El último Consejo de Ministros ha dado luz verde a un acuerdo por el que se autoriza a la Dirección General del Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, a iniciar la contratación de las obras de un nuevo edificio administrativo en Cádiz, que se viene esperando desde hace años, en el entorno de las Puertas de Tierra. Esta autorización es necesaria por el coste del proyecto, superior a los 12 millones, en base a la Ley de Contratos del Sector Público.
Se trata de una nueva sede administrativa a la que se destinarán hasta 18,4 millones de euros, y que se ubicará donde se localizaba la anterior Subdelegación del Gobierno hasta su demolición, dejando en su lugar la estampa de un solar baldío de 19.000 metros cuadrados durante demasiados años; en la avenida de Andalucía, 1 y 3, y plaza de la Constitución, 2, frente a la sede de Hacienda y con la actual sede de la Subdelegación en la otra acera.
A partir de ahora, la contratación del edificio se realizará empleando el procedimiento abierto. La calidad de la propuesta, junto con el precio más económico serán los criterios para valorar las ofertas buscando la mejor relación calidad-precio. El plazo de ejecución se fijará en 24 meses.
En concreto se promoverá un edificio administrativo de servicios múltiples de unos 7.200 metros cuadrados, “que favorecerá la integración de unidades actualmente dispersas y reforzará la imagen institucional de la Administración General del Estado en la ciudad”, se subraya en la información recogida por DIARIO Bahía de Cádiz.
Se prevé que esta actuación posibilitará el traslado al futuro edificio de cerca de 350 funcionarios. El mismo dará cabida en su día a la Subdelegación del Gobierno así como las sedes del SEPE, Sanidad, Agricultura, Demarcación de Costas, Telecomunicaciones, Comunicación Exterior y Abogacía del Estado.
SE RECORTARÁ EL GASTO PÚBLICO AL UNIFICAR SEDES HOY ALQUILADAS
La actuación permitirá alcanzar “tres objetivos fundamentales”, se destaca. Por un lado, la integración de unidades administrativas en una misma sede, “optimizando la funcionalidad y la eficiencia en la prestación de los servicios”. De la misma manera, la reducción de gasto público mediante la amortización de contratos de arrendamiento de otros inmuebles ajenos, mejoras de gestión y disminución de consumos.
Y además, se levantará un edificio “de características adecuadas, basado en criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, potenciando la representatividad y la imagen de la Administración del Estado”.
En cuanto a la urbanización del resto de la parcela, esta se utilizará en principio como zona libre y aparcamiento. Con la posibilidad de agotar la edificabilidad restante en una segunda fase en el futuro, “que dependerá de las nuevas necesidades que pueda demandar la Administración”, se precisa.
El proyecto, se sentencia, está dirigido “a lograr un edificio referente en materia de eficiencia energética, sostenibilidad, y accesibilidad”, y para ello se ha establecido el objetivo de alcanzar las siguientes calificaciones: certificado de sostenibilidad Verde 4 Hojas emitida por Green Building Council España; y la certificación AIS 5 Estrellas, dirigido a potenciar mejoras en la accesibilidad.
