El presidente de la Diputación se ha trasladado a Sevilla para abordar con el consejero de Justicia la situación del contrato de arrendamiento firmado en 2008 tras la permuta que afecta a la Audiencia. La institución provincial considera que se le está “okupando” su edificio, pero la Junta replica que cumple la literalidad del acuerdo.
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha recibido en Sevilla al presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y de la misma ha salido acusando al socialista de “falta de colaboración”. Pese a ello, este político del PP dice tender la mano “para avanzar en los proyectos que benefician a los gaditanos; siempre va a encontrar en esta consejería la disposición a dialogar como lo hacemos con todas las administraciones”.
En este encuentro, con presencia también de técnicos de ambas partes, uno de los asuntos que se ha abordado es el contrato de arrendamiento firmado entre ambas instituciones en 2008 tras la permuta que afecta al edificio de la Audiencia Provincial, en la Cuesta de las Calesas de la capital gaditana.
La Diputación ha pasado a reclamar a la Junta el pago de una renta por la ocupación del edificio, o bien a establecer un plazo para la entrega de este inmueble de su propiedad. El mismo entraba en la operación inicial de la Ciudad de la Justicia de Cádiz, que finalmente se localizará en otro emplazamiento distinto y sin albergar la Audiencia. La nueva coyuntura, para el Gobierno de la institución provincial, “desnaturaliza” el acuerdo entre instituciones de hace más de una década.
A colación, la institución provincial ha realizado una tasación sobre este edificio. Según dicho estudio técnico, el uso del inmueble debería comportar un pago de casi 26.200 euros mensuales equivalentes a cerca de 314.000 euros en el cómputo de un año.
Sin embargo, la consejería de Justicia mantiene la validez y vigencia de dicho contrato cuya cláusula cuarta “es clara a este respecto”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. Y se cita literalmente: “concluido el plazo de cuatro años establecido en la cláusula segunda, y para el caso de que la nueva sede judicial que la comunidad autónoma tiene previsto construir en Cádiz no esté disponible al uso del servicio público de la Junta, el presente contrato de arrendamiento se ampliará hasta el momento del traslado de los órganos judiciales a la nueva sede, sin derecho a percibir la Diputación cantidad alguna en tal concepto”.
“se va a seguir trabajando con la mejor voluntad de diálogo y la mejor actitud posible, pues el empeño es lanzar la Ciudad de la Justicia”
Desde el Ejecutivo andaluz de derechas se reitera en que “se va a seguir trabajando con la mejor voluntad de diálogo y la mejor actitud posible, pues el objetivo y el empeño es lanzar la Ciudad de la Justicia de Cádiz”, proyecto (que ahora se contempla en suelos cedidos gratis por el Ayuntamiento en los antiguos depósitos de tabaco) en el que se ha invitado al presidente de la Diputación a participar. Al respecto, se lamenta que Ruiz Boix “en lugar de ofrecer colaboración haya preferido poner palos en la rueda y obstaculizar el trabajo de la Administración de Justicia en Cádiz”.
La Junta considera que está cumpliendo “escrupulosamente” el contrato, “con un esfuerzo que va a suponer una inversión de más de 60 millones de euros para beneficio de Cádiz y de sus partidos judiciales, para que cuenten con la Ciudad de la Justicia que se merecen”. Un proyecto que lleva prometiéndose años y años…
Mientras en los últimos días se ha tenido que clausurar el edificio de los juzgados de San José por deficiencias estructurales, dejando a la capital con un problema importante en este sentido.
LA DIPUTACIÓN ANUNCIA ACCIONES LEGALES CONTRA LA JUNTA
“Una posición intransigente” y “errónea” es la que, en opinión del presidente de la Diputación de Cádiz, mantiene el consejero de Justicia. “El espíritu de cooperación, colaboración y lealtad institucional por parte de la Junta no es el adecuado”, afirma Ruiz Boix, motivo por el que ha anunciado acciones legales para “defender los derechos de los vecinos de la provincia”.
Insiste quien además es líder provincial del PSOE en que las declaraciones de Nieto apuntan a que cuando se construya el complejo judicial lo hará en los antiguos depósitos de tabaco y, en consecuencia, “el espíritu” del convenio de 2008 “ha decaído totalmente”.
“el consejero lo que quiere es mantener esta irregularidad, este aprovechamiento por el que únicamente hay un beneficiario que es la Junta y un claro perjudicado que es la Diputación”
“Ahora la Junta tiene una ocupación ilegal del edificio de las Calesas y mantiene la propiedad del solar de Brunete; tiene por tanto los dos bienes en sus manos y en la Diputación, en deterioro de los intereses de nuestro patrimonio, no contamos con ninguno de los bienes que eran objeto de la permuta: ni el que entregamos, ni el que teóricamente teníamos que recibir”, precisa. Es por esto por lo que Ruiz Boix ha vuelto a reclamar el abono del arrendamiento del edifico de la Audiencia Provincial. Más de 3 millones de euros, que la Diputación estima que no ha percibido por el alquiler del edificio en los 10 últimos años. También ha ofrecido la anulación de la permuta y que cada entidad recupere el bien objeto del contrato, además de los diez años de alquiler.
“No obstante, Nieto ha mantenido una lectura creo que errónea, que no se corresponde con la realidad”, asegura el presidente de la Diputación. El objetivo de la permuta “no era favorecer a una administración por encima de otra, como ocurre hoy día”, incide. “El consejero lo que quiere es mantener esta irregularidad, este aprovechamiento por el que únicamente hay un beneficiario que es la Junta y un claro perjudicado que es la Diputación”.
Además, Juan Carlos Ruiz Boix sostiene que si la administración autonómica termina pagando lo que se le exige, su intención es utilizar esa cantidad para poner en marcha un plan de empleo con el que ofrecer una primera oportunidad laboral a la juventud de la provincia.
EL PP LAMENTA EL “REPENTINO INTERÉS” DE LA DIPUTACIÓN
El PP provincial no ha tardado en salir en defensa de ‘su’ Junta de Andalucía. Para su presidente, Bruno García, “es difícil de explicar el repentino interés de la Diputación por reclamar a la consejería de Justicia un alquiler por el edificio de la Audiencia Provincial cuando en los 14 años que los órganos judiciales llevan ubicados en el edificio jamás se había planteado, máxime cuando el contrato de arrendamiento estipula expresamente que la Junta estará exenta de pago hasta que se haga la Ciudad de la Justicia, algo que el PSOE no fue capaz de hacer en tres lustros”.
Aseguran además desde la derecha que fue PSOE en la Junta el que “en 2014 descartó la ubicación de la Ciudad de la Justicia en el solar de la calle Brunete para empezar a marear con distintos emplazamientos, sin que ningún socialista en todo ese tiempo viera ninguna ocupación ilegal que ahora cuestiona Ruiz Boix”.
Obviamente, García no duda de que desde la actual consejería de Justicia “se están dando pasos decididos para que la Ciudad de la Justicia sea una realidad lo antes posible”.
