En la recta final del año, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha realizado un análisis de la política llevada a cabo este 2024 por las distintas administraciones (Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Estado) en materia de vivienda pública en la ciudad de Cádiz, para lo cual ha tenido en cuenta el decálogo de propuestas que la propia entidad presentó en octubre de 2023.
Dicho documento incluía medidas como la de no vender la vivienda hecha con fondos públicos, el impulso de la vivienda vacía, la cesión de viviendas a colectivos sociales, la promoción de viviendas de alquiler o la declaración de zonas tensionadas para la limitación de los precios de los alquileres, así como el control de la proliferación de viviendas y apartamentos turísticos para el que es necesaria la paralización urgente de nuevos permisos.
“La mayoría de estos planteamientos no se han tenido en cuentan, por tanto no hay avances y podemos hablar de un retraso en materia de vivienda pública en la capital gaditana”, se subraya en la nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
LAS POLÍTICAS DEL AYUNTAMIENTO
Empezando por la administración local (el actual Gobierno del PP de Bruno García dice tener como una de sus “prioridades” la vivienda), se censura que el Ayuntamiento haya suspendido el diálogo con el tejido social en materia de vivienda “al no volver a convocar la Mesa Tripartita desde hace años”. Igualmente “se ha dejado sin funcionamiento” el Observatorio de la Vivienda y “tampoco se ha avanzado nada” en el proyecto de remodelación de la barriada Tacita de Plata, que planteó el anterior gobierno izquierdista.
A ello se une que ha revertido el acuerdo adoptado en el consejo de administración de la empresa municipal Procasa en 2021 por el que las viviendas de alquiler con compra para jóvenes que no se hubieran vendido pasarían a ser de alquiler: “el nuevo acuerdo las mantiene en venta, trasladando o expulsando a sus actuales inquilinos en caso de no poder comprar”.
Además, en todo este 2024 que se va no se ha comenzado ninguna obra nueva de vivienda pública municipal y de las cuatro promociones iniciadas en el anterior mandato hay una concluida que tras más de seis meses sin uso (en la calle Setenil) “se ha destinado por fin a la atención a las personas sin hogar, lo cual nos parece muy positivo”.
Sin embargo, sí se critica que desde 2022 no se ha vuelto a sacar la convocatoria para ceder viviendas públicas a entidades sociales que trabajen con sintechos o colectivos vulnerables, y que hasta la fecha habían ofrecido ocho casas de Procasa a este fin.
“Tampoco se ha desarrollado ninguna actividad dirigida a impulsar el uso de la vivienda vacía, ya sea mejorando el programa de alquiler justo que existe, ampliando las ayudas que dicho programa aporta a la rehabilitación de viviendas a cambio de ofrecerlas al alquiler o bien explorando vías como las que hoy permite la ley para penalizar con subidas del IBI la falta de uso de estas viviendas”, se lamenta desde la Apdha, que a colación entiende que entidades e instituciones deben presionar “para que en el Congreso se legisle sobre vivienda de notorio abandono y se puedan recuperar para ponerlas al uso de la ciudadanía”.
Por otro lado, se afea al Ejecutivo de Bruno García no haya instado a la Junta de Andalucía de su mismo partido para el cumplimiento de la Ley de Vivienda estatal (que el PP está decidido a boicotear allí donde puede) y se proceda a la declaración de las zonas tensionadas “que habría ayudado a limitar los precios de los alquileres en Cádiz”.
Y en cuanto a la problemática de las viviendas turísticas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reconoce “gestos” de la derecha gaditana para el control sobre la vivienda turística ilegal, “pero los expedientes sancionadores no llegan ni a una veintena pues no se cuenta con personal de inspección específico para ello”. En este punto, reitera la necesidad de una moratoria inmediata tanto de viviendas como de apartamentos turísticos en toda la ciudad y una reversión de todas las viviendas que incumplan el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que tras la modificación puntual aprobada años atrás prohíbe este tipo de negocios en prácticamente todas las fincas no protegidas del casco antiguo.
LAS POLÍTICAS DE JUNTA Y ESTADO
En cuanto a la Junta de Andalucía (con competencias de vivienda), se celebra la entrega de las viviendas de la segunda fase de Matadero, pese a que “se ha tardado más de una década en aportar vivienda pública a la ciudad”.
No obstante, la asociación vuelve a mostrar su profundo malestar por la venta a manos privadas del suelo que la Junta tenía en Loreto-Puntales, para la construcción de 207 viviendas: “ha supuesto una magnífica oportunidad perdida para aumentar el parque público, pero ha preferido hacer negocio y contar con 6 millones de ganancias que, parece, no tiene intención de revertir en el desarrollo de otras viviendas”.
Y sobre la eternizada séptima fase del Cerro del Moro, una vez que ha empezado a ser realidad, la entidad expresa su apoyo total a los vecinos afectados ante lo que consideran un atropello de la Junta de Moreno Bonilla “que pretende arrebatarles la propiedad de sus viviendas originales tras tres décadas de mentiras y falsas promesas”. Los beneficiarios pasarían de ser propietarios de sus hoy casas muy precarias a inquilinos por un mínimo de 50 años.
Finalmente, respecto al Gobierno de España, la Apdha insiste en reclamar que intervenga para que las 400 viviendas protegidas proyectadas en el plan de la Zona Franca para la antigua Navalips “se destinen al alquiler social y asequible de jóvenes”.
“DESIDIA Y DESINTERÉS DE LAS ADMINISTRACIONES”
Tras este balance con más oscuros que claros, esta asociación sentencia que seguirá reclamando el cumplimiento de su decálogo de propuestas “por considerar que son útiles para avanzar en el derecho hacia una vivienda digna”; y promoviendo y participando en cuantas movilizaciones ciudadanas puedan realizarse “para exigir el derecho a la vivienda digna”.
Y también continuará con su campaña de denuncia de suelos públicos susceptibles de destinarse a viviendas públicas o a alojamientos residenciales como ya se ha hecho en el solar de Tolosa Latour, en la zona conocida como de las Casitas Bajas o en las tres fincas contiguas de la Plaza de La Merced: “solo estos tres suelos podrían aportar más de un centenar de viviendas públicas a la ciudad, lo que evidencia que el problema no es la falta de suelo sino la desidia y el desinterés de las administraciones públicas en materia de vivienda”.
