Horas después de que el alcalde de Cádiz, José María González ‘Kichi’, convocara una reunión abierta con vecinos de la barriada de Loreto para abordar la problemática surgida con la instalación subvencionada de ascensores, y de que el PP haya anunciado que elevará la cuestión al Parlamento andaluz, se informaba desde la Junta de un encuentro mantenido entre el delegado territorial de Fomento y Vivienda, Federico Fernández, con representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos 5 de Abril para profundizar en la nueva orden de ayudas en el marco del Programa de Rehabilitación Edificatoria -abierta hasta el día 6 de agosto-, resolver las dudas existentes y ofrecer la colaboración del equipo técnico de cara a realizar los trámites para la solicitud de estas subvenciones.
En el marco de la reunión, Fernández, según se ha trasladado a DIARIO Bahía de Cádiz, quiso aclarar algunos aspectos de la subvención “que vienen claramente definidos en las diferentes convocatorias”, al tiempo que lamentó “la falta de conocimiento de representantes políticos del PP y el propio Ayuntamiento de Cádiz”, que con sus declaraciones sobre la aplicación de estas ayudas (correspondientes a la anualidad de 2016) en Loreto “solo contribuyen a desinformar y poner en duda un procedimiento en el que las comunidades de propietarios son soberanas y que, a tenor de la documentación de los expedientes, ha cumplido de forma escrupulosa los criterios de la convocatoria”.
De esta forma, hacía hincapié en que las comunidades de propietarios que han sido beneficiarias de las ayudas que se otorgan en régimen de concurrencia competitiva son las que han decidido por mayoría, en algunos casos muy holgada, los proyectos que ahora se están ejecutando y que debían cumplir los criterios de la convocatoria.
En todos los casos, los solicitantes de las subvenciones han presentado la documentación acreditativa de estos acuerdos, así como el resto de la exigida en la convocatoria. Así, además del acta de la reunión en junta de todos los propietarios donde expresamente aprobaban la petición de la subvención, “debían reflejar la actuación a acometer en el edificio, el presupuesto elegido por la propia comunidad así como el proyecto previo que justificaría las obras”.
En consecuencia, “y en contra de lo expresado por el Ayuntamiento”, son exclusivamente los vecinos, en acuerdo mayoritario, los que deciden el proyecto a presentar, los técnicos redactores del proyecto y directores de las obras, y la empresa que quieren contratar para acometer las obras. “Es decir, es la comunidad de propietario la que soberanamente y de acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal decide qué hacer y a quién contratar, estando obligada si opta a la concurrencia de estas subvenciones a aportar a la Junta de Andalucía copia del acta de la reunión, el proyecto técnico, y al menos tres presupuestos de empresas constructoras/instaladoras (incluido el elegido por los vecinos) siempre que el presupuesto supere los 50.000 euros”, se apostilla.
Este delegado territorial también ha recordado a tenor de las críticas de algunos propietarios que la legislación actual sobre Propiedad Horizontal “deja muy claro” en relación a los acuerdos adoptados por las comunidades de propietarios, en especial para aquellos supuestos en los que está en juego el derecho de accesibilidad de los vecinos, que “ya no es necesaria la unanimidad para ejecutar estas obras, sino el acuerdo mayoritario incluso cuando implique la modificación del título constitutivo de la propiedad”.
Del mismo modo, ha incidido en que los proyectos de instalación de ascensores presentados deben de cumplir con las dimensiones mínimas exigidas por la normativa de accesibilidad vigente. Solo en casos en los que no haya ninguna alternativa (si por ejemplo no existe un patio donde instalar el elevador) se puede optar por alguno de menor tamaño. En este aspecto “es el Ayuntamiento quien también ha de pronunciarse en cuanto a la concesión de la licencia y al cumplimiento de las exigencias técnicas-jurídicas”.
Por todo lo anterior, Federico Fernández ha reiterado a la Federación de AAVV 5 de abril las ventajas de estas subvenciones que “solo pretenden mejorar la vida de las personas, en especial de las que tienen problemas de movilidad o alguna discapacidad”, y ha insistido en que en todos los procedimientos futuros, como se ha hecho hasta hora, “se vigilará y fiscalizará que se cumple escrupulosamente con los procedimientos legales exigidos”.
A este respecto, ha subrayado que las reuniones con las comunidades han sido frecuentes en anteriores convocatorias, “como se hizo sin ir más lejos con las de la barriada de Loreto en un encuentro en el que se explicó la tramitación, requisitos, y exigencias que las ayudas concedidas comportaban, dando respuesta a todas las preguntas que por parte de los participantes de aquella reunión se plantearon”.
De este modo, el delegado territorial de Fomento ha lamentado “las críticas y la falta de conocimiento de algunos representantes políticos que, ante lo que parece un desacuerdo entre propietarios particulares frente a la mayoría de su comunidad, obvian que la Junta, que no interviene en el proceso, no puede más que respetar la decisión soberana y por mayoría de los vecinos de concurrir a una convocatoria de ayudas públicas, unos vecinos que también de forma autónoma tomaron la decisión sobre qué proyecto presentar, la contratación del redactor de ese proyecto y la elección de una contrata para la realización de las obras”.
“ESTÁ AFECTANDO A LA CONVIVENCIA EN EL BARRIO”
Por su lado, el concejal de Urbanismo, Martín Vila, ha anunciado que se verá en la tarde de este jueves con el mismo delegado territorial de Fomento y Vivienda para seguir indagando en esta cuestión. A dicha reunión también asistirán representantes de la plataforma que se ha creado en Loreto por este motivo, y que ya han mantenido un encuentro con el edil, transmitiéndoles su malestar “por posibles falsificaciones en las actas de las reuniones de las comunidades de vecinos y por la falta de respuesta por parte de la administración andaluza”.
Este concejal de Ganar Cádiz en Común recogió de los propios afectados las quejas y temores sobre “la posible manipulación de actas de las reuniones de las comunidades y las constantes injerencias de la empresa, que hay vecinos que desconocen la situación y ahora están mostrando su disconformidad”. Estos residentes, añade, presentan “un sin fin de cuestiones por las que creen que se deben declarar nula esas actas de las reuniones en las que se adoptan los acuerdos de presentarse convocatoria de subvenciones y de elegir uno de los proyectos”.
Algunos de esos vecinos le han trasmitido al concejal que se plantean iniciar acciones judiciales, “algo en lo que recibirán el apoyo y asesoramiento del Ayuntamiento si así lo solicitan”.
Por todo ello, Vila ha solicitado la reunión con Federico Fernández, “para interesarnos por el tema y trasladarle lo que nos dicen los vecinos así como su preocupación por esta situación, que está afectando a la convivencia en el barrio”.
Este representante del Gobierno municipal insiste en el que papel del Ayuntamiento se limita a “la concesión de la licencia de obra, salvaguardando el derecho de propiedad, y a aplicar la normativa urbanística al proyecto que se presenta”.
