El Ayuntamiento de Cádiz aprobó a principios de noviembre, de forma inicial, la implantación de una nueva tasa de residuos sólidos urbanos con los votos del PP (el PSOE se abstuvo y Adelante Izquierda Gaditana dijo no), y el mantra de que se trata de una “imposición” del Gobierno de España.
La realidad es que todos los ayuntamientos con más de 5.000 habitantes están obligados a aplicar esta nueva tasa, que responde al principio de “quien contamina, paga”. La misma, contemplada en la Ley estatal 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados, es necesaria para cumplir los compromisos europeos en materia de gestión de residuos. Y básicamente supone un incremento de la factura.
Al recoger la ley que la tasa no sea deficitaria y que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de las basuras, se obliga a las administraciones locales a incrementar la recaudación. Y en el caso de la capital gaditana, hay que llegar a más de 11 millones de euros, mientras que lo que se viene recaudando es poco más de 7,5 millones. O sea, hay que imputar a ciudadanos y empresas otros 3,5 millones más.
Finalmente, la tasa propuesta por el Gobierno de Bruno García distingue entre una cuota básica, que se calcula en función del valor catastral de los inmuebles, y otra parte que es variable en función del número de empadronados en el caso de las viviendas. Estimando que en la mayoría de domicilios particulares la subida del recibo “rondará los 2 euros al mes”.
IU TRATA DE FRENAR EL “REGALO DE AÑO NUEVO DE BRUNO”
Frente a ello, Izquierda Unida (integrante de la coalición municipal AIG) ha dado a conocer sus alegaciones a la aprobación inicial de dicha tasa, “para que se corrija y cumpla con los objetivos de justicia fiscal y justicia ambiental”, se señala en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
A decir del responsable de organización de IU-Cádiz, Pedro Jiménez, se trata de una tasa que “Bruno García pretende imponer como regalo de año nuevo, haciendo que el vecino y el pequeño comercio pague más, para favorecer cuotas superreducidas a los pisos turísticos, grandes hoteles y grandes superficies comerciales”.
De este modo, esta formación calcula por su cuenta que una familia gaditana pagará de media unos 192 euros por este nuevo impuesto municipal, “mientras que un piso turístico abonará tan sólo 392, y un bloque de apartamentos turísticos o un hotel de 200 habitaciones pagarán a lo sumo 690 euros, ni tan siquiera el doble”. Además, a un pequeño comercio le supondrá 390 euros anuales, frente a una gran superficie “que pagará tan sólo 690 euros, el tope máximo marcado en la propia ordenanza”.
Todo ello “sin ninguna justificación ni técnica ni social”, sumándose “cuestiones sin ningún sentido como que, un local adscrito a una administración pública pague 5.975 euros, mientras que los bienes adscritos a la Iglesia, aunque tengan actividad económica, pagarán tan sólo 245 euros. No hay explicación más que la clara intención de seguir privilegiando al Obispado”, denuncia Jiménez.
“LA ORDENANZA PODRÍA DECIRSE QUE ES ARBITRARIA”
De igual modo, Lucia Serrano, miembro de la coordinadora local de IU, considera que “la ordenanza no contempla ninguna de las mejoras o planteamientos de carácter ambiental que la Ley estatal plantea”.
“En ningún momento se incorpora efectivamente el pago por generación tal y como establece la norma, ni se fomenta la economía circular, por tanto la propuesta del PP de mantenerse tal cual supondría una oportunidad perdida para avanzar en sostenibilidad”, afirma.
Por su lado, Luis García, también miembro de la coordinadora local de esta formación, incide en que la ordenanza municipal “no se ajusta a los requerimientos de la Directiva Europea ni a la Ley de Residuos en su contenido ambiental, pero además no contempla informe técnico económico que justifique la cuota tributaria por cada uno de los conceptos, de modo que podría decirse que es arbitraria, ya que no aclara de forma objetiva los distintos conceptos”.
“No aplica ninguna métrica objetiva para determinar que una vivienda residencial pague mucho más que un hotel de 200 habitaciones, de forma que atendiendo a informes de naturaleza jurídica y a la propia doctrina del Tribunal Supremo, la ordenanza no se acoge a lo que requiere la ley de haciendas locales”, sentencian desde IU.
