En línea con la reacción de los dos partidos de la oposición municipal, PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) cree que el reciente acuerdo patrimonial y urbanístico suscrito entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz “esconde en realidad un afán de la administración autonómica, con el beneplácito del Gobierno municipal del PP, para enriquecerse con la venta de nuestro patrimonio público”.
En la teoría, este convenio dice buscar “revalorizar” seis parcelas e inmuebles en la capital gaditana de la administración andaluza abandonados o en desuso; con esta operación se quiere concentrar dependencias administrativas de la Junta y disponer de suelo para la construcción de viviendas. El punto más relevante del mismo es que se insiste en vender la antigua sede de la Escuela de Náutica, frente a La Caleta, pero ahora la idea es que tras su rehabilitación por un promotor privado, este emblemático edificio BIC tenga un nuevo uso residencial.
“SE CONSTRUIRÁN VIVIENDAS CON UNOS PRECIOS INASUMIBLES”
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, la Apdha lamenta que este acuerdo firmado entre la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, y el alcalde Bruno García, sea “otra oportunidad perdida para la cooperación de las dos administraciones públicas en la búsqueda de soluciones a los problemas de vivienda que padecemos”.
Los acuerdos adoptados, “entre los que se incluye la venta de Náutica a una promotora privada y muy probablemente de la finca de Marqués de Valdeíñigo y de parte de los suelos de Tolosa Latour”, para esta entidad “van a derivar en la construcción de viviendas con unos precios inasumibles para la mayor parte de la población y muy especialmente para la gente joven”.
“En muchos casos puede que estas viviendas no lleguen a tener uso residencial y que se destinen a segunda vivienda o como simple objeto de especulación de particulares o fondos de inversión. Mientras, en Cádiz hay más de 5.000 familias como demandantes de vivienda protegida en el registro que gestionan Junta y Ayuntamiento y a las que están obligados a dar respuestas”, se replica.
Por otro lado, la Apdha considera que estas operaciones “no conllevan inversión alguna por parte de las administraciones firmantes y sí un lucro desmedido para la Junta” que, “con la complicidad del Ayuntamiento y mediante la especulación inmobiliaria”, pretende “autofinanciarse a costa de la ciudad”.
“Ambas administraciones no solo no abordan sus competencias, protegiendo el suelo y construyendo vivienda pública, sino que además venden el escaso suelo público que queda, comprometiendo nuestro futuro y abocándonos a la pérdida de población sin remedio”, se insiste.
“LAS ADMINISTRACIONES DEBEN PROMOVER VIVIENDAS PÚBLICAS EN ALQUILER”
Por todo ello, se exige a ambas partes, ahora con gobiernos de derecha, a que “den marcha atrás en su intención de vender estos suelos” y que tanto el edificio de Náuticas, como el de Marqués de Valdeiñigo, así como el solar entero de Tolosa Latour “se destinen a promover vivienda asequible al alcance de la mayoría”.
“Junta de Andalucía y Ayuntamiento, con el concurso también necesario de la administración central, -se remarca- deben promover directamente estas viviendas en alquiler y mantener por siempre la titularidad pública para asegurar el uso residencial, contribuir a limitar los precios en el mercado libre y frenar la pérdida de población”.
Para tal fin, “no se necesita modificación alguna del actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) puesto que, como Junta y Ayuntamiento saben, la actual Ley de Vivienda permite construir viviendas sociales en suelos dotacionales”, se aclara además.
Y de la misma manera, se insiste en reclamar la declaración de zonas tensionadas en Cádiz “para beneficiarnos del límite de los precios del alquiler que posibilita esa ley”; ley estatal a la que Moreno Bonilla y el PP ponen trabas para que se aplique en Andalucía.
Por último, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía llama a partidos políticos, a colectivos y a la ciudadanía en general, a emprender acciones conjuntas que impidan “que sigan desmantelando nuestro escaso suelo público, olvidando que deben ser las administraciones las primeras valedoras de lo público y que la Constitución les obliga a evitar la especulación y a promover los medios para garantizar el derecho a una vivienda digna, tal como dice la Carta Magna”.
