El PP tumbó en el pleno de diciembre del Ayuntamiento de Cádiz la propuesta de que se convoque una Audiencia Pública en relación a los suministros básicos, especialmente agua y luz, que son proporcionados por empresas públicas. La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna se muestra sorprendida por la “beligerancia” de la alcaldesa ante esta petición y lamenta “una forma de entender la política y el Gobierno municipal poco o nada abierto a la participación ciudadana”. Hace ya casi un año que se empezó a pedir que se abordara la situación.
El PP tumbó en el pleno de diciembre del Ayuntamiento de Cádiz la propuesta de que se convoque una Audiencia Pública en relación a los suministros básicos, especialmente agua y luz, que son proporcionados por empresas públicas. La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna de Cádiz se muestra sorprendida por la “beligerancia” de la alcaldesa, Teófila Martínez, ante esta petición, “para tratar el grave problema existente en nuestra ciudad en relación al acceso a los servicios de agua y electricidad para las personas más desfavorecidas”.
“El argumento de que la convocatoria de una Audiencia Pública no está suficientemente regulada en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento en vigor desde 1994, y que no ha sido utilizado en 20 años, carece de solidez jurídica. Pero sobre todo el argumento de responder, tras tres meses de presentada la petición en el registro municipal, y solo tras la moción realizada por la Plataforma a través de los partidos políticos que se han prestado a ello, carece de sensibilidad social y democrática”, se lamenta en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna ha solicitado reunión con la primera edil del PP para tratar estos temas los pasados 6 de febrero y 28 de marzo. Tras la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento, 6.039 ciudadanos de Cádiz (el doble de lo que exige el reglamento de participación) presentaron el pasado 26 de septiembre en el Registro la petición, junto a un acta notarial, la solicitud de que se celebre una Audiencia Pública sobre el acceso al agua y la luz, acogiéndose al art. 39 y s.s. del Reglamento de Participación Ciudadana. Posteriormente, en el pleno de octubre, se reiteró el tema con la intervención de un representante de la Plataforma.
“¿Es excesivo calificar de falta de sensibilidad social y democrática que la repuesta ahora sea que se estudiará como concretar el reglamento de participación?”, se preguntan desde esta Plataforma, que no entiende esta actitud municipal “que comporta a nuestro modesto modo de ver una forma de entender la política y el Gobierno municipal poco o nada abierto a la participación ciudadana”.
Y por tanto exige ese mínimo democrático: “un debate público y transparente sobre el derecho al acceso a los suministros básicos, especialmente para las personas más desfavorecidas en nuestra ciudad que, como se sabe, no son pocas”.
La Plataforma Social por el Derecho a una Vivienda Digna y Contra la Exclusión Social de Cádiz está conformada por los siguientes colectivos sociales: Fundación Dora, Comedor Virgen Poderosa, Facua, Federación AAVV 5 de abril, Cáritas, Apdha, Asamblea Popular San Mateo, Grupo de Cristianos de Base, Colectivo Nadie sin Techo, Grupo AC, Asociación Mujeres de Acero, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y ha sido respaldada en sus reivindicaciones por otras 78 organizaciones sociales y sindicales gaditanas.
La Plataforma dice no poder entender que se produzcan cortes de suministro por impago por motivos económicos y hace un llamamiento, además de a los poderes públicos, a las empresas prestadoras de estos servicios en la ciudad (que son Eléctrica de Cádiz con un 51% de capital público y Aguas de Cádiz con el 100% de capital público), que asuman su responsabilidad social y de los beneficios que generan estas empresas salgan los recursos para evitar estos cortes de suministros, “estableciendo protocolos ágiles que impidan que las personas que se encuentran en esta terrible situación, tengan que ir en peregrinación por entidades sociales, servicios sociales, etc., mendigando el pago de estos suministros impidiendo de esta manera el corte”.
