Ha llegado al Ayuntamiento un informe de la Agencia de la Competencia de Andalucía con el que justifica su intención de recurrir la medida aprobada en la capital frente a la turistificación. El Gobierno local lo tacha de “falto de rigor” y avanza que defenderá su apuesta por “un turismo de convivencia frente al descontrolado”.
El Gobierno local en el Ayuntamiento de Cádiz ha exigido a la Junta de Andalucía que “dé marcha atrás” en su “amenaza” de recurrir la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobada por el pasado pleno municipal de septiembre (con el voto en contra de PP y Cs) para limitar la proliferación de pisos turísticos y proteger el derecho de los gaditanos a vivir en su ciudad.
Es más, se avisa al Gobierno andaluz de derechas que se acudirá “a los tribunales o donde haga falta” en defensa del interés general y de un turismo de convivencia frente a un turismo “descontrolado o de masas”, con la tranquilidad, además, de que hay sentencias del Tribunal Supremo que se pronuncian a favor de las limitaciones municipales a las viviendas turísticas.
En concreto, a partir de lo aprobado por el Consistorio, en suelo residencial en el centro histórico sólo se pueden situar pisos turísticos y VFT (viviendas con fines turísticos) en fincas catalogadas como 0 y 1, mientras que en extramuros sólo se pueden habilitar en planta baja, primera y segunda.
INFORME “FALTO DE RIGOR”
La portavoz del equipo de Gobierno, Lorena Garrón, y el edil de Urbanismo, Martín Vila, en una rueda de prensa conjunta, ha anunciado que se ha recibido en el Ayuntamiento un informe “falto de rigor” de la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía en el que anuncia su intención de recurrir esta modificación del PGOU. Al respecto, Garrón y Vila han calificado este hecho de “surrealista” teniendo en cuenta que hasta tres consejerías de la Junta informaron favorablemente en el trámite de información pública.
En este sentido, la consejería de Salud reconocía que dicha modificación urbanística “mejora la salud pública”, desde la consejería de Fomento se decía que la modificación es “correcta” y desde la de Turismo se indicaba que este paso “es correcto y que no invade competencias”.
Se da la circunstancia, además, de que en el proyecto de Decreto de apartamentos turísticos y de viviendas con fines turísticos de Andalucía que promueve la actual consejería de Turismo, “se plantean más restricciones incluso al acceso y el ejercicio de esta actividad amparándose precisamente en la defensa del interés general”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Para el concejal de Urbanismo, el informe de la Agencia de la Competencia y la Regulación Económica de Andalucía, dependiente de la consejería de Economía, “ha obviado el expediente completo de la modificación del PGOU”, y argumenta su “amenaza de recurso” en que puede suponer “restricciones al mantenimiento de una competencia efectiva”, que supone “barreras de entrada y requisitos de ejercicio a los operadores económicos del sector de alojamiento turístico” y que puede entrañar un “cierre de mercado” que favorezca a los operadores ya establecidos, además de que las personas consumidoras tengan que pagar más por las VFT.
“las VFT son una actividad ejercida por particulares, no por empresas, y resulta contradictorio que le quieran reconocer los beneficios de las empresas cuando no tienen ninguna exigencia”
Ante ello, Vila anota que el “primer error de bulto” es que dicha Agencia trata de argumentar este “despropósito” en su informe considerando las viviendas con fines turísticos como una actividad económica cualquiera ejercida por una empresa y, además, justifica la necesidad de “garantizar la competencia real y efectiva” en el “principio de libertad de empresa”.
Frente a ello, recuerda que las VFT son una actividad ejercida por particulares, no por empresas, “y resulta contradictorio que le quieran reconocer los beneficios de las empresas cuando no tienen ninguna exigencia”. Se da el caso de que la normativa de Turismo establece una diferencia entre los establecimientos de alojamiento turístico (cuya titularidad es necesariamente de una empresa) y las viviendas turísticas (actividad ejercida por el propietario, que es una persona cualquiera y que, entre otras cuestiones, no aplica IVA).
