La residencia de mayores Micaela Aramburu, en Cádiz, contará progresivamente con 90 de sus 120 plazas concertadas con la Junta de Andalucía: 30 serán en este año 2026, otras 30 en 2027, 30 más en 2028.
Este geriátrico municipal en la avenida Lacave se inauguró en 2013 con 120 plazas para mayores y otras 30 de estancia diurna, siendo financiada la obra por el Ayuntamiento (en tiempos de Teófila Martínez), aunque la gestión se derivó al negocio privado, actualmente a cargo de DomusVi. Las únicas plazas concertadas hasta ahora eran 10 sufragadas por la administración local, el resto son privadas.
“Se sacó a concurso para que una empresa la explotara y aunque desde el Ayuntamiento se intentó concertar plazas con la Junta (entonces gobernada por el PSOE) para que el mayor número de mayores gaditanos se pudiera beneficiar de la misma, nunca fue posible”, ha lamentado ahora el alcalde Bruno García, en 2013 ya concejal de Teófila.
De la misma manera, ha afeado que entre 2015 y 2023, durante los ocho años de gobierno izquierdista con José María González ‘Kichi’ en la Alcaldía, tampoco se fue capaz de concertar ni una sola plaza.
En este punto, y seguro que no tiene nada que ver que a mediados de este 2026 se celebren elecciones andaluzas, el popular Bruno García ha valorado la “coordinación actual” entre la Junta de Moreno Bonilla y su Ayuntamiento, ambos de derechas, “para dar este gran paso de concertar un total de 90 plazas para mayores de nuestra ciudad”.
“NO HAY PROGRESO SI NO LO HACEMOS CON LAS PERSONAS”
De la misma manera, se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el primer edil ha destacado la labor realizada por el concejal de Asuntos Sociales, Pablo Otero, y de todo su equipo técnico para hacer posible este compromiso “que adquirimos nada más llegar al gobierno de esta ciudad en junio de 2023, cuando prometimos avanzar en lo social”.
“Para nosotros no hay progreso si no lo hacemos con las personas y especialmente con las más vulnerables”, ha reiterado junto con este anuncio.
En este sentido, García ha vuelto a jactarse de las medidas “de carácter social” que asegura estar aplicando desde que es alcalde, destinando “más presupuesto” al privatizado servicio de ayuda a domicilio (la mayor parte se lo lleva la cuestionada adjudicataria del contrato, una firma tachada por la oposición y algunos sindicatos de “pirata”), y además, “triplicando las ayudas a entidades sociales, invirtiendo más en vivienda, en programas de empleo, en la atención y dotación de recursos para personas sin hogar y en la atención a mayores”.
