El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Cádiz (en costas procesales) por suspender, en 2017, un ciclo de cine israelí que se había programado en la ciudad. Dicha decisión, respaldada por un acuerdo del Gobierno local, queda anulada judicialmente. En su momento fue contestada por la asociación con sede en Madrid Acción y Comunicación en Oriente Medio (Acom), que acudió a la Justicia. Una sentencia que, en todo caso, no es firme “y contra ella no cabe otra cosa que la presentación de un recurso de apelación”, avanzan desde Podemos Cádiz.
En concreto, el Espacio de Cultura Contemporánea (ECCO) tenía programado a finales de septiembre de ese año una muestra de cine israelí, ofertando cuatro largometrajes de ficción en colaboración con la Embajada de Israel en España. Sin embargo, el ciclo se suspendió una vez iniciado por parte de la concejalía de Cultura, al comprobarse que “entra en contradicción” con el acuerdo de adhesión a la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí (ELAI), adoptado por la Junta de Gobierno Local en agosto de 2016, “comprometiéndose con la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones al Estado de Israel (BDS) por el incumplimiento de derechos humanos y legislación internacional contra el pueblo palestino”.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) no tardó en aplaudir este paso, mientras el Gobierno israelíta, a través de su Embajada en España, tildaba esta actuación del bipartito liderado por José María González ‘Kichi’ como un acto de “censura cultural” basado en “criterios políticos, algo que nos recuerda épocas oscuras de la historia contemporánea”.
“NOS CONDENAN POR DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS”
Ante esta sentencia, la coordinadora general de Podemos Cádiz, Laura Mingorance, ha incidido en que “a nosotros nos condenan por defender los derechos humanos o la verdad sobre el caso Loreto, pero no por el uso indebido de dinero público en prostíbulos, ni por corrupción o por tener una caja B. Tampoco se nos investiga por el despilfarro en gambas y Campari, ni por pagar una tesis dudosa con dinero público. Ahí está la diferencia, y por eso seguiremos con la cabeza alta luchando por la defensa de los derechos de las personas, y no por nuestro interés propio”.
Asimismo, la formación morada lamenta que la Justicia “no sea tan diligente en sus decisiones en otros caso cercanos como el de los gastos irregulares de Ignacio Romaní en Aguas de Cádiz o en las tesis irregulares”, vuelve a poner como ejemplo.
Podemos defiende que la decisión del Consistorio gaditano se enmarca en la campaña de solidaridad ciudadana global, no violenta y antirracista de boicot, desinversiones y sanciones contra el Apartheid israelí. El movimiento BDS pretende concienciar a la sociedad e instituciones de que el final de la violencia del Gobierno israelí contra el pueblo palestino pasa por presionarles y provocar un cambio interno y externo que aísle la política sionista israelí, tal y como se consiguió en Sudáfrica, de manera que se termine con el statu quo que hace inamovible la situación actual. “Se trataba de apoyar la lucha del pueblo palestino por sus derechos humanos, así como el derecho a la igualdad y a la autodeterminación”, aclara Mingorance en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
“PRECONIZAR LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE ISRAEL DEBE TENER CONSECUENCIAS”
Por su lado, la asociación denunciante, Acom, no ha dudado en celebrar esta sentencia, en airearla y en tachar al Gobierno local de Cádiz de “extrema izquierda”. Este colectivo asegura que el Contencioso Administrativo, con la suspensión de dicho ciclo cultural, señala que “se ha limitado el libre desarrollo de la libertad de expresión y de cátedra, y al derecho a no ser discriminados por sus opiniones”.
“Los promotores institucionales de dichas decisiones discriminatorias incurrieron en una grave imprudencia: ya que ninguno de ellos podía alegar desconocimiento, dada la ingente cantidad de sentencias en contra de este tipo de boicots, gracias a los procesos legales liderados por Acom”, se apostilla.
“Preconizar la destrucción del estado de Israel y limitar los derechos civiles y económicos de sus ciudadanos, empresas y amigos atenta contra valores fundamentales recogidos en nuestra Constitución y debe tener consecuencias”, interpretan desde Acom que significa que Cádiz apoye la campaña Espacio Libre de Apartheid Israelí.
Acción y Comunicación en Oriente Medio dice ser el grupo de referencia de la sociedad civil española que “lucha contra la discriminación antisemita y el hostigamiento contra el único estado judío, está comprometido con que estas actitudes y su ilegalidad no queden sin respuesta”.
