La consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía acaba de activar un mecanismo para impedir la inscripción de viviendas de uso turístico (VUT) en el Registro de Turismo de Andalucía (RTA) ubicadas en municipios en los que ya existan limitaciones urbanísticas.
En la Bahía de Cádiz, esta suspensión temporal de nuevos registros está aprobada ya en Cádiz (con cerca de 2.500 VUT legales, aunque demasiadas se concentran en barrios concretos del casco antiguo) y en El Puerto de Santa María (con unas 1.900 legales, un 3,9% del parque total de viviendas). A todas ellas hay que sumar las viviendas turísticas que operan de forma ilegal.
Entre las limitaciones planteadas, el sistema contempla la suspensión del alta de estos problemáticos pisos turísticos (que están expulsando a los vecinos de sus barrios y elevando los precios de los pocos alquileres residenciales que van quedando) por un periodo determinado o número máximo de viviendas por zona. Dicho mecanismo “implicaría que, aquellas declaraciones responsables de alta en las que concurrieran dichos incumplimientos urbanísticos, no llegarían a inscribirse”, se detalla en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
De este modo, el nuevo sistema de la Junta permite que, al presentar la declaración responsable en las citadas zonas, se genera automáticamente una resolución teniendo por no presentada la declaración.
Dicha medida “representa mayor seguridad jurídica para el ciudadano ya que, en caso contrario, quedaría expuesto a un proceso de cancelación y posible depuración de responsabilidades”. Además, “se avanza en la reducción de las cargas administrativas que se derivan de los posteriores procedimientos de cancelación y sancionador por incumplimiento”, se defiende.
A juicio del consejero de Turismo, Arturo Bernal, esta medida demuestra que el Gobierno de Moreno Bonilla, el mismo que sigue impidiendo a los ayuntamientos que lo consideren oportuno poder habilitar una tasa turística local, “sigue avanzando en la regulación, la ordenación y el control de este fenómeno alojativo que ha crecido en los últimos años en la comunidad”.
“Damos así un paso más para garantizar la excelencia del destino andaluz con alojamientos que cumplan con la calidad y la legalidad, en línea con la apuesta por un turismo de calidad que nos permita seguir siendo una región de referencia en gestión turística”, asevera Bernal.
SE PERSEGUIRÁN LOS PISOS TURÍSTICOS ILEGALES
Esta misma semana, además, el consejero de Turismo y el del Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, han firmado un convenio de colaboración para poner en marcha el grupo Titán (Trazabilidad e Inspección Turística de Andalucía) dentro de la policía autonómica: un cuerpo especializado que “reforzará la seguridad jurídica, la calidad y la sostenibilidad del sector turístico”.
Dicha unidad de la limitada policía andaluza (con apenas competencias y hoy menos de 350 agentes en toda la comunidad), en la teoría, “intensificará la inspección y lucha contra actividades ilegales”, llevando a cabo la inspección de servicios turísticos para detectar alojamientos no registrados e incumplimientos de la normativa, combatiendo así las actividades ilegales o no registradas.
De este modo, se reforzará la vigilancia en el entorno digital, realizando “patrullaje en internet” para localizar ofertas de alojamientos y servicios turísticos clandestinos, así como posibles fraudes o delitos asociados en las plataformas digitales, lo que constituye un paso clave contra la economía sumergida.
También se mejorará la coordinación con la Policía Nacional y la Guardia Civil, asegurando, entre otros aspectos, el registro obligatorio de usuarios en viviendas turísticas y utilizando el cruce de datos para prevenir usos delictivos.
