¿Qué va a pasar con el servicio de ayuda a domicilio en Cádiz, con sus castigadas trabajadoras, con sus usuarios actuales y con los que por fin tienen reconocido este derecho pero siguen esperando?
La última adjudicataria del contrato, por más de 9 millones de euros anuales frente a los menos de 4 millones que suponía el anterior, la cooperativa andaluza de interés social Óbolo (aprobada con los únicos votos del PP), empezó a explotar el servicio a principios de agosto, y un mes después ya ha avisado al Ayuntamiento de que se marcha, renuncia al mismo al no verle la viabilidad, al no estar dispuesta a asumir las condiciones sociales recogidas en el pliego de condiciones que se ve que no se leyó.
Este anuncio llegaba días después de que a principios de septiembre el comité de empresa acusara a esta problemática empresa (señalada como ‘pirata’ por sus archiconocidos incumplimientos en otros ayuntamientos, como en el de El Puerto) de impagos, precarización y manipulación de los acuerdos alcanzados en el Sercla “con el fin de incrementar sus beneficios a costa de los salarios del personal”.
A partir de ahí trascendía que Óbolo se niega a asumir el complemento de 200 euros que el Consistorio acordó en el Sercla en 2024 con la anterior empresa y con la plantilla, y que ya ha pedido la resolución del contrato.
Pasan los días, y la oposición lamenta que el alcalde Bruno García y el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, siguen sin aclarar cuál va a ser su ‘hoja de ruta’ para dar solución a este problema “que ellos mismos han generado, ya que de haber municipalizado el servicio, el mismo ya se estaría prestando e incluso mejorando en la atención a los usuarios”.
“CAOS Y COLAPSO” EN EL SERVICIO
Al respecto, Izquierda Unida (dentro de la coalición municipal Adelante Izquierda Gaditana) remarca en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz que “mientras que Bruno y Otero siguen demorando el qué hacer, crece el desconcierto entre la plantilla y entre las propias personas dependientes, que acuden a los centros de Servicios Sociales a reclamar información sobre el estado de su prestación sin que ningún trabajador ni ninguna trabajadora les pueda aclarar ni el tiempo ni las soluciones previstas para que se les pueda asistir en el domicilio”.
Advierten IU que el “caos” generado por la marcha de Óbolo y el malestar entre el personal por los impagos en sus nóminas “está produciendo un colapso en la concesión de nuevas altas”. En ese sentido, ha tenido conocimiento de que numerosos auxiliares ya han decidido dejar la empresa y al mismo tiempo, ante el escenario de incertidumbre, no se consigue la contratación de nuevos trabajadores.
Para más inri, esta situación “está provocando retrasos en la puesta en marcha del servicio para adjudicatarios reconocidos. IU calcula que ya habría hasta 800 afectados en la capital: “son personas reconocidas como dependientes que han tenido que esperar casi dos años para que la Junta de Andalucía les reconozca la situación de dependencia y el derecho a un recurso, que deben seguir esperando ahora a la puesta en marcha del mismo por parte del Ayuntamiento”.
“EL ÚNICO CAMINO SEGURO ES LA GESTIÓN DIRECTA”
Una vez más, como han repetido en los últimos tiempos PSOE y AIG (y la propia plantilla), IU incide en que la derecha en el Gobierno local conocía los problemas que dicha empresa onubense estaba teniendo en la ejecución del contrato en otras muchas localidades, “y a pesar de ello les adjudicó el servicio”.
Y tras su renuncia, “tampoco parece reaccionar con agilidad y prontitud dada la magnitud del problema que ellos mismos han originado”, lo que conllevará “largos meses de espera y de pésimo funcionamiento de Óbolo, obligada a permanecer hasta tanto se resuelva el conflicto”.
Por todo ello, se exige al alcalde del PP que se tome en serio este problema: “debería de dejar el sectarismo y continuar la senda iniciada por el anterior equipo de gobierno izquierdista, preparar a la empresa municipal Procasa para que pueda acoger el servicio y proceder al rescate del mismo como numerosos municipios limítrofes ya han realizado”. Los casos más cercanos son los de San Fernando y Puerto Real.
IU recuerda que el consejo de administración de la empresa de vivienda ya aprobó a finales de 2022 atrás incluir en su objeto social este asunto, “por lo que Asuntos Sociales debe iniciar el estudio y el expediente de internalización”. “La externalización del servicio va a seguir siendo siempre una fuente de conflictos y de inestabilidad para la plantilla; el único camino seguro es la gestión directa pues permitiría blindar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, mejorar la prestación que se ofrece a las personas dependientes”, se defiende.
“Bruno García no va a tener más remedio, tarde o temprano, que reconocer que la municipalización es la única manera de mejorar las condiciones del servicio y dar respuesta a las demandas de una plantilla que no debe seguir soportando la precariedad en sus labores cotidianas”, apostillan desde IU.
EL PLENO DEBATIRÁ UNA VEZ MÁS SU MUNICIPALIZACIÓN
Precisamente AIG (donde se integra IU), eleva al pleno ordinario de este mes de septiembre entre sus mociones instar al Ejecutivo local a la municipalización del servicio de ayuda a domicilio “como único camino para dignificar las condiciones laborales de las casi 400 trabajadoras y el propio servicio, que es esencial para un millar de personas mayores y dependientes”.
Para este partido de la oposición, este servicio público vive su momento “más precario de la historia” tras la renuncia de Óbolo, y por ello reclamará en pleno que se retomen los trámites ya iniciados en el mandato anterior, con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía, “para la municipalización del servicio, como alternativa más garante de la calidad del mismo y de la dignificación del colectivo de trabajadoras”.
Moción que es casi seguro que contará con el respaldo del PSOE, cuyo portavoz municipal Óscar Torres, también ha exigido en los últimos días al alcalde que “deje de eludir sus responsabilidades y ponga en marcha de una vez por todas el expediente para la municipalización; seguiremos defendiendo los servicios públicos y estaremos al lado de las trabajadoras para que esta situación se resuelva de manera justa y definitiva”.
Para los socialistas, lo ocurrido en la ayuda a domicilio “no es un hecho aislado, sino que responde a un patrón de desgobierno absoluto que se ha instalado en la ciudad. “Cádiz está sumida en el abandono. Lo vemos cada día con la crisis de la limpieza, con barrios enteros que presentan una imagen de dejadez lamentable, y lo sufrimos con el caos de los autobuses urbanos, con vehículos que se averían constantemente y un servicio que no responde a las necesidades de los gaditanos”, se interpreta.
Y es que para el principal partido de la oposición, el actual Gobierno popular “se caracteriza por su incapacidad para fiscalizar a las empresas concesionarias y por su falta de liderazgo a la hora de afrontar los problemas. Su única estrategia es mirar hacia otro lado y culpar al pasado”.
