‘Defendamos juntos la sanidad pública en Andalucía’, es el lema de la campaña que ha iniciado Facua, para informar a los usuarios de sus derechos en el ámbito sanitario. En concreto, prevé repartir en diferentes centros de salud y hospitales de la comunidad autónoma folletos en los que se advierte de la “situación límite” en la que se encuentra en sistema sanitario andaluz.
En el caso de Cádiz, este reparto se ha llevado a cabo en la mañana de este miércoles en el ámbito del Hospital Puerta del Mar. Sin embargo, la asociación de consumidores ha lamentado el intento de la dirección del centro de impedirlo: “lo que ha ocurrido es una clara muestra del desprecio que le tienen a todas las organizaciones ciudadanas que estamos denunciando cómo se están cargando el sistema sanitario público”.
Activistas de Facua Cádiz se negaron a abandonar las instalaciones después de que los guardias de seguridad, “atendiendo a las indicaciones de los responsables del hospital”, les expulsasen argumentando que no podían repartir folletos en el vestíbulo de entrada. “No sucumbieron a la amenaza y continuaron con el reparto al entender que estaban en su derecho, por lo que terminaron llamando a la Policía Nacional”, se relata en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Una vez personada la Policía en el lugar, aclararon a los vigilantes que no estaban cometiendo ningún tipo de ilegalidad “dado que estaban en un espacio público, y por lo tanto, tenían derecho a realizar el reparto de folletos a la entrada del centro hospitalario, sin acceder al interior”.
Al respecto, el secretario general de Facua Cádiz, Jesús Yesa, que además es miembro de la Comisión de Participación Ciudadana del propio hospital, denuncia que los responsables del Puerta del Mar “nos han enviado a los guardias de seguridad para exigirnos que dejáramos de hacer la actividad legal que estábamos realizando y para pedir que nos identificáramos y le entregásemos nuestro DNI, algo que es completa y absolutamente ilegal”.
INFORMANDO A LOS PACIENTES DE SUS DERECHOS
En el ‘temido’ folleto que reparte esta asociación se informa al usuario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de que si no se cumple el plazo máximo para su intervención quirúrgica, tiene derecho a acudir a un centro privado y que la Administración cubra los gastos, incluido el desplazamiento. Dichos plazos son de hasta 180 días para 700 tipos de técnicas quirúrgicas, hasta 120 días para las 71 técnicas quirúrgicas más comunes y hasta 90 días para procedimientos de cirugía cardíaca.
Asimismo, se explica cuál es la garantía de plazos en consultas y pruebas diagnósticas. Si un médico de Atención Primaria deriva a un especialista, deben asignar la cita en un máximo de 60 días. Por su parte, las pruebas diagnósticas deben realizarse en un plazo de 30 días.
Igualmente, Facua anima a participar en una nueva manifestación por la sanidad pública que tendrá lugar el próximo 17 de noviembre en todas las provincias andaluzas, frente a la dañina gestión del Gobierno de Moreno Bonilla.
“LA PERSECUCIÓN HACIA FACUA POR PARTE DEL PP NO ES NUEVA”
Conocido el incidente, el PSOE local ha trasladado públicamente su “firme apoyo” a la labor de Facua, “una asociación que siempre ha trabajado incansablemente en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, especialmente en áreas tan cruciales como la sanidad pública”.
Al respecto, el concejal socialista José Ramón Ortega considera que “estos intentos de censura no son nuevos”. Y recuerda que “ya en 2010 el Ayuntamiento de Cádiz, bajo la dirección del PP y con el actual alcalde, Bruno García, como concejal, trató de desalojar a Facua de un local municipal en la avenida Andalucía, 88. Solo la intervención judicial evitó que se viera expulsada”.
“La persecución no ha cesado puesto que la Junta, también gobernada por el PP, expulsó a Facua de un local en Cádiz en 2020, alegando unas obras mientras otras actividades continuaban en el mismo edificio”, añade.
Para ortega es “evidente” que la derecha “busca acallar a quienes informan y denuncian la grave situación de la sanidad pública: el aumento de las listas de espera, el desmantelamiento de servicios y la privatización encubierta”.
