Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Cádiz han coincidido en presentar sendas mociones al pleno ordinario de mayo reclamando una intervención urgente en las viviendas apuntaladas del barrio de Puntales.
Se trata de los residentes en las calles Explanada (números 1 y 3) y Dársena (número 1), con 62 familias. Aunque actualmente la mayoría de estos pisos son de propiedad privada, el conjunto fue titularidad de la empresa municipal Procasa. En el año 2004, en tiempos de Teófila Martínez, el Ayuntamiento ofreció la opción de compra a los inquilinos, quienes adquirieron sus hogares sin ser informados ni conocedores de los graves problemas que padecía la edificación.
Semanas atrás, el concejal de Urbanismo, José Manuel Cossi, ya defendió que desde el Consistorio gaditano “se está trabajando y avanzando, en colaboración con la Junta de Andalucía”, para valorar “las opciones de ayudas” a las que podrían acceder estos vecinos de Puntales.
EL PSOE INSISTE EN SU PLAN DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EXTRAMUROS
Pese a ello, el portavoz municipal socialista, Óscar Torres, ha lamentado por enésima vez el estado de deterioro “alarmante” y las graves deficiencias estructurales que sufren estos bloques, una situación que ya ha obligado al apuntalamiento y al posterior precintado de algunos pisos “incluso sin previo aviso a los propietarios, generando una enorme incertidumbre”.
“A pesar de la gravedad de la situación y de las diferentes iniciativas que hemos trasladado, el silencio y la falta de iniciativa por parte del Ayuntamiento y de la Junta ha quedado patente”, critican los socialistas, que afean la falta de “una estrategia” para llevar a cabo una rehabilitación y que apoye económicamente a los propietarios en estas obras de gran envergadura.
Al respecto, la moción del PSOE al pleno de este mes insta al Gobierno de Bruno García a activar de urgencia los mecanismos de intervención para garantizar la estabilidad estructural y la habitabilidad de los edificios de Puntales, así como a garantizar que se informe con antelación a los propietarios de cada actuación municipal.
Y en paralelo, el principal partido de la oposición reclama el cumplimiento del compromiso por parte del Ayuntamiento de crear una partida específica de ayudas y subvenciones dirigida a familias con escasos recursos económicos en barriadas con parques de viviendas envejecidos; y se pide una vez más a la Junta el impulso de un plan de rehabilitación de viviendas en extramuros.
AIG PIDE “CERTEZAS Y ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL” PARA LAS FAMILIAS
De la misma manera, el portavoz municipal de AIG, David de la Cruz, denuncia que estas 62 familias de las calles Explanada y Dársena “están soportando una situación absolutamente intolerable, viviendo en condiciones infrahumanas rodeados de grietas, hundimientos, puntales y con el miedo constante a que sus viviendas sigan deteriorándose hasta poner en riesgo sus vidas”. “Necesitan soluciones, certezas y acompañamiento institucional, no más silencio ni parches temporales”, apostilla.
“En tiempos de Teófila se les vendió una falsa solución habitacional y hoy las consecuencias las están pagando decenas de familias que fueron empujadas a comprar unas viviendas con importantes deficiencias que ahora amenazan su seguridad”, añade De la Cruz en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
La coalición izquierdista recuerda además que el propio Ayuntamiento mantiene seis viviendas y dos locales vacíos dentro de la finca, lo que evidencia que el Gobierno municipal del PP “no puede mirar hacia otro lado ni desentenderse de una situación sobre la que tiene capacidad directa de actuación”.
Por ello, la moción que defenderá AIG incluye dos acuerdos concretos. En primer lugar, instar al equipo de Gobierno a intervenir de manera inmediata “para garantizar la seguridad estructural de los inmuebles y la protección de las familias afectadas”.
Y, en segundo lugar, la creación de una comisión específica de seguimiento con representación vecinal y participación de todos los grupos municipales “que permita supervisar periódicamente las actuaciones y garantizar la transparencia del proceso”.