Por tanto, el Gobierno de Adelante Cádiz entiende que este organismo de la consejería de Hacienda debería preocuparse de que las VFT suponen una “competencia desleal” respecto a los establecimientos de alojamiento turístico. La modificación del PGOU de Cádiz, al equiparar ciertas exigencias de las VFT a los establecimientos de alojamiento, “está reduciendo ese agravio”, por lo que “tendrían que felicitarnos por la iniciativa en lugar de intentar impugnarla”.
Por otro lado, Martín Vila resalta que el argumento del supuesto “cierre de mercado” cae por su peso, ya que se han seguido concediendo licencias de pisos turísticos desde que entró en vigor la moratoria: “más de 15 propuestas de pisos turísticos se han reconvertido a promociones de vivienda y, al mismo tiempo, locales vacíos o fincas no residenciales están albergando usos turísticos”.
Por tanto, para el edil de Urbanismo, lo que se consigue con la modificación del Plan General es “equilibrar el derecho a vivir en Cádiz con la economía” y limitar la actividad para que la ciudad no se convierta “en un parque temático”. Lo que busca la iniciativa “es eliminar la presión turística de gran parte del suelo residencial y proteger a los vecinos de una especulación sin control que los expulse de sus barrios”, insiste.
“NUEVO GOLPE AL MUNICIPALISMO”
Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno ha lamentado este “nuevo golpe que el PP y la Junta de Andalucía quieren asestar al municipalismo y a la autonomía local”, criticando que prefieran “alinearse con la especulación que ponerse del lado de la gente”.
Por ello, Garrón ha exigido a la administración autonómica que “dé marcha atrás”, advirtiendo de que el Ayuntamiento llegará “donde haga falta” para defender un turismo equilibrado y de convivencia para que “Cádiz conserve su identidad y que sea la ciudad de su gente y para su gente” desde el convencimiento de que la vivienda “es un derecho y no un bien de mercado”.
LA AGENCIA COMPARA TURISTIFICACIÓN E INDUSTRIALIZACIÓN
Horas después de comparecencia en San Juan de Dios, la propia Agencia de la Competencia andaluza confirmaba que ha acordado interponer ese recurso en la vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento “por establecer obstáculos a la competencia efectiva”.
Argumenta esta entidad de la consejería de Hacienda que la administración local fundamenta dicha modificación puntual del PGOU “para evitar la excesiva turistificación en la ciudad”. No obstante, replica, “la turistificación no es una razón de interés general por sí misma, de la misma forma que no lo es, por ejemplo, la industrialización, teniendo estas actividades efectos positivos, como son por ejemplo el empleo y el crecimiento económico, y negativos, como por ejemplo la contaminación. De este modo, la regulación pública debe potenciar los efectos positivos de la industrialización y adoptar las medidas necesarias para limitar sus externalidades negativas, no llegando a prohibir o cerrar estas actividades económicas en cualquier caso”.
En este sentido, se añade, “si la turistificación se desarrollara con aspectos problemáticos o disfuncionalidades, como por ejemplo impactos en el medioambiente o de convivencia, se podrían establecer de forma necesaria, proporcionada y no discriminatoria actuaciones y requisitos que tuvieran por objeto limitar tales externalidades negativas al objeto de minimizar sus efectos perjudiciales y reforzar los positivos, de manera que se regulara la actividad sin establecer un cierre de mercado”.
En cualquier caso, sentencian desde esta Agencia, la regulación de cualquier actividad económica “debe ajustarse a los principios de una buena regulación económica y favorecedores de una competencia efectiva”: de necesidad, de proporcionalidad (se llega a afirmar que el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas en la ciudad de Cádiz “es del 3,9%”), y de no discriminación.
La Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía dice ser un organismo público independiente que tiene como fines generales promover y preservar el funcionamiento competitivo de los mercados, así como contribuir a mejorar su regulación económica, garantizando la existencia de una competencia efectiva en los mismos y protegiendo los intereses generales, especialmente de las personas consumidoras y usuarias.
