La empresa mixta Eléctrica de Cádiz ha valorado de manera positiva la aprobación por el último Consejo de Ministros del real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores gracias al cual se eliminará el impuesto al sol del PP y se simplifican sus trámites administrativos. Sin embargo, “a pesar de las mejoras que se van a implementar”, la compañía con participación mayoritaria del Ayuntamiento de la capital lamenta que se haya hecho “oídos sordos al hecho de que 15 millones de clientes no pueden solicitar el bono social sin cambiar su contrato a una empresa del oligopolio”.
“En Cádiz, la actual normativa excluye del acceso al bono social estatal a las más de 55.000 familias que tienen la luz con Eléctrica de Cádiz”, ha recordado el concejal de Economía y Hacienda y presidente de dicha empresa, David Navarro.
Por ello, ha recordado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la propuesta que ya le presentó el alcalde, José María González ‘Kichi’, en una pasada reunión en Madrid, en la que se le solicitaba que incluyera la ampliación para que todas las comercializadoras eléctricas pudieran facilitar el bono social con el objetivo de “conseguir una ayuda social más accesible, más justa y, por tanto, no discriminatoria con las pequeñas y medianas empresas”.
Eléctrica de Cádiz, que singue sin poder aplicar el bono social gaditano por el bloqueo del PP local, aclara que si pudiera ofertar el bono estatal “se podrían beneficiar el 80% de familias de la ciudad que confían su suministro eléctrico a esta empresa local y, en consecuencia, están excluidas del acceso a la única ayuda en materia de energía que ha habido hasta la fecha”. Concretamente, “se podrían beneficiar las 2.000 familias gaditanas en riesgo de exclusión social que cada año solicitan ayudas puntuales al Ayuntamiento”.
Pero además, con la actual regulación del bono social estatal, Eléctrica de Cádiz aportó 479.000 euros en 2017 para costear el mismo, pese a que no puede facilitarlo a sus clientes, lo que supuso entregar un 40% de sus beneficios anuales “sin poder facilitar a sus clientes ayuda alguna”. “Esta situación es kafkiana y la ministra Teresa Ribera debe tenerla en consideración para próximas reformas”, incide Navarro en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz.
El bono social eléctrico mejora ahora y este real decreto crea un bono para calefacción, pero “los gaditanos siguen excluidos de ambos si no se pasan a una comercializadora del oligopolio en su versión regulada”. En concreto, el Gobierno central, ahora del PSOE, mantiene que solo ocho empresas de 728 que operan en el Estado puedan facilitar el bono social, “a pesar de que todas lo pagan”.
Eléctrica de Cádiz espera que la ministra competente incluya a las pequeñas comercializadoras en los contactos que mantendrá con los sectores sociales afectados en los próximos seis meses desde la promulgación del decreto, donde se compromete a elaborar una estrategia nacional contra la pobreza energética e integrar todas las medidas y actuaciones para reducir y aliviar la pobreza energética.
