El comité de empresa de UTE al frente del mantenimiento de parques y jardines en Cádiz ha vuelto a exigir al Gobierno local de Bruno García (como lo vienen haciendo también desde la oposición PSOE y Adelante Izquierda Gaditana, o la misma Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) la “inmediata y plena anulación por su carácter ilegal e inhumano” del conocido como “protocolo de la vergüenza”, que según estos trabajadores les obliga al desalojo de las personas sin hogar de los jardines y zonas verdes y a la retirada de sus enseres personales.
Y aunque el alcalde del PP defiende que se sigue el mismo protocolo de limpieza implantado en el anterior mandato con gobierno izquierdista, esta plantilla ya le ha acusado de no decir la verdad, incidiendo en que el dispositivo que ellos denuncian (dos operarios diarios, con recorrido especifico, intervención policial y retirada masiva de objetos) “comenzó a practicarse a partir del verano de 2024, concretamente desde el 10 de julio”; o sea, con la derecha ya gobernando en San Juan de Dios.
En este sentido, como nuevo paso en esta polémica, el comité de la UTE Infraestructura Verde Cádiz acaba de revelar que este martes día 24 los responsables de la contrata recibieron orden del Ayuntamiento de modificar la periodicidad de dicho protocolo, y que, en lugar de ejecutarse todos los días de martes a domingo, pase a llevarse a cabo los martes, jueves y sábados de cada semana: “es decir, la mitad de veces o de días que hasta la fecha”.
“Este cambio presenta una destacada novedad por lo que en sí mismo denota, ya que, si hasta la fecha el Gobierno local ha llegado a decir que desconocía tal protocolo e, incluso, negado abiertamente su veracidad, esta nueva orden deja totalmente claro que es pleno conocedor de la existencia, ya que la modificación consciente de algo requiere inexorablemente su previo conocimiento”, subrayan los representantes de la plantilla en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
Pero más allá de este extremo, para el comité la decisión municipal de reducir en un 50% las operaciones de desalojo de sintechos de las zonas verdes “resulta, como es obvio, claramente insuficiente y hasta totalmente incongruente, ya que lo que es inhumano un día lo es también el siguiente”.
“NO ES UN PROBLEMA DE ASIDUIDAD, SINO DE INHUMANIDAD”
Al respecto, se expone que “quitarles a las personas sin hogar todos sus medios de vida un día, pero no hacerlo el siguiente y sí volver a hacerlo el posterior no palía en ninguna medida la gravedad de lo actuado, ya que, al final, toda operación que conlleve despojarles de algo tan básico como una manta, un saco de dormir o unos simples cartones, además de un ilegal expolio de sus pertenencias, es también una forma indirecta (o directa, según se mire) de propiciar el incremento de los ya importantes riesgos de morbilidad y mortalidad de estos ciudadanos”.
“El problema de este protocolo, y esto es lo que no llega a entender el PP -reflexionan los trabajadores de la contrata de Parques y Jardines-, no reside en su intensidad, en su asiduidad, ni, en definitiva, en sus aspectos meramente cuantitativos, sino en su esencial inhumanidad y en su carácter totalmente contrario a los derechos humanos más básicos de las personas sin hogar, a quienes de forma sistemática se les desaloja de sus ubicaciones y se les retira todos los medios personales de subsistencia”.
Por tal motivo, desde el comité de empresa se vuelve a exigir a la UTE Infraestructura Verde Cádiz y al propio Consistorio gaditano “la inmediata y plena anulación del protocolo”, e igualmente “que se deje de sancionar a aquellos trabajadores que rechacen participar en las tareas de desalojo”.
Y además, se reclama que se pongan en marcha de forma urgente todas aquellas medidas que desde las organizaciones se vienen exigiendo enfocadas a este colectivo vulnerable, “como son el garantizar un techo digno y comida las 24 horas del día y la creación de equipos específicos de ayuda y atención directa”.
