El PP en el Ayuntamiento de Cádiz (que conforma el actual equipo de Gobierno) se ha mostrado sorprendido por el desmarque que ha hecho público Izquierda Unida (parte integrante de la coalición Adelante Izquierda Gaditana) sobre la operación urbanística impulsada por la Zona Franca de Cádiz en los antiguos terrenos de Navalips, donde se dibuja una nueva barriada con hasta 800 viviendas, de ellas 400 de renta libre. IU reclama al menos que las “viviendas protegidas” contempladas, las otras 400, “sean públicas y en alquiler”.
Al respecto, a principios de noviembre un pleno extraordinario aprobó inicialmente, y por unanimidad (también con el voto de AIG, que no obstante insistió en la necesidad de viviendas públicas en régimen de alquiler público), el Plan de Reforma Interior (PRI) del ARI-ZF-01 Zona Franca-Loreto para el desarrollo de esta ambiciosa operación urbanística, que la derecha tiene claro que “es beneficiosa para la ciudad”.
Una operación que comenzaba a moverse en febrero de 2023 cuando la Zona Franca de Cádiz y Sepides (empresa pública perteneciente a SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda) firmaron con el Ayuntamiento un primer protocolo, siendo entonces todavía alcalde el izquierdista José María González ‘Kichi’.
“Ahora, sorprendentemente, IU que formaba parte del anterior equipo de Gobierno (dentro de la coalición Adelante Cádiz), se ha desmarcado de este proyecto cuando precisamente el entonces concejal de Urbanismo, Martín Vila, pertenece a IU. El argumento que ahora pone encima de la mesa es que se mostró contrario a ese acuerdo”, sobresalen desde el PP en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz. De hecho, Vila no asistió a esa firma pública junto a González Santos.
“El grado de contradicción de Izquierda Unida y Martín Vila ha alcanzado una cota que creíamos inalcanzable -insisten los populares-. Quizás lo que no entienden es que cuando se forma parte de un colectivo (en este caso, el Gobierno local) hay una cosa que se llama decisión colegiada”.
Pero la derecha local va más allá, y dice explicarse ahora “muchas cosas de la división que tienen en la izquierda con una amalgama de siglas que es imposible de seguir, cada una con su pequeño reino de taifas. Esta contradicción no se produce sólo a nivel local, sino que el partido de Vila también forma parte del conglomerado de Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE en el Ejecutivo de Pedro Sánchez: es decir, el propio Gobierno de España del que forma parte es el promotor de esta operación urbanística que va a traer 400 viviendas de renta libre a la ciudad”.
“VILA ES TAN RESPONSABLE DE ESTA OPERACIÓN COMO EL RESTO DEL ANTERIOR GOBIERNO LOCAL”
Así, el PP gaditano concluye que IU y, en especial, Martín Vila, todavía coordinador de su asamblea local, “está inhabilitado en este tema. Sencillamente la voluntad que tiene es la de confundir a la ciudadanía y de esconderse detrás de las palabras. Es tan responsable de esta operación como el resto del anterior equipo de Gobierno”. “Nos quieren tomar por tontos cuando la realidad es que tratan de aprovecharse de las personas vulnerables porque ahora dicen lo contrario de lo que aprobaron con sus hechos”, se asevera.
Y para acabar, los conservadores repiten por enésima vez su mantra habitual contra la izquierda gaditana: “se les llena la boca diciendo que todas las viviendas que hicieron durante los ocho años eran de alquiler social cuando la única realidad es que fueron solo 63. Nosotros en menos de un año y medio ya tenemos más de 100 viviendas proyectadas y con financiación de las que el 90% son de alquiler social. Eso es un hecho y lo demás son palabras”. Aunque la mayoría de esos proyectos estaban ya cocinados desde el último mandato de ‘Kichi’.
IU: “DEBERÍA PRIMAR MÁS EL INTERÉS SOCIAL QUE EL HACER CAJA”
En los últimos días, IU ha avanzado que valora presentar alegaciones al Plan de Reforma Interior aprobado inicialmente (también por la propia IU dentro de AIG) que da vía libre a la operación en Navalips, entre otras iniciativas, con el objetivo de que las 400 viviendas protegidas que se proponen “sean públicas y accesibles a las familias y jóvenes, yendo en coherencia con el Plan Estatal de Vivienda que el propio Gobierno de España está impulsando y con la forma de actuar del Sepes en otras localidades”.
Para la portavoz de IU Cádiz, Marga Forné, esta iniciativa sobre los suelos de Navalips, “puede suponer tan sólo un negocio muy lucrativo para la Zona Franca, y otra oportunidad perdida para los vecinos si no se garantiza el acceso a las familias y jóvenes que no pueden acceder a la vivienda en el mercado privado”.
Forné muestra su preocupación por que esta actuación impulsada por la Zona Franca “sólo contemple un 50% de viviendas protegidas, que si ya de por sí es un porcentaje superior al mínimo, no debe olvidarse que el suelo es público y por tanto debería primar más el interés social que el hacer caja”. “Está comprobado cómo las promociones cuyo destino son viviendas libres, están actualmente a precios desorbitados y compradas o bien con fines especulativos o como segundas residencias de personas de fuera, sin que solucione el problema a ningún vecino”, remarca.
Y en segundo lugar, en cuanto a las “viviendas protegidas” de este proyecto, IU señala que “todo apunta a que cómo está pasando con otras promociones privadas de VPO, se comercialicen en régimen de vivienda de precio limitado lo que significa que esas 400 ‘protegidas’ puedan ser vendidas a un precio desorbitado”. De hecho, “la última modificación de los precios de los módulos de vivienda protegida llevada a cabo por Moreno Bonilla permite elevar el precio del metro cuadrado a los 2.500 euros”, por lo que esta formación calcula que un piso de 80 metro cuadrados “puede superar los 200.000 euros”.
Pero además, estas 400 viviendas protegidas a precio de renta libre, “solamente poseen un plazo de protección de siete años, por lo que transcurrido ese plazo, podrían volver al mercado libre sin ninguna restricción o a cualquier otro uso”.
De este modo, este partido estudia llevar a cabo distintas iniciativas, entre ellas formular alegaciones al propio Plan de Reforma Interior, para que las VPO proyectadas “no salgan a la venta, sino al alquiler y permanezcan siempre en el parque público de viviendas de la ciudad, tal como marca la Ley de Vivienda como prioridad”.
