de manera urgente a la Junta de a la creación de un marco normativo que permita a los municipios que lo deseen la implantación de dicha tasa por estancia turística. La propuesta detalla además que la recaudación obtenida a través de la misma debería tener un carácter finalista, “a mejorar los servicios públicos y a mitigar los impactos en los barrios que sufren una mayor afluencia de visitantes”.
A decir del portavoz municipal socialista, Óscar Torres, la tasa turística “no es un debate ideológico”, sino una “cuestión básica para equilibrar las cuentas municipales” y garantizar la sostenibilidad del destino.
Y al tiempo lamenta la “inacción absoluta” del equipo de Gobierno popular, al que acusa de no haber realizado ni una sola petición en firme a Moreno Bonilla pese al respaldo plenario que ya ha obtenido esta medida en ocasiones anteriores. “Es necesario defender activamente un modelo de turismo de calidad que no comprometa la calidad de vida de los barrios”, sentencia Torres en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
AIG: “ES UNA MEDIDA IMPLANTADA CON NORMALIDAD EN MUCHOS DESTINOS”
De la misma manera, AIG repite que es imprescindible que los ayuntamientos dispongan de “herramientas que permitan compatibilizar la actividad turística con la sostenibilidad urbana, social y ambiental”. Y recuerda que en numerosos destinos turísticos la tasa turística se ha consolidado como un instrumento que permite que quienes visitan una ciudad contribuyan al mantenimiento de los servicios e infraestructuras que utilizan durante su estancia.
“Llevamos años defendiendo que Cádiz necesita contar con instrumentos que permitan gestionar mejor el impacto del turismo. La tasa turística no es una medida excepcional, sino una herramienta ya implantada con normalidad en muchos destinos y que permite reforzar los servicios públicos y el cuidado del patrimonio urbano”, expone el portavoz municipal izquierdista, David de la Cruz.
Esta formación puntualiza que las comunidades autónomas tienen competencias para crear tributos propios. Y por ello la Junta puede habilitar el marco legal necesario para permitir a los ayuntamientos implantar una tasa turística en sus municipios, sin necesidad de esperar a una modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por parte del Gobierno de España. De hecho, las tasas turísticas ya existentes se han aprobado mediante leyes autonómicas, como es el caso de Illes Balears (se paga entre 1 y 4 euros por noche) y Catalunya (también se aplica a los cruceristas).
A través de su moción, AIG propondrá que el Ayuntamiento respalde la implantación de una tasa turística en la ciudad como instrumento “para avanzar hacia un modelo de turismo sostenible y de calidad”. Asimismo, plantea que se inste a la Junta a habilitar de manera inmediata un marco legal que permita a los ayuntamientos decidir si desean implantar esta tasa; y trasladar este posicionamiento institucional al Parlamento andaluz y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
