La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha promovido este jueves a la entrada del Ayuntamiento de Cádiz una concentración en solidaridad con Tamara y su familia, y para exigir una solución habitacional.
Esta madre al cargo de dos hijas menores fue desahuciada el pasado 1 de abril del piso vacío que había ocupado de forma ilegal en el barrio de Guillén Moreno, una vivienda municipal de Procasa.
Al respecto, desde la Apdha se insiste en subrayar la contradicción de que desde el mismo Consistorio gaditano, por un lado la concejalía de Asuntos Sociales declarara la situación de vulnerabilidad social de esta familia, pero por otro, su empresa de vivienda interpusiera la denuncia por la okupación, que ha desembocado en el reciente desalojo, “una denuncia además por la vía penal, lo que podría tener consecuencias de multas y prisión para Tamara”.
Tanto esta entidad, como Adelante Izquierda Gaditana (e IU), han exigido en los últimos días además que se paralizara y aplazara el desahucio en base a Real Decreto-ley 1/2025 de 28 de enero, por el que se prorroga durante todo 2025 la suspensión de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional. Una petición denegada “que será recurrida”.
“Creemos que, además de criminalizar a una familia vulnerable, se está usando el caso de Tamara como castigo ejemplarizante”, entienden desde la Apdha, que ha arropado a la afectada en esta concentración en San Juan de Dios en la mañana de este jueves.
“ES PERTINENTE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO ANTIDESAHUCIOS”
Entretanto, y a raíz de este caso, Izquierda Unida (parte integrante de la coalición municipal AIG) ha pedido al equipo de Gobierno de Bruno García que salga de la “parálisis” en la que se encuentra instalado y tome medidas para evitar que desahucios como el de esta madre vuelvan a producirse fruto de la contradictoria intervención municipal, “y todo ello junto al evidente desconocimiento de la normativa reciente para la protección habitacional de personas en situación de vulnerabilidad.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, IU tacha de “lamentable” que el PP gaditano “haya conseguido la deshonra de ser portada a nivel nacional” por echar de una vivienda municipal a una persona en situación de vulnerabilidad, con dos menores y una enfermedad grave, “por lo que es preciso que se adopten medidas para evitar que casos como este vuelvan a ocurrir”.
Para ello, pide a la derecha que en lugar de sentarse en la mesa de las promotoras, debe “sacar del cajón” y actualizar el protocolo antidesahucios que el anterior equipo de Gobierno liderado por José María González ‘Kichi’ activó para adaptarlo a la legislación actual y cumplir con la obligación de suspensión de lanzamientos que recoge el Decreto 1/2025, así como con el mandato legal de buscar alternativas antes de proceder a un desalojo.
“Durante el anterior mandato se estableció un protocolo de coordinación entre Procasa y Servicios Sociales para prevenir y evitar los desahucios en vivienda pública, de forma que se valoraban previamente las situaciones de vulnerabilidad y se buscaban soluciones para asegurar la protección de los menores”, insiste esta formación izquierdista.
“HAY QUE AMPARAR CASOS EXCEPCIONALES COMO ESTE”
De la misma manera, se considera oportuno actualizar los baremos y herramientas que se utilizan para reconocer la excepcionalidad por razón de urgencia que contempla el Registro Municipal de Vivienda, ya que el alcalde Bruno García ha argumentado una y otra vez que Procasa no se puede saltar la lista de demandantes y que por delante de Tamara hay otras cien personas que esperan un alquiler social.
“El actual contexto de crisis económica y social, junto al encarecimiento de los precios de la vivienda y las desigualdades inherentes al género, ha provocado que familias, la mayoría formada por mujer e hijos, no puedan acceder al alquiler y se vean abocadas a vivir en precario, en condiciones a veces infrahumanas y en un peregrinaje continuo de mudanzas y expulsiones”, se expone desde IU.
Y pese a los esfuerzos, estas familias “no consiguen proporcionar la estabilidad y la seguridad que necesitan los menores para su desarrollo”, por lo que “es preciso que estos baremos establezcan como prioridad absoluta la disposición de una vivienda para familias en riesgo de exclusión en las que convivan menores”.
