El Tribunal de Cuentas (TC) ha archivado la denuncia interpuesta por el PP, como no, contra el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Cádiz, Álvaro de la Fuente, al considerar que no existen indicios de responsabilidad contable durante el proceso de remunicipalización de los servicios de playa, boicoteada desde su inicio por la derecha, y mientras que estuvo al frente de la sociedad municipal Cádiz 2000.
Una denuncia que fue interpuesta por el edil y consejero de la empresa que ha asumido dichos servicios, Bruno García, y que tuvo como abogado al también concejal Juan José Ortiz, el sucesor de Teófila Martínez como aspirante a la Alcaldía.
En su sentencia, el TC señala que “los hechos objetos de las diligencias preliminares, por sí solos no revisten los caracteres de alcance, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2, de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas”, ordena “el archivo de las presentes diligencias”.
El auto recoge que el Ministerio Fiscal solicitó también el archivo de la denuncia tras la vista de las alegaciones y la documentación presentada al “entender que no existe menoscabo en los fondos públicos”.
En una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, el alcalde, José María González ‘Kichi’, considera que este archivo “viene a avalar el trabajo que se ha realizado desde la sociedad Cádiz 2000” y es un “varapalo” para el PP “quien está empeñado en retrasar, enmarañar y desprestigiar hasta a un concejal con tal de intentar paralizar el proceso de municipalización”.
“Este archivo es un revés a la estrategia política de Partido Popular de judicializar todo lo que ocurre en la ciudad desde que no gobiernan”, insiste el primer edil de Por Cádiz sí se puede.
El que estuviera al frente de todo el proceso de municipalización, Álvaro de la Fuente, llama la atención sobre uno de los puntos del auto en el que recoge que el Ministerio Fiscal afirmó que “se acredita que la mejora justificativa del expediente de remunicipalización fue acordado por el pleno en mayo de 2017, en el que estuvo presente el denunciante, sin que conste que dicho acuerdo haya sido impugnado en la jurisdicción contencioso-administrativa”.
Además, el auto recoge el informe del interventor municipal del 19 de diciembre de 2016 en el que se afirma que “los datos que figuran en el informe del Área de Medio Ambiente justifican unos costes menores para el Ayuntamiento en la ejecución de estos servicios”.
González Santos apostilla que “en todo momento teníamos la confianza en cómo se había llevado a cabo este proceso, uno de los más completos en cuanto a documentación en informes se refiere, ya que actuamos con el máximo rigor, la máxima transparencia y celo a la hora de poner en marcha la remunicipalización”. “Pero una vez mas, el PP, en ese empeño de dejar claro que Cádiz es de ellos o de nadie, no dudan a la hora de poner en tela de juicio un asunto del que la propia Fiscalía ha pedido su archivo”, sentencia.
