Ante la decisión adoptada meses atrás por los responsables de la Clínica San Rafael, en Cádiz, perteneciente a Pascual y que actualmente no tiene concierto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de atender gratuitamente a todos los usuarios que acudan al servicio de Urgencias de este centro (más allá de los de seguros privados, a los pacientes del SAS), Facua, como viene haciendo la Junta desde el primer momento (de hecho, hace unos días ha anunciado que ya ha abierto expedientes sancionadores al respecto), quiere alertar de los posibles “riesgos y problemas” que puede ocasionar.
De este modo, la asociación de consumidores advierte que prestar el servicio de Urgencias sin contar con el respaldo y la cobertura de la consejería de Salud “puede originar que, posteriormente, el usuario requiera de otras intervenciones o tratamientos cuyo coste económico no sería ya asumido por la clínica privada ni, en tal caso, por el sistema sanitario público, de forma que sería el propio usuario el que tendría que abonar los servicios que le sean prestados”.
A su vez, se recuerda que las Urgencias constituyen en muchos casos la puerta de entrada del usuario al sistema sanitario público, “por lo que, en caso de acudir a las urgencias ofertadas por San Rafael en lugar de hacerlo a través de los dispositivos de urgencias de los que dispone el Servicio Andaluz de Salud, el paciente tendrá que volver a iniciar todo el proceso asistencial (consultas, pruebas, etc.) dado que el sistema sanitario público no puede validar procedimientos que se hayan efectuado fuera del mismo”.
Por todo ello, en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, Facua recomienda a los gaditanos pertenecientes al SAS no utilizar las Urgencias de la Clínica San Rafael, con independencia de la valoración negativa que desde esta organización se realiza de tal iniciativa, “que se enmarca en la estrategia que, desde hace años, viene desarrollando este grupo empresarial, consistente en generar artificialmente una necesidad en la ciudadanía con la finalidad de que, posteriormente, la consejería de Salud, concierte la prestación del servicio, aumentando, de esta forma, su facturación a costa de los recursos públicos que deberían ser destinados al mantenimiento y mejora de la sanidad pública”.
Al respecto, esta misma semana IU ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Cádiz basándose en el informe del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía en el que determina un “beneficio ilícito” de más de 164 millones obtenidos por esta empresa, Clínicas Pascual, que mantiene otros conciertos con el SAS en las provincias de Cádiz y Huelva.
Facua Cádiz entiende que, actualmente, la Bahía cuenta con los dispositivos de atención urgente “suficientes” para atender las necesidades de la población, aunque al tiempo reclama “una mejora” de los mismos lo que “requiere de una mayor dotación de recursos humanos y materiales no sólo en los propios dispositivos de urgencias sino en todos los niveles asistenciales, sobre todo en atención primaria”, lo que evitaría la saturación que en muchas ocasiones padecen los usuarios que acuden a los servicios de Urgencias.
Por este motivo, esta entidad termina reclamando a la consejería de Salud que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos de los usuarios “impidiendo que puedan verse afectados por los problemas que pudieran suscitarse de la atención recibida en el servicio de Urgencias de San Rafael”.
